TOLUCA, Edomex. (apro).- Al menos seis de siete imputados, entre los que se encuentran el exsecretario general de Gobierno mexiquense, Ernesto Nemer, y el exsecretario de Comunicaciones, Luis Gilberto Limón, no acudieron este jueves a la audiencia inicial del proceso judicial abierto por la presunta concesión ilegal de un tramo del Viaducto Bicentenario a la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL).

La diligencia se llevaría a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, como parte de la audiencia inicial solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) para formular la imputación en contra de varios exservidores públicos del Gobierno del Estado de México y directivos del consorcio, ahora Aleatica.

Esta actuación forma parte del juicio promovido por el abogado Paulo Díez, quien acusó que el Viaducto Bicentenario, particularmente en el tramo de la autopista federal México-Querétaro, es explotado sin que se haya otorgado a la compañía la concesión para ello.

Además de la supuesta explotación ilegal del Viaducto Bicentenario, Díez Gargari acusa asociación delictuosa y usurpación de funciones públicas, pues la conducta no sería posible sin la participación activa de diversos servidores públicos, quienes se confirieron atribuciones no establecidas en la ley.

Esta tarde el abogado dio a conocer, a través de sus redes sociales, que “los imputados no se presentaron a la audiencia y el juez tuvo por no justificada la inasistencia” de seis de ellos. “Esto no es un derecho a la defensa sino abuso del sistema judicial, una práctica común de Aleatica y de la anterior administración del Estado de México”, acusó.

Como parte de la denuncia, además se encuentran imputados Alberto Angulo, ex director del Sistema de Autopistas; y Jorge González Bezares, ex director de la Junta de Caminos.

Por parte de la empresa, también fueron citados Andrés de Oteyza, ex presidente del Consejo de Administración de OHL México; Sergio Hidalgo Monroy Portillo, ex director general de la compañía, y Rubén López Barrera, actual director.

En la demanda, Paulo Díez arguye que el Viaducto Bicentenario es una vía general de comunicación sujeta exclusivamente a la jurisdicción y competencia de la federación; por tanto, sólo podría ser explotada por un particular al amparo de una concesión otorgada por el Gobierno Federal.

Aletica, planteó, carece de este título de concesión y, pese a ello, cobra peaje por el uso del Viaducto Bicentenario desde 2008 y podría hacerlo hasta 2038.

El Gobierno mexiquense arguyó que en 1983 el Gobierno Federal le entregó una fracción de la autopista México-Querétaro, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respaldó la versión, de manera que ambos suscribieron un nuevo acuerdo para validar la concesión.

El artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales sanciona con entre 2 y 12 años prisión a quien explote un bien de la Nación sin concesión otorgada por la autoridad federal competente.

De confirmarse los delitos señalados, el Gobierno Federal además recuperaría en beneficio de la Nación la autopista, y las obras realizadas en el inmueble se perderían en beneficio de la Federación, sin que proceda indemnización o compensación alguna.