CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) cancelar definitivamente la investigación por el caso Viaducto Bicentenario, en el que se presume un daño al erario de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos, al considerar que no hay elementos de delito.

Por ello, el juez de control, Daniel Ramírez Peña, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, rechazó vincular a proceso a siete personas, entre ellos ejecutivos de OHL-Aleatica, a quienes la FGR buscaba fincar asociación delictuosa y explotación de un bien de la nación. Durante la audiencia realizada este jueves, el juez reconoció que el Viaducto Bicentenario no cuenta con una concesión federal, pero señaló que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT) informó a través de un oficio del 29 de junio de 2023 que en el año 1983 el gobierno del Estado de México sí otorgó el derecho para explotar el tramo carretero que posteriormente fue concesionado a OHL-Aleatica.

Indicó que el hecho de que ninguna autoridad judicial decretó su nulidad anteriormente, el convenio que la SICT suscribió el 1 de octubre de 2020 con el gobierno mexiquense, todavía tiene vigencia.

En dicho convenio la SICT convalidó la legalidad de la concesión de las autoridades estatales a OHL-Aleatica.

"Quizá fueron irregulares, quizá estuvieron confabulados, a lo mejor es cierto, pero yo no puedo decir eso porque debo respetar el principio de presunción de inocencia", señaló el juzgador durante la diligencia.

Al presentar sus datos de prueba, la FGR agregó a la carpeta de investigación el oficio de 2023 y el convenio de 2020 que sirvieron para que el juez rechazara vincular a proceso a Rubén Gerardo López Barrera, director general de Aleatica; José Andrés de Oteyza Fernández y Sergio Hidalgo Monroy Portillo, ex presidente del Consejo de Administración y ex director General de OHL, respectivamente.

El juez también exoneró a Ernesto Javier Nemer Álvarez y Luis Gilberto Limón Chávez, ex secretarios General de Gobierno y de Movilidad; así como Jorge Joaquín González Bezares, Director General de la Junta de Caminos; y Alberto Tomás Angulo Lara, director feneral en Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Sistemas Conexos y Auxiliares, todos del Estado de México.
La FGR intentó imputar a González Bezares por usurpación de funciones pero el juzgador ordenó que un juez en la Ciudad de México será quien resuelva si puede ser procesado sólo por ese delito debido a que es del fuero local.

La FGR informó que impungará el fallo que calificó como un “atropello a la justicia” y anunció que iniciará juicio de procedencia en contra del juez Ramírez Peña por haber emitido una opinión sobre el caso previo a la audiencia de este jueves.

“El grado de injusticia con el que actuó el Juez Daniel Ramírez Peña llegó a un extremo verdaderamente inconcebible; ya que, antes de conocer las pruebas y argumentos de las partes, emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció su veredicto en contra del Estado Mexicano; razón por la cual la Representación Social de la Federación ahí mismo lo recusó en audiencia, por incurrir en una causa de impedimento para seguir conociendo del asunto; y, por lo tanto, se le iniciará el juicio correspondiente, independientemente de los recursos que la ley permite”, señaló la Fiscalía.