CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, pedirán a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ordenar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar la información que aún retiene sobre ese caso y, además, que pida el regreso al país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Padres de los normalistas y el abogado que los representa, Vidulfo Rosales, dicen a Proceso que durante la reunión que sostendrán con Sheinbaum, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esperan también un compromiso de la primera mujer que gobernará México para dar con el paradero de los desparecidos y esclarecer el caso en su totalidad.

Para esto, consideran, es “fundamental” que la próxima presidenta instruya a la Sedena a entregar toda la información que tiene sobre lo ocurrido a los 43 estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 20214, cuando militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala dieron un minucioso seguimiento a los ataques contra los normalistas por parte del grupo criminal Guerreros Unidos, y a su posterior participación.

Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, dice que en la reunión que sostendrán con Sheinbaum “nuestra exigencia es que el Ejército entregue los documentos que hacen falta para que se esclarezca el caso”. 

En esa reunión, que debería producirse entre agosto y septiembre próximos, quizá en el contexto del 10 aniversario de la Noche de Iguala, que se cumple el próximo 26 de septiembre, los padres dirán a la futura presidenta que el Ejército “en todo momento tuvo conocimiento de lo que pasó” y que cuenta con informes que ayudarían a determinar hacia dónde fueron llevados los estudiantes y qué ocurrió con ellos.

“Esa será nuestra exigencia, que el Ejército entregue todo lo que tiene, que busque esos documentos que hacen falta para que se esclarezca el caso”, dice la señora Bautista. 

Mario González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, señala que las peticiones que formularán a Sheinbaum no son nuevas “porque nosotros, desde que la Sedena nos ocultó información, hemos sido muy claros: queremos que (los militares) nos entreguen los 800 folios que no han querido entregar y el regreso del GIEI para que los vea”.

Dice que esos 800 folios, que existen porque son aludidos en otros documentos de inteligencia que la Sedena sí ha entregado a los investigadores del caso, podrían conducir a saber el paradero de los estudiantes, pues, según la secuencia de la información recopilada por los militares durante la Noche de Iguala en ellos se indica a dónde fueron conducidos los 43 jóvenes por policías de Iguala y delincuentes de Guerreros Unidos. 

Los militares aseguran que ya han entregado toda la información y López Obrador ha respaldado esa versión, lo que causó una ruptura con los padres, quienes creen que el alto mando de la Sedena “engaña al presidente”.

Por eso, señala Mario González, los padres tienen la expectativa de que Sheinbaum se muestre más sensible “y que siga la investigación del caso porque López Obrador incumplió su promesa (de esclarecerlo); que ella pida a la Sedena que entregue esa información que han ocultado y que le pida al GIEI que regrese”.

Y expone: “Ojalá y así sea y que se lleve a cabo todo esto para aclarar este caso”.

González lamenta que el caso de la desaparición de los 43 normalistas no se haya esclarecido en este sexenio, como prometió López Obrador en su campaña de 2018.

Tenía la oportunidad de haberlo esclarecido –asegura– y de ser un presidente humanista, pero desafortunadamente como que se puso más del lado de la de la cerrazón del Ejército que de la verdad. No sé qué fue lo que pasó, pero íbamos caminando bien.

Afirma que “el tope fue el Ejército y el presidente hasta ahí llegó”.

“No somos antimilitaristas” 

El representante legal de los padres, el abogado Vidulfo Rosales, coincide en que en el gobierno de López Obrador se registraron avances en la investigación de la Noche de Iguala gracias a la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que presidió hasta octubre pasado el exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y de la Fiscalía Especial, que estuvo a cargo de Omar Gómez Trejo hasta 2022. 

“Se iba progresando en las investigaciones –dice Rosales–, con dificultades, pero se avanzaba, pero todo se entrampó cuando se llegó justamente a fincar responsabilidad a los militares por sus omisiones, porque el Ejército supo lo ocurrido con los estudiantes de principio a fin, porque había militares involucrados con Guerreros Unidos y porque algunos de ellos pudieron haber participado en la desaparición”.

Esa información, agrega, se descubrió cuando la Sedena abrió parte de sus archivos a la CoVAJ, la Fiscalía Especial y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por especialistas de diversos países en investigación criminal, en derechos humanos y en ciencias forenses, y el cual tenía mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El GIEI, que investigó el caso Ayotzinapa durante ocho años y develó hechos cruciales, como el montaje de la “verdad histórica” que fraguó el gobierno anterior, salió de México en julio de 2023 por la negativa de la Sedena a abrir en su totalidad los archivos de inteligencia que pudieran indicar el paradero de los estudiantes.

