TOLUCA, Edomex. (apro).- La defensora de derechos humanos Kenia Hernández fue agredida físicamente en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, donde se encuentra recluida, por lo que diversos colectivos, encabezados por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), llamaron a las autoridades involucradas a garantizar su integridad y liberarla. 

“El día de hoy 30 de mayo de 2024 la defensora de derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván fue fuertemente agredida por una interna, probablemente en aquiescencia (con consentimiento) de personal de seguridad y custodia, dentro del Centro de Prevención y Readaptación Social ´Sergio García Ramírez´ en Ecatepec, Estado de México”, refirió el organismo a través de una acción urgente. 

El CDHZL indicó que la defensora indígena privada de la libertad fue llevada a enfermería, pero hasta el momento se desconoce la gravedad de su estado de salud. 

El centro defensor de los derechos humanos expuso que Kenia Hernández es presa política del exgobernador Alfredo del Mazo, hostigada jurídicamente por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), “quien representa los intereses privados de la transnacional Aleatica, nuevo nombre con el que se conoce a OHL”. 

Hernández Montalván fue acusada de robo con violencia debido a que su lucha por los derechos humanos implicaba, entre otras medidas, la movilización en las casetas de las autopistas, permaneció tres años detenida en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 16 de Morelos, pero por motivos de acercamiento familiar fue trasladada en febrero pasado al penal de Ecatepec. 

El CDHZL indicó que, al interior de la cárcel, Kenia ha buscado mejoras en las condiciones penitenciarias de sus compañeras, lo que ha incomodado a los grupos de poder que ven con preocupación la labor de la defensora. 

“El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hace el más enérgico llamado a las autoridades mexicanas en todos los niveles, especialmente al Gobierno del Estado de México, para que, con fundamento en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas, y el acuerdo de Escazú se garantice la vida e integridad personal de la defensora”. 

Además, apeló a acelerar la búsqueda de caminos jurídicos que la pongan en pronta libertad, como el mecanismo más eficaz para protegerla y salvaguardar su integridad y su vida. 

La acción urgente fue dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde; a la gobernadora Delfina Gómez; al fiscal estatal José Luis Cervantes; a Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); a Myrna García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem); a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad federal; a la Onudh México, y a la ONU Mujeres México.