AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y custodios del municipio de Aguascalientes, enfrentan acusaciones administrativas y penales tras la muerte de Iván Atzael Díaz Marín, de 30 años, que falleció a causa de diversos golpes tras ser detenido y puesto a disposición en el área de Justicia Cívica municipal, adscrita al ayuntamiento de la capital.

De acuerdo con el parte policial, el joven fue detenido en el primer cuadro de la capital a las 21:10 horas del domingo 2 de junio, por presuntos disturbios en la vía pública. Veinte horas después, a las 5:15 del lunes 3 de junio, falleció en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, a causa de lesiones graves en todo su cuerpo.

Sus padres, que prefieren omitir sus nombres, narran que a las 11 de la mañana del lunes recibieron una llamada del complejo de seguridad municipal, donde ya sabían que estaba detenido su hijo.

“Me habló la de trabajo social y me dijo que a mi hijo lo estaban trasladando al Hospital Tercer Milenio, porque él se estaba golpeando en la celda y se había hecho heridas muy fuertes. Colgué y rápido me fui para allá, llegué al hospital como a las 11:30. Me pasan al consultorio y veo a mi hijo tirado en el piso, ya ni siquiera en una camilla ni en una silla.

"Estaba todo golpeado, gritaba de dolor. Desesperado intentaba moverse. Me di cuenta de que estaba amarrado y tenía las esposas encajadas, ni siquiera podía hablar. Yo lo tocaba y sólo me pedía, como podía, que ya, que ya me lo llevara. Del dolor no aguantaba que lo tocaran”, narra con desesperación su madre.

Y agrega que, en ese hospital, dos custodios municipales que nunca se identificaron, acompañaban al joven. Luego decidieron irse.

Los funcionarios municipales dijeron a la familia que Iván se había golpeado a sí mismo porque estaba intoxicado –es decir, drogado–, pero un documento expedido por el Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”, dependiente de la Secretaría de Salud, a donde fue llevado para practicarle una desintoxicación, establece que el joven no tenía signos de haber consumido ninguna droga, la razón de su estado, señala el parte médico, fue que su cuerpo se encontraba “politraumatizado” y mostraba también un “traumatismo craneoencefálico moderado”.

Lo anterior está consignado en el expediente clínico 02-15-07783, expedido por el Hospital de Psiquiatría, a donde Iván llegó en una ambulancia a las 13:11 del lunes, acompañado de su mamá y su hermana. El joven había sido canalizado a ese lugar por el Hospital Estatal Tercer Milenio, donde no pudo ser atendido “por aparente estado de agitación atribuido a sustancias, sin embargo (el) estado de agitación actual no corresponde a estado de intoxicación. (...) se envía al Hospital General de Zona No. 2”, respondió el Hospital de Psiquiatría, en un documento en poder de Proceso.

“Lo que queremos es justicia, que se castigue a los responsables porque lo mataron ellos allí, a golpes, en seguridad pública, en el C4, sean los custodios o los que lo trasladaron, o entre todos, pero allí lo mataron. Queremos que se castigue a los homicidas”, dicen, frustrados, los padres de Iván.

Ayuntamiento niega responsabilidad

Javier Soto, secretario del ayuntamiento capital y responsable del personal de Justicia Cívica –un área conducida por el abogado panista Moisés de Luna Martínez– no acepta ninguna responsabilidad. En entrevista con Proceso, el funcionario sólo aceptó que al momento de su detención y puesta a disposición, el personal médico no registró golpes en el cuerpo de Iván, pero no explica por qué entonces falleció a causa de ellos cuando salió de esas instalaciones.

Soto agrega, sin que la familia tuviera hasta ahora noticia de ello, que el joven fue llevado al hospital no por los golpes visibles que presentaba, sino porque estaba deshidratado.

Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), explicó en entrevista para Proceso, que Justicia Cívica no está bajo su cargo. También dijo que si sus elementos golpearon al joven antes de llevarlo a los separos, el médico que revisa a las personas detenidas lo habría reportado. El funcionario agregó que esperarán a las investigaciones, y que tiene localizado al elemento de su corporación que lo detuvo.

El parte médico del Hospital Psiquiátrico señala que Iván presentaba múltiples hematomas en el cuerpo, sangrado en la boca, quemaduras y abdomen doloroso a la palpación. Las fotografías que su familia le tomó muestran cómo sus dientes habían sido casi desprendidos, en sus talones y plantas de los pies tenía quemaduras y grandes hematomas entre sus hombros y codos que, dice su papá, son porque en el C4 suelen amarrar con fuerza a algunos presos a los barrotes para evitar que se muevan. La familia agrega que también tenía las muñecas muy lastimadas.

Pero para el secretario del ayuntamiento, nada de eso ocurrió. El funcionario dijo desconocer el parte médico, los nombres del personal que estuvo a cargo de Iván durante su tiempo detenido –a quienes defendió bajo el principio de presunción de inocencia–, y negó que el municipio vaya a investigar el caso, o a separar al personal de su cargo mientras se investiga; aunque dijo que colaborarán con las autoridades que se lo requieran.

“No tenemos, tanto por el certificado del médico que se le practicó al ingresar, como inclusive cuando el mismo es llevado ya al Hospital Tercer Milenio, ningún indicio de que algún compañero haya tenido ahí un exceso de la fuerza”, afirma el secretario del ayuntamiento. Soto trastabilla cuando se le pregunta si ha visto las fotos del cuerpo de Iván, y evita responder.

Si lograba sobrevivir, quedaría con graves secuelas

La madre del joven, por su parte, narra que el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, donde falleció su hijo, le dijeron que, por los golpes, su cuerpo ya presentaba daño renal, que los órganos a la altura de su abdomen estaban muy dañados y que, si lograba sobrevivir, quedaría con graves secuelas.

Incluso, por las lesiones que le provocaron la muerte, la doctora que lo atendió llamó al Ministerio Público, algo que fue confirmado por Antonio Martínez Romo.

En el pasado, Iván ya había sido detenido. Llevaba meses siendo rehabilitado de un consumo problemático de sustancias, y a finales de este año planeaba entrar a la universidad para estudiar psicología. Su familia dice que ese domingo, llevaba entre 5 y 10 mil pesos de una herencia que había recibido. El dinero, como casi todas sus pertenencias, desaparecieron.

Aunque este lunes se cumple una semana de la muerte de Iván, la fiscalía estatal no le ha entregado a la familia los resultados de la autopsia, y en el certificado de defunción la causa de muerte dice que no está determinada.

El 4 de junio, sus padres presentaron una denuncia penal por homicidio contra quien resulte responsable, que derivó en la apertura de la carpeta CI/AGS/15979/06-24. Mientras que el 7 del mismo presentaron la queja 304/24 ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHA), y en la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se abrió el expediente 127/24.

“Los responsables tienen que ser los que lo detuvieron, no sabemos cómo lo hicieron. También el doctor que lo recibió, si es que lo recibió golpeado; o fueron los custodios en la noche. Dicen que los amarran cuando los ven violentos, que los amarran de las celdas y los dejan toda la noche ahí. Pero a mi hijo lo torturaron, lo mataron. Queremos, exigimos justicia por él y para que estas cosas no vuelvan a pasar. No es justo”, dice, con tristeza, su padre.

De acuerdo con organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, en México la tortura a manos de agentes del estado –municipales, estatales y federales– sigue siendo un problema que afecta a más de la mitad de personas detenidas y encarceladas. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos en Aguascalientes, ha revelado que el 70% de las quejas que recibe son contra policías municipales en todo el estado.