CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el paquete de iniciativas de reformas que envió esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador al Legislativo, la consulta popular y la revocación de mandato son los dos derechos que pretende modificar.

La propuesta, resumida hoy por el mandatario, consiste en reducir del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares y revocatorios, para que estas tengan validez, sean efectivas y vinculantes.

Al enunciar la propuesta, el presidente López Obrador consideró que la reforma fortalecerá la democracia participativa.

Ambos temas han sido persistentes en la lógica política de López Obrador desde que fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. No obstante, ha quedado expuesto a críticas por la forma en que las ha realizado.

Por ejemplo, siendo jefe de gobierno realizó dos “revocatorios”, uno en 2002 y otro en 2004, pero estos fueron vía telefónica y con un formato más parecido al de encuesta.

En sus diferentes campañas a la presidencia en 2006, 2012 y 2018, propuso impulsar reformas para que dichas consultas fueran incorporadas al sistema electoral, promovida bajo la frase “el pueblo pone, el pueblo quita”.

En 2018, fuera del sistema electoral, lanzó una consulta para el cambio de lugar del Aeropuerto cuya construcción inició el sexenio pasado a fin de realizarlo en la Base Militar de Santa Lucía, actualmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Así mismo, consultó el Tren Maya y diversas propuestas para su administración, sin que estas tuvieran mayor relevancia que para los propios simpatizantes del entonces presidente electo.

Como presidente, entre octubre y noviembre de 2019, consiguió que el Congreso aprobara la inclusión de dichos derechos políticos, consulta popular y revocación, generando amplia polémica en su realización.

En 2021, por ejemplo, impulsó una consulta popular para que los ciudadanos decidieran si debía enjuiciarse o no a los expresidentes de la República, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la participación fue baja, apenas del 8%, lo que la hizo no vinculante. En términos generales, las críticas al proceso se centraron en el uso político del mandatario al asunto en el contexto de la elección intermedia.

En 2022, el mandatario intentó una consulta de revocación, presentada por sus adeptos como un “reivindicatorio”, que resultó un fracaso: aunque el 92% de los participantes votaron porque siguiera en el cargo, la participación apenas si llegó al 18% del padrón electoral cuando la ley, como está, exige un 40% de participación.

Las críticas de sus opositores, por entonces, radicaban en señalar desde un uso político por la realización de una campaña permanente en el contexto de las elecciones de seis gobernaturas hasta los supuestos intentos por buscar una reelección.   

Precisamente la propuesta de López Obrador esta vez consiste en reducir el porcentaje de participación de 40% a 30% para que el resultado sea vinculante.