CIUDAD DE MÉXICO (France24).- En su último paquete de propuestas de reforma a la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a la carga en su idea de entregar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, un proyecto que fue urdido desde el inicio de su sexenio y que ha ido avanzando poco a poco en el Congreso, sin importar las críticas por los supuestos riesgos que conlleva sacar a los militares de los cuarteles para prevenir, investigar y combatir delitos.

La militarización de la seguridad pública en México volvió al centro del debate con la iniciativa enviada al Legislativo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde plantea que la Guardia Nacional (GN), corporación de civiles que fue creada en 2020 para reforzar la seguridad pública, sea controlada por el Ejército.

Dentro de las 20 reformas constitucionales y leyes secundarias que presentó el presidente hacia el final de su sexenio, incluye una serie de cambios para darle la facultad de enviar a los más de 400 mil  integrantes de las Fuerzas Armadas a que refuercen el combate contra la delincuencia.

No es la primera ocasión que López Obrador intenta entregar la seguridad pública al Ejército. En abril del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó cuatro leyes impulsadas por el presidente y aprobadas con el apoyo del partido oficialista Morena en el Congreso, con las cuales todo el control administrativo, financiero y operativo de la Guardia Nacional pasaría a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la institución que regula las Fuerzas Armadas en México.

La decisión de la Corte estaba fundada en que la propia Constitución establece que la GN debe contar con un mando civil, por eso la reforma planteada busca modificar 12 artículos para transferir todos los componentes de la GN a la Sedena.

Sin embargo, organizaciones, como México Unido Contra la Delincuencia, señalan que la actual propuesta elevaría todavía más el poder político y económico de la Sedena, ya que su estado de fuerza aumentaría en 40%, mientras que su presupuesto superaría los 400 mil millones de pesos (más de 23 mil millones de dólares) en 2024.

Las Fuerzas Armadas a la calle, el objetivo de la reforma

Los cambios constitucionales que busca la reforma a la Guardia Nacional tienen distintos objetivos. Uno de ellos es que el presidente tenga el poder de enviar a los más de 266 mil integrantes del Ejército y la Marina Armada, reforzados por los más de 100 mil integrantes Guardia Nacional, a cumplir tareas de seguridad.

Actualmente, existe una prohibición para que los militares ejerzan funciones más allá de la disciplina castrense, la cual sería eliminada para permitirles participar de lleno en la seguridad pública por iniciativa presidencial.

Otro cambio plantea darle a los miembros de la GN el rango de fuerzas armadas permanentes para que apoyen al Ejército en funciones como la seguridad interna y externa del país, según lo determine la propia Sedena. Todo esto, con la justificación de alinear a los miembros de la Guardia en términos disciplinarios y que así queden sujetos al fuero militar.

Respecto al mando de la GN, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó que deberá ser un general de división en activo que salga de la misma Guardia, pero mientras no exista, “se podrá designar uno del Ejército, esperando el momento en que ya el personal que tiene ya esa especialidad, que se ha ido preparando de manera específica en la seguridad pública, ya pueda llegar a este grado y tome la responsabilidad”.

Sin embargo, Lilian Chapa Koloffon, investigadora en World Justice Project México y experta en políticas de seguridad pública, habló con France 24 sobre el riesgo que existe en entregarle la seguridad pública a los militares, a pesar de que no ha mostrado disposición para transparentar su trabajo a lo largo de la historia, como ahora con las obras públicas que se les han encargado.

“(El Ejército) es un sector muy cerrado y se ha negado a rendir cuentas, como en la persecución de disidentes políticos, en el pasado y en el presente. Han llevado a cabo acciones que no obedecen a ningún control democrático, como el espionaje a activistas sociales por medio de software ilegal (… )Es muy delicado encargarle la función policial a una institución que no se somete a principios democráticos de seguridad”, comenta la especialista.

Críticas a la reforma apuntan a la militarización

Dentro de las principales críticas y preocupaciones que ha despertado la reforma a la Guardia Nacional, están el riesgo de militarizar por completo el sistema de seguridad pública, con los riesgos que implica como posibles violaciones a los derechos humanos, y el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, debido a su falta de preparación.

En entrevista para France 24, el doctor en ciencias políticas Carlos A. Pérez Ricart considera que la reforma planteada por López Obrador “militariza la seguridad desde todos lados de donde se quiera ver”, lo cual traerá consecuencias positivas y negativas.

“Estoy convencido que necesitamos a las Fuerzas Armadas para recuperar algo de seguridad pública, pero no así. Tiene que hacerse de manera estructurada y equilibrada, con mecanismos que inviten al balance, y esta reforma no lo hace. Pareciera más una decisión presidencial que una política de Estado bien pensada”, indica el también profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Los señalamientos contra la reforma también apuntan a que se consumaría la militarización del gobierno civil, debido a la gran presencia del Ejército en tareas fuera del orden castrense. Actualmente, son quienes acaparan las concesiones de obras públicas como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero también gestionan la aerolínea gubernamental (Mexicana de Aviación), todo por decisiones de la actual Administración.

En tanto, el presidente defiende su reforma para militar la seguridad pública, con el argumento de que la inseguridad está desbocada y es necesario el apoyo del Ejército, por lo que pidió a la Cámara Alta aprobar la reforma lo más pronto posible.

"Nos ha costado bastante constituir la Guardia Nacional, que no existía, son 133.000 elementos, cerca de 600 cuarteles, es para proteger a los mexicanos. Como para que, con la excusa de nuestros adversarios, los conservadores, autoritarios, represores, de que estamos militarizando el país, se rechace el que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa", dijo López Obrador en una conferencia el 20 de noviembre.

Dudas sobre el combate a la delincuencia y el cuidado de los derechos humanos

Otra de las dudas que despierta entre especialistas la intromisión de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública es su capacidad para investigar y prevenir delitos federales ya que no cuentan con esa experiencia, además de que puede abrir la puerta a posibles abusos contra los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza dado el historial represivo del Ejército.

“En México debemos aspirar a instituciones regidas por principios democráticos en un contexto de alta criminalidad. Podría pensarse que los militares pueden enfrentar temas de narcotráfico, pero lo cierto es que no lo han hecho en funciones de investigación del delito porque no tienen esa experiencia”, señala Chapa Koloffon.

Por su parte, Pérez Ricart recuerda que el Ejército ha violado sistemáticamente los derechos humanos en la historia de México, como ocurrió en la llamada Guerra Sucia, una etapa entre las décadas de 1960 y 1970 donde guerrilleros y opositores al régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron perseguidos y desaparecidos. 

“No hay manera de pensar que esto será menos grave de lo que puede ser. Hay que ver un poco la historia de América Latina para saber los riesgos que tiene dar poder al sector militar”, sentencia el especialista del CIDE.

Mientras tanto, la reforma ya se encuentra en poder de la Cámara Baja para su análisis y debate. Su posible aprobación o descarte, dependerá mucho de cómo quede conformado el Congreso tras las elecciones generales del 2 de junio, donde el partido oficialista Morena y sus aliados podrían negociar o no con los partidos de oposición. Lo que es un hecho es que, en caso de aprobarse, el próximo Gobierno quedará con poco margen de maniobra para devolver el carácter civil a la Guardia Nacional y la seguridad pública.