CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, arremetió contra el Poder Judicial y defendió la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la designó directamente para llegar al Máximo Tribunal.

En su participación, en el primer foro sobre la reforma judicial realizado en la Cámara de Diputados, Batres Guadarrama indicó que esta iniciativa democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público y, sobre todo, garantiza que ningún juzgador gane más que el presidente de la República.

“Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos”, dijo.

“Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, clasista, corrupta, parcial... En una palabra, es injusta”.

Por ello, señaló que la sociedad demanda que los juzgadores sean confiables, rindan cuentas, actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público; con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio.

“Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte de su forma de gobierno”, apuntó.

“Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión: garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor”.

Presentó ante los legisladores participantes del foro una propuesta complementaria a la planteada por el presidente López Obrador, sobre puntos que han sido criticados públicamente por el mandatario.

“Limitar la invalidación de leyes para que proceda sólo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional.

“Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios”, enlistó.

Planteó que las sesiones de la Corte sean abiertas; publiquen los proyectos de sentencia, lo que ahora se hace bajo criterios discrecionales; y se realicen audiencias públicas en las que puedan manifestarse personas que no sean parte de los juicio que conoce el Máximo Tribunal.

Para resolver sus asuntos, la Corte no tiene plazos precisos, por lo que la ministra solicitó eliminar la posibilidad de que los tiempos de resolución sean manipulados y la asignación arbitraria de casos.

“Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales, para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias.

“Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión, para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto”, agregó.

Consideró que la Corte deber tener la facultad de aplicar una excepción al principio de cosa juzgada para abrir la posibilidad de revisar, modificar y revocar resoluciones emitidas en contravención con las leyes y normas constitucionales.

Al finalizar su intervención, los integrantes de la bancada de Morena y aliados aplaudieron a Batres Guadarrama a quien vitorearon llamándola “¡ministra del pueblo, ministra del pueblo!”.