CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene impunes los casos de espionaje perpetrado contra defensores de derechos humanos con el spyware Pegasus, a pesar de las evidencias que vinculan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el uso ilegal de esta tecnología israelí.

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) señaló que hoy se cumple un año desde que se diera a conocer la identidad de nuevas víctimas de Pegasus, incluyendo a Santiago Aguirre y Maria Luisa Aguilar, respectivos director y coordinadora del área internacional en la reconocida organización jesuita, que ha acompañado a casos graves de violaciones a derechos humanos, incluyendo la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“No se han dado pasos relevantes para la investigación y sanción de estos actos”, deploró el Centro ProDH en un comunicado emitido este jueves. En el escrito, insistió en que “el uso de Pegasus está vinculado a las instituciones castrenses”, y que la Sedena siempre “ha mentido y ocultado información” respecto al uso de Pegasus.

Investigaciones periodísticas han demostrado que la Sedena opera Pegasus desde el Centro Militar de Inteligencia (CMI), una instancia que no aparece en el organigrama público de la institución castrense. Este centro responde directamente a Luis Cresencio Sandoval, el titular de la Sedena, cuyo hijo, Luis Rubén Sandoval Medina, es director del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), una de las principales ramas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes llamado Cisen.

“Frente a la impunidad que prevalece, recordamos que en estos casos no ha habido justicia y hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que lleven a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y transparente, de modo que esta práctica deje de reproducirse”, exhortó la organización.