CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El estanque es un zafiro en medio del bosque. Sus aguas cristalinas reflejan los rayos del sol que se cuelan entre el dosel verde. En la profundidad, los ajolotes se deslizan con gracia reptiliana, sus cuerpos alargados centellean con cada movimiento. Sus ojos, semillas de kiwi, sortean piedras y troncos enclavados en el cauce del último río vivo de esta ciudad.

“La principal amenaza que enfrentamos es la expansión descontrolada de la mancha urbana”, dice una de las encargadas de cuidar la parte más alta del Parque Nacional Los Dinamos, que ofrece su testimonio a condición de anonimato. Custodia del bosque, expresa su preocupación por la creciente presión inmobiliaria que amenaza el bosque de agua –120 mil hectáreas–, que abarca parte de los estados de Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

De acuerdo con el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada año se pierden dos mil 400 hectáreas de este bosque, equivalente a la destrucción diaria de una superficie de casi tres veces el Bosque de Chapultepec, que tiene alrededor de 810 hectáreas. De seguir ese ritmo, se calcula que el bosque de agua desaparecerá en los próximos 50 años.

“Lo estamos asfixiando, lo estamos ahogando”, dice acerca de la creciente expansión de asentamientos irregulares en este parque nacional. “No es una batalla que pueda librarse sólo por los comuneros. Nosotros levantamos denuncias, hacemos recorridos, le instamos a la gente para que no se instale de manera irregular. Pero ahí intervienen muchas instituciones gubernamentales que tienen atribuciones y que no han hecho el trabajo que deben hacer. Todos han ignorado el problema”, explica con un gesto de impotencia.

Además, menciona la proliferación de actividades ilegales, como la caza y la tala que afectan la biodiversidad del área. En particular, destaca la caza de diversas especies de mamíferos, desde pequeños roedores, como musarañas y ratas de campo, hasta zorros, cacomixtles, coyotes, linces y venados, que se realiza con fines de venta y consumo.

La tala clandestina es otra amenaza creciente en los bosques circundantes, en la zona vecina entre Magdalena Contreras y Tlalpan, así como en el ejido de San Nicolás Totolapan, a lo largo de una franja que se extiende hasta el Ajusco. Incluso menciona el municipio de Ocuilan, devastado por la deforestación pese a las denuncias (Proceso 2296).

Grupos organizados que operan en la región, equipados con armas de fuego y vehículos todoterreno, urden sus planes “como si estuvieran en un pícnic”, según testimonios de los comuneros que, al mismo tiempo, expresan su preocupación por la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  (Profepa) y la Guardia Nacional –cuyo control administrativo sigue a cargo de la Sedena–, señalando que carecen de atribuciones claras para abordar el problema.

Pese a los esfuerzos para informar sobre actividades ilegales, la respuesta ha sido tibia e insuficiente, aseguran. “Hemos levantado denuncias por impactos negativos al ambiente, pero los procesos son lentos y muchas instituciones se hacen de la vista gorda”, enfatiza indignada.

A la sombra de la extinción, los ajolotes navegan con gracia en un lecho en riesgo de agotarse.

Arbitrariedad ejidal

En la entrada al parque Los Dinamos un ajolote en el logo del Comisariado de Bienes Comunales de la Magdalena Contreras anuncia las tarifas de ingreso. Diez pesos para caminantes y 30 pesos para senderistas, montos acordados en una de las asambleas para su recaudación. Sin embargo, las cuotas no llegan a la cuenta de la comunidad.

“Lo lamentable es que este dinero, lo recaudado, no llega a las arcas de la tesorería de la comunidad, sino que va a una cuenta particular que está a nombre del comisariado, del secretario y del presidente del consejo de vigilancia”, detalla Claudia Rivera Trejo, tesorera de la comunidad.

A decir de ella, el comisariado usurpa los bienes comunales “como si fueran de su propiedad privada”, además de vender de manera “ilegal y corrupta” terrenos pertenecientes al bosque de Los Dinamos, poniendo en riesgo la vida de quienes habitan los asentamientos.

Francisco Nava, comisariado ejidal de Magdalena Contreras Atlitic desde septiembre de 2022 -hasta 2025-, ha otorgado concesiones a personas externas para establecer negocios privados en el cauce del río, lo que no sólo daña la calidad del agua, sino también los recursos naturales que dependen de ella, así como la fauna del río Magdalena.

–¿Cuáles son los principales señalamientos contra el comisariado?

–Lleva a cabo actos de dominio como si él fuera el dueño de la comunidad, sin tomar en cuenta que es sólo un representante. Pasa por alto a la asamblea, no le pide opinión, ni permiso y actúa muy al margen de la legalidad, poniendo en riesgo el patrimonio de la comunidad.

