CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde hace una década la empresa OHL ha operado y cobrado cuotas de peaje en el Viaducto Bicentenario, con base en una concesión apócrifa e ilegal que el gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto le otorgó en 2008 a través del entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza. Una nueva evidencia documental dada a conocer hoy por el abogado Paulo Diez Gargari muestra que cada peso de peaje cobrado por OHL –ahora Aleática-- fue indebido, porque el gobierno estatal de Peña Nieto no tenía facultades para entregar en concesión ese tramo de la carretera federal México-Querétaro a la vía Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V., como lo hizo Ruiz Esparza el 7 de mayo 2008. El 19 de agosto de 2011, el entonces titular de la SCT mexiquense incluso le mintió a Fausto Barajas Cummings, quien encabezaba la Subsecretaría de Infraestructura en la SCT del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Le dijo que la carretera “no se encuentra sujeta a explotación alguna, ni a pago de peaje alguno”. Eso era falso, pues a partir de 2010, OHL cobró cuotas de peaje en el Viaducto Bicentenario, e incluso elaboró complejos esquemas financieros de la mano de personajes cercanos a Peña Nieto –entre ellos Luis Videgaray Caso y su entonces amigo Emilio Lozoya Austin-- para inflar los informes financieros de la constructora y atraer inversiones multimillonarias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), como lo documentó Proceso en días recientes. Es más: apenas cinco meses antes –en marzo de 2011-- el propio Ruiz Esparza autorizó cuatro incrementos sucesivos de 25% a las cuotas de peaje que OHL cobraría en el Viaducto Bicentenario, que se aplicarían a partir de enero de 2013, es decir, después de las elecciones presidenciales en las que competiría el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. https://www.proceso.com.mx/618111/penanietistas-inflaron-ohl El 1 de agosto de 2011 Barajas envió una carta a Ruiz Esparza donde le planteó: “Esta Secretaría tiene noticia de que (…) se realizaron ciertas obras cuyo uso por particulares se sujeta a pago de peajes y que se ha denominado ‘Viaducto Bicentenario’”. Abundó: “No se tiene constancia alguna en el sentido de que el gobierno del Estado de México cuente con concesión para explotar el derecho de vía federal”. Ante la respuesta de Ruiz Esparza, Barajas envió una segunda carta, el 29 de agosto, donde reiteró su petición. Le pidió “que se acredite a (la SCT) el título jurídico mediante el cual se autorizó o haya autorizado la explotación de vía federal”. Según Diez Gargari, Ruiz Esparza nunca dio respuesta al oficio de Barajas y éste no insistió en pedírsela. El silencio de Barajas Cummings se explica por las relaciones familiares que éste tenía con el primer círculo de Peña Nieto: es primo hermano de Raúl Murrieta Cummings, quien en ese momento era secretario de Finanzas de Peña Nieto y posteriormente fue subsecretario en la SCT federal de Ruiz Esparza. No sólo esto: cuando Peña Nieto llegó al gobierno federal, el propio Barajas entró a trabajar en la Presidencia de la República, en la “oficina de apoyo a expresidentes”, puesto que ocupó hasta agosto de 2014. Los documentos exhibidos por el abogado podrían llevar a la Fiscalía General de la República (FGR) a atraer este caso e investigar a OHL y a Ruiz Esparza; al primero por usar, aprovechar o explotar un bien de la Nación sin concesión del gobierno federal, y al segundo por falsedad en declaraciones ante la autoridad, uso indebido de facultades y atribuciones y encubrimiento. OHL está siendo investigado en España por presuntos casos de corrupción que involucran pagos de sobornos con recursos derivados de sus concesiones en el Estado de México, donde la empresa española asentó una importante base en los gobiernos de Arturo Montiel Rojas y Peña Nieto. La investigación española señaló, por ejemplo, que 3.4 millones de dólares salieron de OHL México a una empresa instalada en Luxemburgo, y parte de esos recursos fueron a parar en la empresa Infoglobal, fundada por Javier López Madrid –yerno de Juan Miguel Villar Mir, entonces socio principal de OHL-- y de la que Lozoya era al menos consejero. La misma empresa Infoglobal también recibió fondos de Tochos Holding, una empresa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda vincula con Lozoya y cuya cuenta bancaria en Suiza recibió presuntos sobornos de Odebrecht, caso por el cual Lozoya fue detenido en España y enfrenta un juicio de extradición. En México, OHL también pasa por un mal momento: el pasado jueves 13, la Secretaría de la Función Pública (SFP) señaló irregularidades en la concesión carretera de la autopista Amozoc- Perote, cuya concesión a OHL fue ampliada en 2016 por la SCT de Ruiz Esparza para 30 años más, de manera injustificable. Además de detectar sobrecostos de más de mil 442 millones de pesos en la construcción de la carretera, la SFP sostuvo que inició investigaciones sobre “personas servidoras públicas involucradas” y “recomendó” a la SCT actual, dirigida por Javier Jiménez Espriú, que “revoque la concesión” de OHL.