CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El gobierno federal intentó aprovechar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de la militarización de la seguridad pública del país para acelerar la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sin embargo, un juez federal rechazó la petición, por lo que la militarización de la GN permanecerá suspendida por tiempo indefinido.

Luego de que la Corte notificó su sentencia en la que avaló la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta marzo de 2024, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó un incidente con el que intentó revocar una suspensión que mantiene frenada la militarización de la GN.

El incidente de revocación fue tramitado ante el Juez Noveno de Distrito del estado de Guanajuato quien en octubre de 2022 concedió una suspensión definitiva en la que ordenó detener el traslado de los recursos materiales y financieros de la GN a la Sedena.

En su incidente, el gobierno federal argumentó que el pasado 29 de noviembre de 2022 el Pleno de la Corte avaló el acuerdo emitido por el presidente López Obrador en el que dispuso que las Fuerzas Armadas pueden realizar tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024, mientras se lograba la consolidación de la GN como cuerpo policial de mando civil.

El juez de amparo señaló que esta resolución únicamente sirvió para determinar si hubo o no invasión de competencias por parte del Ejecutivo en perjuicio del Poder Legislativo.

Este tema, indicó el juzgador, es diferente al que se planteó en el amparo tramitado desde el 29 de septiembre de 2022 en el que fueron argumentadas violaciones a la Constitución y el decreto publicado el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre la creación de la GN.

En consecuencia, al tratarse de casos diferentes, se mantendrá vigente la orden del juez de detener el traslado de la GN a la Sedena hasta que se dicte sentencia definitiva de amparo, lo cual podría ocurrir en los próximos días debido a que la audiencia constitucional ya fue celebrada desde el pasado 20 de diciembre de 2022, lo cual significa que ya no hay pruebas pendientes por desahogar y el expediente ya fue enviado para su análisis y realización de la resolución correspondiente.