CIUDAD DE MÉXICO (apro).– David Colmenares Páramo, el cuestionado titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), despidió hoy a Agustín Caso Raphael del área de auditorías de desempeño, quien denunció prácticas nocivas al interior del organismo fiscalizador, incluyendo la “autocensura” y la remoción de auditorías, así como “abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su misión”.

“Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece”, deploró Caso, quien aseveró que el equipo de Colmenares no permite a los auditores “incorporar los temas de relevancia nacional”, y someten los informes de auditorías a una revisión “que no es técnica” para “espulgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional en el corto plazo”.

En una carta que difundió para informar sobre su remoción, Caso denunció la “captura” de la ASF de Colmenares, al interior de la cual “se han dejado de procurar y hacer cumplir los principios de separación de poderes”; esto, como producto de la aspiración de su titular de “hacer política”.

“Para nadie es un secreto que, de manera cada vez más grave, en la ASF se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización”, sostuvo el hombre, quien se suma a la lista de auditores removidos por Colmenares en su administración, como Dora Muna Buchahin o Gerardo Lozano Dubernard, quienes también han denunciado las irregularidades en la gestión de Colmenares.

En el principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Caso recibió una lluvia de críticas del mandatario y de sus simpatizantes, después de elaborar una auditoría que estimaba los costos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en más de 300 mil millones de pesos. El informe fue severamente criticado por el presidente y su entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera Beltrán, quienes rechazaron la metodología empleada.

Este primer choque marcó un cambio en la gestión de la ASF. Además de desmentir públicamente y suspender a su auditor, Colmenares cambió la estructura del organismo fiscalizador, lo que tuvo como consecuencia una reducción de más del 90% del monto de presuntas irregularidades detectadas por la ASF y una disminución a la mitad del número de auditorías forenses.

El número de denuncias que la ASF presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades presuntamente constitutivas de delitos también se desplomó, y más en el ámbito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: hasta el momento, el equipo de Colmenares solo ha presentado denuncias contra Segalmex, Diconsa y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En marzo pasado, Caso compareció ante la Cámara de Diputados. Preguntado sobre el motivo por el que había desaparecido una auditoría sobre la “Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México”, el entonces funcionario reviró que la revisión había sido dada de baja por la molestia de dos subsecretarios.

El titular de la Unidad de Asunto Jurídicos (UAJ) de la ASF es Víctor Manuel Andrade Martínez, el hermano de Virgilio Andrade Martínez, quien como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto exculpó al mandatario del conflicto de interés por el caso de la Casa Blanca y de su prestanombres Juan Armando Hinojosa Cantú.

La ASF depende de la Cámara de Diputados, por lo que responde al Poder Legislativo a través de una Comisión de Vigilancia, presidida por el priista Pablo Guillermo Angulo Briceño, brazo derecho de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI.

Con Colmenares, los auditores dejaron de investigar a fondo sobre la gestión de los recursos públicos o sobre los temas sensibles para el presidente. En un artículo que publicó en El Universal a principios de mes, Gerardo Lozano Dubernard, quien fuera colaborador de Colmenares, denunció que la ASF se encuentra “capturada” por su titular, quien impuso un modelo “centralizado, autoritario y opaco”.

La ASF entrega ahora un borrador de sus informes a las dependencias de gobierno para que los revisen y den sus observaciones, lo que reduce sustancialmente el número de observaciones y de los montos de irregularidades; aparte, la institución dejó de catalogar las irregularidades como montos “no aclarados”, y los registra como “en investigación”, por lo que ya no aparecen en el sistema público de consulta.