Durante una asamblea, Rivera fue señalada por Nava de adjudicarse 200 mil pesos. “Nava entregó un balance financiero sin tener facultades y él expresa ahí tácitamente ante la asamblea que yo me adjudiqué 200 mil pesos y que los tengo en mi poder, cosa que no me ha podido demostrar. Dice sin pruebas que yo he hecho uso de ese dinero, a mí me está causando un daño moral ante toda la asamblea”, expone.

Además de estos actos, el comisariado ha recurrido a métodos violentos para mantener su control sobre la comunidad. Algunos han sido amenazados por individuos armados con machetes, con la intención de evitar cualquier intento de oposición a las acciones del comisariado.

“Aquí en el bosque predomina la ley del monte, puesto que uno interpone denuncias y las autoridades hacen caso omiso a las mismas”, enfatiza Rivera.

–¿Siente preocupación por las repercusiones que puedan surgir de su defensa del bosque?

–Sí, realmente tengo miedo e incertidumbre, especialmente considerando las amenazas y la violencia que he enfrentado tanto de los miembros del comisariado como de la comunidad y de quienes invaden nuestros terrenos. Además, hay ciertas autoridades cuyos intereses podrían verse afectados. El comisariado ha incitado a los invasores, mis vecinos, a recolectar firmas para sacarme de mi casa bajo acusaciones falsas. Temo por mi seguridad, la de mi familia y mis pertenencias.

Pese a su angustia, frente al estanque de ajolotes Claudia contempla el movimiento y explica.

“Los ajolotes son una especie endémica de este bosque. Tienen la peculiaridad de que salen del agua y se entierran para convertirse en salamandra. Sin embargo, están siendo víctimas de nuestra avaricia, se están acabando.

Suelo en disputa

Patricia Rodríguez, activista y defensora del medio ambiente, asegura que la modificación del programa de desarrollo urbano, que pretende cambiar el uso de suelo de conservación a suelo urbano, para permitir el fraccionamiento de terrenos, es impulsada por intereses particulares ligados a grupos desarrolladores inmobiliarios como Frisa.

Frisa Constructora de Ciudades forma parte del consorcio Frisa Desarrollos Comerciales, propiedad de más de 20 miembros de la familia Rivera Torres, dedicada a la construcción y mantenimiento de fraccionamientos residenciales, parques industriales, desarrollos turísticos y más de 40 centros comerciales a escala nacional. Alberto y Alejandro Rivera Torres Prado, socios del consorcio, figuraron en las bases de datos de empresas en paraísos fiscales de Bahamas Leaks, publicado en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

En noviembre de 2020 Frisa anunció la creación del “Parque Natural la Cañada” a través de una asociación dirigida por Daniela Rivera Torres. Sin embargo, ante la falta de transparencia de las autoridades respecto de las obras en el predio, la comunidad optó por cerrar el acceso.

Rodríguez señala la situación del río en la zona, afectado por las descargas de aguas residuales directas de las casas en las zonas invadidas, agravada con la presencia de comerciantes no autorizados.

La activista también expone cómo el cambio climático y la deforestación contribuyen a problemas como la contaminación del aire y la disminución de los recursos hídricos. “El árbol sirve para reducir la temperatura”, señala sobre el papel que desempeñan en la regulación del clima y la captación de agua de lluvia. Sin embargo, lamenta que la deforestación degrade este entorno. “Ya los árboles que se apropiaron todos están dañados”, comenta.

Además, Rodríguez resalta la importancia de adoptar criterios científicos en la toma de decisiones políticas y urbanísticas, especialmente en un contexto de crecimiento urbano descontrolado.

Derecho de réplica 

JORGE CARRASCO ARAIZAGA. 

DIRECTOR.

REVISTA PROCESO. 

Señor director, 

Espero que se encuentre muy bien. 

Le escribe Raúl Alfaro Segovia, socio director de la agencia de relaciones públicas RPA, en representación de Grupo FRISA y Parque Natural La Cañada. Leí con atención el artículo “La crisis del Parque Nacional Los Dinamos: invasión inmobiliaria, tala clandestina, caza ilegal…y corrupción”, de la autoría del reportero y fotógrafo Alejando Saldívar, publicado el 12 de marzo del año en curso en la edición digital de la revista Proceso, a su digno cargo. 

