En el enfrentamiento entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mediante la revelación de audioescándalos, ha quedado al descubierto la opacidad de la mandataria sobre el origen de las grabaciones, pero también que el priista ha tenido acceso a información de la Auditoría Superior de la Federación, información que después ha usado para su causa. En medio de esta guerra de lodo queda también al descubierto el Caso Rafael, referente a un sistema de seguridad que el gobierno federal adquirió en 2015 por miles de millones de pesos… y que nunca funcionó.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Para defenderse contra los audios que lo exhibieron como probable responsable de diversos delitos, y de ejercer un trato humillante hacia los periodistas, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, utilizó una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que implica, entre otros imputados, a Renato Sales Heredia, fiscal de Campeche.

El empleo de esa información exhibió que Moreno Cárdenas tiene las puertas abiertas del organismo fiscalizador dirigido por David Colmenares Páramo.

También exgobernador de Campeche, el dirigente de partido –autonombrado Alito– obtuvo de la ASF una denuncia teóricamente confidencial, que tiene la marca de “acuse”, lo que prueba que viene del organismo fiscalizador.

Esa denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de mayo último, el mismo día de la difusión del primer audio contra el priista; esa grabación es parte de una batería de audios dados a conocer por Sansores (Morena) en plena campaña electoral para renovar seis gubernaturas este domingo 5.

Sansores, por cierto, se ha reservado la información sobre el origen de los audios que ha dado a conocer.

El contenido de la denuncia de Alito es endeble: el dictamen técnico que sostiene la acusación mencionó a Sales en irregularidades que la propia ASF atribuyó a la Policía Federal (PF). En el periodo revisado por la ASF, Sales era titular de la entonces Comisión Nacional de Seguridad, organismo de la Secretaría de Gobernación (Segob) –entonces encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong– al que pertenecía la PF.

Moreno Cárdenas cuenta con un aliado que tiene un pie en la ASF: Pablo Angulo Briceño, un joven campechano, diputado plurinominal del PRI, que es su incondicional desde hace años. El legislador preside la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, cargo desde el cual supervisa la labor del ente fiscalizador y de su director, David Colmenares.

En respuesta a un cuestionario que le envió Proceso, la ASF indicó que “desconoce” la razón por la cual Moreno obtuvo una copia de la denuncia, y señaló que la relación personal de Colmenares con Angulo es “eminente formal y atiende exclusivamente a lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2379 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.