CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A unos meses de agotarse el mandato de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990, esto es, el periodo conocido como Guerra Sucia, familiares de personas desaparecidas y víctimas sobrevivientes sufren la incertidumbre de qué va a ocurrir el primero de octubre, un día después de que concluyan oficialmente sus funciones.

“No sabemos qué va a pasar una vez que se dé el cambio de gobierno, no sabemos si quien llegue a la presidencia va a dar seguimiento al decreto que dio vida a la Comisión de la Verdad, y que hasta ahora no ha dado los resultados que esperábamos. Es decepcionante, la verdad”, confía Tita Radilla Martínez, presidenta de la Asociación de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México (Afaddem).

En entrevista para Proceso, Radilla Martínez, hija del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en agosto de 1974 por personal militar desplegado en Guerrero, advierte que para los familiares de los desaparecidos y víctimas sobrevivientes de la Guerra Sucia, la próxima conclusión de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad deja un mal sabor de boca ante la confirmación de que el Ejército obstaculizó los trabajos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) y la perpetuación de la impunidad.

Orden ignorada

“¿Qué pasó ahí?, nos preguntamos continuamente, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se abrieran los archivos militares, que se investigara. ¿Por qué no se hizo si el presidente lo ordenó? ¿Quién manda, el presidente o los militares?”, cuestiona Radilla Martínez.

La defensora de derechos humanos es reconocida por haber llevado el caso de su padre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y lograr una sentencia contra el Estado mexicano, que pone límites al fuero militar en casos de graves violaciones a derechos humanos, ordena la búsqueda de Radilla Pacheco y manda sancionar a los responsables de su desaparición forzada.

En un balance de lo que ha significado la Comisión para la Verdad para los familiares de desaparecidos y víctimas de la Guerra Sucia, Radilla Martínez reconoce que su creación, a través de un decreto presidencial de octubre de 2021, generó amplias expectativas que al paso del tiempo se fueron desvaneciendo y a la par el poder castrense se iba consolidando durante el sexenio.

“Nosotros estamos segurísimos de que en este gobierno iba a haber algo importante, sin embargo, nada más se va a dar el informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que es lo que funcionó de la comisión.

“Incluso será un informe parcial, no sólo porque no todos los familiares de víctimas pudieron dar su testimonio, sino porque lo único que se va a conocer es nuestra verdad, ¿y la de los perpetradores? Esa parte es la que falta y va a seguir faltando, ese informe no va a estar completo”, reflexiona Radilla Martínez.

La defensora resalta que a pesar de la orden de López Obrador a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para poner a disposición de los investigadores de la Comisión de la Verdad todos los archivos, “lo que prevaleció fue el ocultamiento de la información, no sólo para esclarecer casos tan graves como los ‘vuelos de la muerte’, sino que toda la información que se resguarda en el Campo Militar Número Uno se sigue ocultando”.

Tras recordar que recientemente el MEH dio a conocer el desacato de la Sedena a un ordenamiento inatacable del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para entregar documentación, la defensora destaca que situaciones como esa generan incertidumbre entre las víctimas y familiares de desaparecidos.

Bajo llave

“El ocultamiento de información ha sido pública, y por eso nos preguntamos: ¿el poder del Ejercito es mucho más grande que el del presidente de la República? Porque no obedeció las órdenes que dio a través del decreto presidencial.

“Eso no lo digo yo, lo está diciendo el Mecanismo. Los que estuvieron en esa investigación dijeron que en ocasiones los militares les quitaron la información que ya tenían; eso es público, totalmente público”, dice Radilla Martínez.

Para la defensora, para los familiares de desaparecidos y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos cometidas por militares durante la Guerra Sucia, “nos preocupa qué es lo que va a pasar en el siguiente gobierno. No sabemos si se va a retomar el informe, tampoco tenemos idea de qué va a pasar con el decreto que no se acató”.

Abunda: “Los militares tienen todo el poder en este gobierno, mucho más poder que el que tenían antes, y tan poderosos son que soslayaron la orden del presidente. Dígase como se diga, no cumplieron. ¿Quién puede decir lo contrario si las evidencias están, las pruebas están?” ¿Quién les quita el poder?”.

Tita Radilla resalta que los otros ejes de la Comisión de la Verdad, la búsqueda de los desaparecidos, el impulso a la justicia y el resarcimiento del daño de plano no tuvieron avances por la evidente falta de recursos.

“En la presentación del decreto el presidente dijo que había el recurso para todo, pero no fue así. En materia de búsqueda nos presentaron a dos personas de la Comisión Nacional de Búsqueda como las responsables de hacer esos trabajos, lo que se me hizo absurdo y ridículo. En ese momento dije qué van a hacer estas dos personas en un país tan grande, con una problemática tan grave y con tantos años que han pasado. El grupo se fue aumentando, pero no lo suficiente, no tenían ni el personal adecuado, o sea, una cosa triste para nosotros”, cuenta Tita.

Apunta que en materia de resarcimiento del daño, funcionarios dirigidos por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “prometieron indemnizaciones, porque mucha de la gente está en esa perspectiva de que quieren la reparación del daño porque lo merecen, lo necesitan, es su derecho, y el Estado tiene la obligación de dar esa reparación del daño ocasionado”.

La defensora, que representa a cientos de familiares de desaparecidos en Guerrero, donde al menos unas 500 personas fueron víctimas de desaparición forzada, recuerda que la estrategia contrainsurgente de los años setenta y principio de los ochenta, “muchos de los que hoy son hombres y mujeres eran niños pequeños que ya no pudieron estudiar. Les faltó ese padre, esa madre que siguen desaparecidos”.

Agrega que hubo personas que tuvieron que desplazarse, abandonar su patrimonio ante el acoso militar y que nunca regresaron a sus lugares de origen. “El daño que se ocasionó es muy grande, pero no se está tomando en cuenta todo eso, menos aún que hay un daño transgeneracional, porque a las nuevas generaciones les duele la ausencia de su familiar y quieren saber qué pasó, quieren saber la verdad”.

Para Radilla Martínez un elemento clave que no se consideró en el diseño de la Comisión para la Verdad fue la creación de una fiscalía especializada para realizar diligencias y procurar justicia.

“Aunque se encontraran evidencias, ¿quién iba a tomar nota de eso para que tuviera validez jurídica? Fuimos al Campo Militar Número Uno, se prometió que se iban abrir los archivos, que íbamos a entrar, y sí entramos, pero de visita, porque no hubo diligencias como se necesitaban. Se encontraron evidencias importantísimas, pero no hubo ministerio público que diera fe de lo que hallamos. Es bastante triste”, sostiene la defensora.

Pese al incumplimiento del decreto presidencial, que resultó “desilusionante y desesperante”, Tita Radilla sostiene que los familiares de personas desaparecidas fundan sus esperanzas en la sociedad organizada.

“No perdemos la esperanza de que, con el movimiento de la gente, de la sociedad y demás, podamos romper con ese vicio tan grande, con esa impunidad tan enorme que hay en nuestro país”, sentencia.