Aquí la liga de la pieza periódistica referida: (https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/3/12/la-crisis-del-parque-nacional-los-dinamos-invasion-inmobiliaria-tala-clandestina-caza-ilegal-corrupcion-325487.html)

En dicho artículo se vierten distintos señalamientos relacionados con Grupo FRISA y Parque Natural La Cañada; con fundamento en la Ley Reglamentaria del Artículo 6to Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho de réplica, me permito señalar lo siguiente: 

1. La Cañada es un predio rústico privado de 108 hectáreas de extensión, propiedad de Grupo FRISA desde 1968. En su mayoría está compuesto por bosque periurbano y colinda con el acceso a la zona de Los Dinamos, en la alcaldía La Magdalena Contreras de la Ciudad de México.
2. Los Dinamos no son un parque nacional ya que no cuentan con ese tipo de declaratoria jurídica por parte de la Federación. De hecho, en su mayoría la zona está compuesta por bienes comunales decretados entre las décadas de 1970 y 1980. 
3. Conforme a la legislación capitalina, La Cañada es un predio con uso de suelo de conservación en la categoría de preservación ecológica; es decir que no es ni será posible crear en él ningún tipo de desarrollo inmobiliario. 
4. En 2019, tras un ejercicio de reflexión y ciudadanía corporativa, Grupo FRISA determinó destinar el predio a un programa de conservación y educación ambiental. En consecuencia, la empresa estableció una mesa de diálogo con el Comité de Comerciantes de La Cañada, vecinos de la Magdalena Atlitic, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) y expertos en medio ambiente, con el objetivo de crear un proyecto colaborativo. 
5. En 2021, tras 3 años de negociación, Grupo FRISA y el Comité de Comerciantes de La Cañada firmaron un acuerdo histórico para la creación del Parque Natural La Cañada, en el que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) participó como testigo. El acuerdo establece que los comerciantes tradicionales históricamente establecidos en la fracción norte del predio continuarán ejerciendo su actividad económica de manera ordenada, responsable con el medio ambiente, vitalicia y generacional, y compromete a las partes a conservar las tradiciones culturales de la comunidad de Magdalena Atlitic que tienen lugar en el predio. 
6. El Parque Natural La Cañada es un proyecto social que realiza inversiones para conservar más de 1 millón de m2 de bosque periurbano, 105 especies de aves, 28 de reptiles y 27 de mamíferos y 2.5 km del cauce del río Magdalena, último río vivo de la capital mexicana. Así mismo, cabe destacar la importancia hidrológica del predio, que infiltra al acuífero capitalino alrededor de 315.4 millones de litros o 315.4 mil m3 de agua al año, equivalentes a 285 mil tinacos de agua de uso doméstico. Como he mencionado, el único objetivo de Grupo FRISA y otras empresas y organizaciones que participan en el proyecto es facilitar la conservación de La Cañada, dado que el predio es fundamental para el equilibrio ambiental en el Valle de México. 
7. El Parque Natural La Cañada coincide con el artículo publicado por Alejandro Saldívar cuando afirma que este predio y la zona de Los Dinamos se encuentran gravemente amenazados por actividades ilegales en la zona como tala, caza e invasión. Sin embargo, a diferencia de lo plasmado en la pieza periodística, la invasión no está ocasionada por proyectos inmobiliarios, sino por asentamientos humanos irregulares que, en su mayoría, albergan actividades delictivas y, dada que carecen de servicios urbanos, arrojan sus desechos al río Magdalena, lo que ocasiona una grave afectación ambiental. Dichos asentamientos irregulares implican un alto riesgo para la conservación del bosque y el río, para la seguridad de los visitantes que acuden a la zona para realizar actividades de contacto con la naturaleza y, así mismo, para la integridad de las personas que los habitan. En consecuencia, resulta urgente que las autoridades municipales, estatales y federales competentes intervengan para contener el avance de estas invasiones que, en el caso del Parque Natural la Cañada, se han incrementado en un 30% en los últimos 3 años. 
8. Grupo FRISA está involucrado en el proyecto Parque Natural La Cañada como propietario del predio y patrocinador; sin embargo la dirección y operación del mismo es independiente y se desarrolla de manera participativa, plural y transparente a través de una asociación civil con la participación de la Lic. Daniela Rivera Torres como directora general y del Biól. Horacio Bonfil Sánchez, reconocido especialista en el manejo de cuencas hidrológicas, como director ambiental. 

Agradeceré que la presente réplica se publique en la edición digital de la revista a su digno cargo, según lo previsto en la legislación vigente. 

Sin más por el momento, agradezco su atención, reiterándole que me encuentro a sus órdenes para dar seguimiento a cualquier consulta periodística sobre el desarrollo del Parque Natural La Cañada y su importancia ambiental para la Ciudad de México. 

Saludos cordiales.

Raúl Alfaro Segovia,

Socio director — RPA.