TOLUCA, Edomex. (apro).- El Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec dictó sentencia condenatoria de 11 años y 3 meses de prisión a Kenia Hernández Montalván por el delito de robo con violencia en una caseta de cobro del Circuito Exterior Mexiquense (CEM).

La determinación se emitió el jueves en los juzgados del penal de Chiconautla, a pesar de que su defensa presentó como prueba un dictamen pericial de geolocalización para demostrar que ella se encontraba a 600 kilómetros de distancia del sitio de los hechos; no obstante, el estudio fue desechado por el juez.

La coordinadora del colectivo “Zapata Vive” fue detenida el sábado 6 de junio de 2020 en la caseta de cobro La Hortaliza, de la carretera Toluca-Valle de Bravo, acusada de robar, presuntamente a mano armada, una cartera con 500 pesos a dos personas identificadas como José Daniel y Shirley “N”, quienes iban a bordo de una camioneta el 19 de marzo de ese año, mientras se realizaba una manifestación en la caseta “Las Américas”.

La activista señaló que fue vinculada a proceso sin que la juez valorara sus pruebas, entre ellas los testimonios para probar que al momento que ocurrieron los hechos se encontraba en su domicilio de resguardo, porque desde 2019 era beneficiaria del mecanismo de protección a defensores.

Entonces, José Antonio Lara, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), denunció de las supuestas víctimas se apoyaron en una investigación particular que hizo la empresa Concesionaria Mexiquense (Conmex), operadora del Circuito Exterior Mexiquense (concesionada a OHL, ahora Aleatica), donde detalla el perfil personal y político de la acusada.

Además señaló que el juez pasó por alto que quien acusa no presentó videos que probaran la presencia de la luchadora social en la protesta, pese a que todas las casetas tienen sistema de vigilancia y circuito cerrado, y las fotografías aportadas por la parte acusadora son de un grupo diverso al de la activista, quien ha recibido amenazas, ataques mediáticos y agresiones, producto de su lucha por la liberación de presos políticos y contra la violencia hacia mujeres.

“Esto demuestra que el Estado mexicano y las empresas concesionarias de autopistas privadas OHL-Aleatica, Autovías Mexiquenses, entre otras, son las que insisten en la eterna prisión para la protesta social y en no garantizar una justicia restaurativa, pues persisten en mantener en prisión a Kenia Hernández por ser mujer, indígena y activista social”, consideró el CDHZL.

En menos de un mes, Hernández Montalván fue sentenciada dos veces por tribunales del Estado de México; en ambos casos, el Zeferino Ladrillero denuncia que los cargos de “robo con violencia” son fabricados como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos; hasta ahora, ambos fallos suman 21 años y 9 meses de prisión.

El 19 de febrero de 2021, el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito Judicial de Almoloya de Juárez sentenció a la defensora a diez años y seis meses de prisión, y a una multa de 21 mil pesos mexicanos (aproximadamente mil dólares estadounidenses) por el supuesto robo con violencia cometido en una caseta de la autopista Toluca-Zitácuaro.

Front Line Defenders condenó ambas sentencias y manifestó su preocupación por la seguridad física y emocional de la activista, y por la práctica de levantar acusaciones infundadas contra personas defensoras de los derechos humanos como una estrategia eficaz para intimidar a quienes trabajan en la promoción y protección de los derechos humanos en México.

Este procedimiento judicial es uno de los siete iniciados contra Kenia –detenida en el Centro Femenil Federal de Alta Seguridad de Morelos, acusada de obstrucción a las vías de comunicación-: cinco en el orden federal y dos del fuero común.

El informe “Semillas de la Dignidad y la Lucha” –que compila la situación de los defensores de derechos humanos en México de 2019 a 2020 y fue elaborado por 85 organizaciones de 23 estados del país que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)- reconoce el caso de Kenia como uno de los más graves de criminalización vigentes. “Su persecución política es evidente, en tanto se generan nuevas acusaciones de delitos que buscan mantenerla en prisión”, expone el documento.