CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Disminuida por las críticas contra su titular, David Colmenares Páramo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer hoy una primera serie de 68 auditorías relativas a la cuenta pública 2023, en las cuales revisó el gasto de 24 mil 322 millones de pesos, de los cuales determinó apenas 563 millones de pesos por aclarar, el 81% de ellos atribuido a gastos federalizados en educación de los gobiernos estatales.

Como lo ha hecho en los años recientes, la ASF entregó informes de auditorías con escasas observaciones y con montos pequeños –o de plano inexistentes– por aclarar, incluso en obras millonarias, como la rehabilitación de la autopista Córdoba-Veracruz, donde tuvo observaciones por 203 mil pesos en una muestra de 103 millones de pesos, o la construcción de una unidad en el hospital militar de Santa Fe, en la Ciudad de México, donde no tuvo ni un peso por aclarar en una obra de 251 millones de pesos.

En el mismo tono, la ASF no encontró un centavo mal gastado en la extinción del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, de 156 millones de pesos, o en los cerca de 600 millones de pesos gastados por el Centro Nacional de Control de Gas Natural en tecnologías de información y comunicación, y detectó irregularidades en apenas 2 millones 728 mil pesos gastados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en una obra de 203 millones de pesos en Concordia, Sinaloa.

El ente fiscalizador reportó menos de un millón de pesos por aclarar en la gestión de los puertos de Ensenada, Lázaro Cárdenas y Progreso, y detectó por 864 mil pesos de presuntas irregularidades en más de mil 610 millones de pesos erogados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en tres grandes proyectos.

La única dependencia federal que tuvo observaciones por montos relativamente altos –aunque irrisorios en comparación con las sumas invertidas en obras—fue la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que en siete auditorías tuvo observaciones por 96 millones de pesos, por un total de 2 mil 515 millones de pesos invertidos.

Censura

En esta primera entrega de informes de auditoría de la Cuenta Pública 2023, la ASF no reportó prácticamente ninguna gestión deficiente del gobierno federal, y apenas 458 millones de pesos por parte de gobiernos estatales, el 5% de los 8 mil 609 millones de pesos de gasto federalizado que fueron revisados en esta ocasión.

Bajo la gestión de David Colmenares, quien llegó a la ASF durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la venia de varios cuadros del PRI, el ente fiscalizador redujo de manera drástica sus observaciones y denuncias por irregularidades en el gasto público, tanto en el gobierno federal como en las entidades federativas, sin importar el color político de su gobernador.

De hecho, tres de sus excolaboradores en la ASF han advertido que el titular del ente fiscalizador negocia con gobernadores, secretarios y líderes partidistas para realizar auditorías “a modo” o de plano censurar las partes delicadas de los reportes: en los últimos cinco años, Dona Muna Buchahin, exdirectora de auditoría forense, Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de cumplimiento financiero, y Agustín Caso Raphael, quien está en una batalla legal para permanecer en la auditoría especial de desempeño, han denunciado públicamente este modus operandi.

Buchahin, quien reveló los esquemas de desvíos de dinero operados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y conocidos como Estafa Maestra, documentó en su libro cómo Colmenares entregó “cuotas de cargos” a todos los partidos políticos para convertir la ASF en una máquina de negocios basada en auditorías a modo.

Lozano, por su parte, denunció en entrevistas y columnas la “captura” de la ASF por parte de su titular, quien cambió su reglamento interior –desapareciendo entre otros su Consejo de Dirección y la Unidad de Auditoría Interna– para concentrar las principales atribuciones de la institución, como la presentación de denuncias, a las que utilizaría como palancas para negociar su reelección con los partidos políticos.

En el momento de impugnar su despido, ordenado por Colmenares, Agustín Caso acusó por parte al titular de la ASF de remover ciertas auditorías incómodas, pero también de obligar los auditores a aplicar “autocensura” y a “abandonar o hacer retroceder a los equipos de auditores en su misión”; en una carta, el auditor aseveró que, bajo la gestión de Colmenares, “si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece”.

De acuerdo con Caso, el equipo de Colmenares no permite a los auditores “incorporar los temas de relevancia nacional”, y someten los informes de auditorías a una revisión “que no es técnica” para “espulgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional en el corto plazo”.

El año pasado, la diputada María Elena Pérez-Jaen Zermeño reveló cómo, en 2021, Colmenares contrató en la ASF a Marco Fernando Mier Velazco, el hermano de Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, institución de la que depende la propia ASF.