CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se pronunció en contra de la elección de juzgadores federales por voto popular pero afirmó que, de establecerse a través de la reforma judicial, la sustitución de los más de mil 600 funcionarios afectados sea escalonada.

Durante su participación en el primer foro sobre la reforma judicial, Pardo destacó que la elección de jueces y magistrados no garantiza la independencia y autonomía de los tribunales federales.

“Me parece que la implementación de ese cambio trascendental, como se propone, es sustituir en un solo momento a más de 1600 personas juzgadoras, además de la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federal en los que, como todos conocemos, se encuentran procesos judiciales en trámite y corren cotidianamente plazos para definir en distintos supuestos la situación jurídica de las personas que acuden a ellos”, explicó.

“Me permito hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual y escalonada atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando, de manera tal, que pueda haber interacción colaboración y sinergia entre las personas juzgadoras provenientes del sistema de carrera judicial y las que emanen de los procesos electorales que se plantean en la iniciativa”.

Pardo Rebolledo destacó que esta colaboración podría reducir la posible afectación en los derechos de los usuarios del servicio de administración de justicia federal.

Afirmó estar convencido de que la gran mayoría de los juzgadores federales son honestos y profesionales y que los casos de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF) son la excepción, no la regla general.

“Debemos reconocer que la justicia federal tiene áreas de oportunidad en las que se debe mejorar y evolucionar en aras de atender de mejor manera a la sociedad a la que servimos”, añadió.

La propuesta de reforma establece la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se encarga de recibir las denuncias, procesar y sancionar a los funcionarios del PJF que incurren en responsabilidades administrativas, por un Tribunal de Disciplina Judicial y se ampliaron ciertos supuestos para sancionar a los juzgadores.

“Las causas que se prevén para sancionar a las personas juzgadoras en la iniciativa, por su amplitud y ambigüedad podrían interferir con la independencia judicial, lo que estimo debería reflexionarse”, señaló Pardo.

Finalmente, destacó que el Legislativo debe tener especial cuidado en cuanto a los derechos laborales de los juzgadores que podrían ser sustituidos mediante el sistema de elección propuesto por el presidente López Obrador pues establece la renuncia de todos los jueces, magistrados y ministros sin derecho a sus haberes de retiro.

“Las disposiciones constitucionales y convencionales en materia de jubilación y retiro, considero que no deben ser eliminadas a fin de proporcionar una culminación de la función digna a quienes hemos servido en el Poder Judicial de la Federación”, apuntó.