CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ya lanzó su iniciativa de reforma constitucional para eliminar cuatro Órganos Constitucionales Autónomos y tres Órganos Reguladores Autónomos, y transferir sus facultades a otros entes públicos; lo anterior, con el objetivo de “transversalizar la política de austeridad republicana”, pues pretende que los ahorros generados con la desaparición de las instituciones se destinen al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

En caso de aprobarse la iniciativa, las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) irían a la Secretaría de Economía; las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); las del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mientras que las de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) irían a la Secretaría de Energía (Sener), y las del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación irían a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En el caso peculiar del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las facultades se repartirían a diversos entes.

Desaparecería un sistema centralizado de transparencia, y las solicitudes de información se fragmentarían entre la Secretaría de la Función Pública (SFP), los órganos de “control y disciplina” de los poderes judiciales, a las contralorías de los órganos legislativos, al Instituto Nacional Electoral (INE) o al Registro Laboral de Conciliación y Registro Laboral. La parte de los datos personales, por su parte, recaerían en la Presidencia de la República.

La iniciativa plantea que, en el momento de entrar en vigor el decreto, los comisionados de los órganos autónomos cesarán sus funciones, aunque señala que “los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad”; también estipula que todos los actos jurídicos emitidos por las instituciones previo a su desaparición “surtirán todos sus efectos legales”.

La iniciativa agrega un párrafo al artículo 134 de la Constitución, para prohibir la creación de nuevos entes públicos “bajo las figuras de descentralización y desconcentración”, cuando “la administración pública centralizada podría asumir dichas atribuciones”.

Con un preámbulo de 13 páginas –de las 77 que tiene el texto de la iniciativa--, el mandatario dio su lectura histórica sobre la impregnación del neoliberalismo en la administración pública y sobre la creación de los órganos autónomos, y ofreció su propuesta “posneoliberal” que consiste en eliminarlos.

En esta parte, multiplicó los calificativos –“burocracia obesa”, una “falacia”--, y justificó su decisión de desaparecer los órganos por la parte del ahorro, pues aseveró que los presupuestos de los órganos que pretende desaparecer equivaldrían a 5 millones 385 mil pensiones bimestrales para adultos mayores.

La iniciativa deja intocados a los demás Órganos Constitucionales Autónomos: el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y la Fiscalía General de la República (FGR).

López Obrador confirmó su intención de desaparecer a los organismos autónomos en el “punto 20” del discurso que dio hoy, en el que adelantó detalles del paquete de reformas constitucionales que impulsará en la recta final de su sexenio, con el argumento de terminar con la “era neoliberal” y de consolidar su legado, al que se refirió como un “momento estelar” en la historia de México.

“Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos --sí, autónomos del pueblo, no de la oligarquía--, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público”, anunció el mandatario.