CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 20 entidades del país existen 122 zonas críticas forestales como resultado de la tala clandestina, el lavado de madera, la extracción de madera sana, la  sobreexplotación de los recursos forestales, el incumplimiento de programas de manejo, el cambio de uso de suelo, los incendios forestales provocados y la delincuencia organizada, informó la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Luego de los trabajos publicados sobre el tema por CONNECTAS y Proceso (ediciones 2346 y 2347), con el apoyo del International Center of Journalist (ICJ), María Luisa Albores González, titular de la dependencia, tuvo que salir a dar una conferencia de prensa el día de ayer para tratar de atenuar un poco la crítica situación que enfrenta por la inmensa masa forestal pérdida.

Sin aportar mayores detalles, la funcionaria federal explicó que para prevenir la pérdida forestal la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el apoyo de las secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, de la Marina, además de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Agraria y la Fiscalía General de la República, llevan a cabo una estrategia basada en la prevención, inspección y verificación de aserraderos, así como un trabajo de inteligencia, judicialización, acompañamiento de las comunidades y revisión del marco jurídico con la finalidad de poder ejecutar acciones penales contra los responsables de los ilícitos.

Además, añadió que la Profepa ha participado en 888 acciones en 12 operativos que incluyen filtros de revisión, recorridos de vigilancia, inspecciones a centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, clausuras de predios y aserraderos, aseguramiento de madera, vehículos, herramientas y equipos.

La titular de la Semarnat comentó que la estrategia dio inicio en los estados de Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Chiapas y Campeche.

En este último, dijo, se logró un acuerdo con representantes de comunidades menonitas, el cual calificó de histórico, pues se comprometieron a participar con las autoridades para detener la deforestación de la selva maya y trabajar en un ordenamiento territorial, ecológico y comunitario.

Asimismo, informó que el sector ambiental federal mantiene un trabajo permanente en territorio a través de diversos programas que contribuyen a combatir la tala ilegal y la deforestación. En Áreas Naturales Protegidas, la Conanp apoya a través del Prorest y del Procodes en la protección y restauración de ecosistemas y especies en riesgo. Por su parte, la Conafor tiene presencia en todo el país a través del pago por servicios ambientales.

Finalmente, la secretaria Albores González mencionó que se trabaja en el diseño e implementación de ordenamientos territoriales a nivel nacional, que son clave para contar con un adecuado diagnóstico y planeación de los recursos necesarios para que las comunidades protejan y conserven su lugar de vida.