CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Contra los crímenes de odio y las desapariciones de personas transexuales, miles de personas participaron en 46 edición de la marcha que conmemora el orgullo de la comunidad LGBTTTIQ+ en la Ciudad de México, encabezada por familiares de víctimas, que exigen verdad y justicia.

A la cabeza de la marcha, Eulalia Alanis Valencia, hermana de José Dolores, desaparecido el 7 de junio de 2021, y Silvia Vargas, madre de María Fernanda Catalina Rico, víctima de lesbofeminicidio, que hasta ahora se mantiene impune, ambos casos ocurridos en el Estado de México.

Acuerpadas por la comunidad de la diversidad sexual, las mujeres participan desde hace dos años en este contingente que busca visibilizar la violencia contra la comunidad LGBTTTIQ+.

Eulalia reclama que, de su hermano, desaparecido en Naucalpan, simplemente “no nos hacen caso, no nos dicen nada”, ni siquiera se ha aplicado el protocolo especializado para búsqueda de personas de la diversidad sexual.

Silvia, por su parte, cuenta a diez años de la muerte de su hija, ocurrida en abril de 2014 y declarada como suicidio, apenas hace un año se unió al contingente “correcto”.

“Antes marchaba con las feministas, hasta que me di cuenta que estaba equivocada, debía estar con la comunidad a la que pertenecía mi hija, a quien le han negado la justicia solo por su preferencia sexual, por eso exijo una integración de la carpeta con el debido protocolo, porque lo que han hecho es pasarla de un cajón a otro cajón”, cuenta Silvia Vargas.

Si bien la marcha del orgullo LGBTTTIQ+ brilló por la creatividad de los miembros de esta comunidad, en la edición de este año una vez más se puso énfasis en visibilizar la violencia como un tema que debe ser atendido.

Rocío Suárez, activista de la comunidad LGBTTTIQ+ e integrante del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, que marchó junto a familiares de personas de la diversidad sexual desaparecidas, sostiene que su agrupación ha podido documentar reportes de al menos 150 desapariciones de personas transgénero de 2010 a 2022.

Suárez explica que la falta de un reconocimiento de las vulnerabilidades propias de la comunidad por parte de las autoridades, son parte de los obstáculos para esclarecer las desapariciones de personas transgénero.

“Las problemáticas para una pronta localización empiezan por las mismas fichas de búsqueda, porque en lo general se hacen con los nombres anteriores de la persona trans y no el nombre social o legal, se les asigna de manera equivocada su género o se incluyen fotografías que no corresponden a su actual situación de género”, refiere el activista.

Apunta que los obstáculos se dan en el propio “levantamiento de las fichas de búsqueda, porque las fiscalías no las quieren levantar, si quien hace la denuncia es la familia social, alegando que no tiene personalidad jurídica porque no es su familia originaria, con quien la comunidad trans no vive, lo que dificulta la búsqueda”.

Rocío Suárez refiere que “la comunidad de la diversidad sexual y de género también se sufre la discriminación de parte de autoridades que se niegan a levantar una ficha de búsqueda en los primeros momentos de desaparición, porque se dice que están de fiesta que están con el novio o la novia, no hay una perspectiva específica considerando la situación de vulnerabilidad especial, aunque existe un protocolo específico, pocas veces se usa”.

Durante la marcha, en la que las banderas, abanicos, coronas y otros objetos multicolores que vistieron las principales calles de la Ciudad de México, de Paseo de la Reforma al Zócalo capitalino, circuló también, en hombros de integrantes del colectivo Disidencias del Sur, un ataúd blanco con decenas de inscripciones de nombres de personas de la diversidad asesinadas, que fueron anotadas antes del arranque de la movilización, por personas de la misma comunidad.

Mathías Correa, dirigente del colectivo dedicado a la difusión informativa sobre la atención a pacientes con VIH-SIDA, recuerda que México ocupa el segundo lugar en el mundo en crímenes de odio, superado sólo por Brasil, y que en lo que va del año Disidencias del Sur ha documentado 30 casos.

“Lo que queremos es visibilizar esta problemática, porque es una realidad que nos están matando y no se está haciendo nada para detener la violencia contra la comunidad de la diversidad sexual y de género”, dice Mathías tras alertar que en fechas cercanas a conmemoraciones como la de este sábado, suelen ocurrir crímenes de odio.

Aunado a ello, resalta que entre la comunidad LGBTTTIQ+ suelen ocurrir muertes por “abandono social”, lo que lleva a que “muchas personas de la comunidad terminen en una fosa común, de ahí que organizaciones como la nuestra se ha dedicado a darles sepultura digna al menos 20 personas en los últimos tres años”.

Las cifras que colocan a México en el segundo lugar mundial en cuanto a crímenes de odio provienen de la organización Transgender Europe, 2024, porque en el país no hay documentación oficial al respecto.

De acuerdo a esa organización de 2008 a 2023 en México se registraron 701 asesinatos de personas transgénero, antecedido por Brasil con mil 841 casos en el mismo periodo, de ahí que los temas de violencia criminal contra la comunidad LGBTTTIQ+ no puede pasar inadvertida en fechas tan emblemáticas.

La marcha, con participantes que llegaron a ella con motivaciones diversas, desde los que buscan reconocimiento de los otros a través de vestuarios ingeniosos, incluso espectaculares, los que reclaman justicia, pasando por los aprovecharon la movilización para divertirse, tuvo también sus momentos de celebración.

Sosteniendo una gran pancarta y un alta voz, Paula Santillán de Yaaj México, celebra que, gracias a la incidencia de diversas organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+, se logró modificar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, “para prohibir todo trato cruel, inhumano o degradante que tenga como objetivo reprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas”.

Sosteniendo una pancarta que celebra que “Logramos prohibir ‘terapias’ de conversión”, Paula dice ser sobreviviente de los llamados Esfuerzos para Corregir o reprimir la Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género (ECOSIG), y que datos oficiales cifran en más de 500 mil personas.

“Tengo 31 años, y eso me ocurrió cuando tenía 15, en realidad esas mal llamadas terapias, lo único que hacen es someter a las personas a tortura y violación sexual, con el consentimiento de las familias, al ingresar a quienes hemos sido víctimas a anexos donde someten a las personas a abusos muy graves, y con esta ley, lo que logramos es el cierre de esos espacios”, cuenta la activista de Yaaj, palabra maya para definir “amor”.

Paula, para quien las modificaciones legislativas, “significan una suerte de resarcimiento de daño”, llama a quienes han sido sometidos a los ECOSIG “a no callar y a denunciar estos centros de tortura”.

La marcha del orgullo de la diversidad sexual, arribó al Zócalo capitalino donde la jornada culminó con actividades artísticas y culturales, alentadas por diversas organizaciones sociales.