Rosales explica que el GIEI hizo una revisión de 70 mil documentos que refieren en varios casos a otros archivos de inteligencia que el Ejército se ha negado a entregar. 

Señala que, además, hay un foliado consecutivo de estos documentos y el GIEI se dio cuenta de que hay 886 folios faltantes, “que son lo que hoy en día nosotros estamos solicitando” a la Sedena. La institución militar argumenta que ya entregó toda la información, pese al “salto” en la numeración de los archivos y el evidente “hueco” documental que existe.    

“El presidente se pliega a lo que el Ejército dice”

La negativa de la Sedena a entregar esa información “es una arista de responsabilidad”, pero hay militares –algunos ya sometidos a proceso penal– que también son responsables de haber “recorrido lugares donde estaban siendo desaparecidos los estudiantes y de no hacer nada para evitar su desaparición”, además de sus vínculos con la delincuencia organizada.

Pero cuando todo esto se fue acreditando en la investigación, el Ejército “se molesta y asume una posición fuerte de negar esos hechos, de descalificarnos a nosotros y de presionar al presidente, y el presidente finalmente termina cambiando totalmente su posición y se pliega a lo que el Ejército mexicano dice, en el sentido que ya no hay información”, asegura Rosales.

Agrega que López Orador optó después por “construir una narrativa fantasiosa de que en el caso hay intervención del gobierno extranjero, que porque ahí está la OEA (la CIDH pertenece al sistema interamericano), que está Estados Unidos metiendo las manos a través de la DEA, y que ya no le tiene confianza al GIEI”.

El presidente, según Rosales, construyó ese relato “para desviar la atención, para proteger al Ejército, lo doblegó el Ejército, y va a repetir lo que ha dicho hasta que termine su mandato”.

Esto, “con el fin de eludir su responsabilidad y el fracaso que tuvo en el esclarecimiento de los hechos, es decir, que él no pudo esclarecerlo y ahora él va”.

El abogado señala que los padres de los 43 y sus abogados creen que la “cerrazón” del Ejército responde al temor de esa institución de que una revisión de los archivos faltantes devele la participación de militares en actividades ilegales, como espionaje a movimientos sociales y activistas, y a los vínculos con la delincuencia organizada “a alto nivel”.

Frente al Ejército, dice, “nuestra posición es que si algunos de sus integrantes que, en lo individual han cometido delitos o violaciones a los derechos humanos, tienen que rendir cuentas y tienen que ser investigados, pero esto no quiere decir que nosotros seamos antimilitaristas o que nosotros queremos que se socave al Ejército mexicano como institución, no”.

Para Rosales, es “necesaria la presencia del GIEI”, que al final estaba integrado solamente por la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago y el médico e investigador español Carlos Beristain, porque sólo ellos tienen la capacidad, experiencia y acumulación de conocimiento del caso como para analizar los más de 800 folios que aún no entrega la Sedena.

“Resulta vital para la investigación que ellos puedan revisar los últimos documentos militares –señala–, y si el presidente dice que no les tiene confianza, es porque han denunciado la obstrucción del Ejército a la investigación”.

Pero empezar de cero esa investigación “sería perder años porque es un caso enorme, complejo, con varias aristas que sólo ellos conocen y con miles y miles de expedientes”.

El actual subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, quien también preside la CoVAJ y quien “hace lo que le dice el presidente”, ha dicho que los padres de los 43 normalistas pueden traer a los especialistas que quieran para revisar los archivos del caso Ayotzinapa, “pero él sabe que eso sería un distractor porque conocer ese caso lleva años”.

Sobre la reunión con Sheinbaum, que sería en agosto o septiembre –mes este último en que se cumplen 10 años de la Noche de Iguala–, Rosales señala que esperan receptividad de la presidenta electa y un compromiso para esclarecer los hechos, pues es “un deber legal, constitucional, moral”, del Estado mexicano.

“Entonces esperamos que la doctora Claudia lo vea así, que pueda tener esa posición”, señala; aunque dice que “la figura de López Obrador pesa mucho y difícilmente hoy en día alguien va a contrariar su palabra”.

En ese sentido, lo positivo de la reunión con la futura mandataria va a ser que los padres de los 43 podrán establecer contacto con ella “y luego esperamos a que comience su gobierno”.

Durante la campaña, Sheinbaum dijo que, como presidenta, ella continuaría las investigaciones del caso Ayotzinapa en caso de que –como todo indica– no se llegue a su conclusión este sexenio.