PACHUCA, Hgo. (apro).- Por arrendamientos de vehículos sin acreditar; pagos para personas que habían fallecido; medicamentos comprados, pero que nunca estuvieron en bodegas ni fueron suministrados a pacientes, así como contratos con anomalías, el gobierno de Hidalgo debe acreditar el destino de mil 311 millones 708 mil 525.03 pesos de cuatro fondos y programas relacionados con educación y salud, además de participaciones federales, de los que dispuso en 2022, cuando fue gobernado (hasta el 4 de septiembre) por el entonces priista Omar Fayad Meneses y por el morenista Julio Menchaca Salazar.

Las observaciones son parte del tercer informe de la cuenta pública del referido año, entregadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) este 20 de febrero a la Comisión de Vigilancia de este ente inspector en la Cámara de Diputados.

El mayor monto reclamado para comprobación o reintegro a la hacienda pública es mil 178 millones 345 mil 468.34 pesos, que corresponden a Participaciones Federales a Entidades Federativas.

Esta cantidad se confirma de tres irregularidades. La primera asciende a 38 millones 997 mil 11.60 pesos por no presentar en 13 expedientes la evidencia de entregas de productos farmacéuticos, material electoral, equipo diverso, ayudas sociales, ordenes de compras firmadas por el proveedor, y los reportes fotográficos.

Asimismo, el órgano fiscalizador reclama 309 millones 606 mil 191.40 pesos por no presentar en siete contratos la documentación que acredite debidamente la entrega recepción de las obras; asimismo, el Poder Ejecutivo no remitió seis finiquitos de obra correspondientes a los contratos números NOR-2021-LP-FGPAR-SOPOT-CS-007, SSH-RAMO18.-SALUD22-LE-013- 2022, CELSH-DGSA-INV-C047/2022, CELSH-DGSA-LP-C030/2022, CELSH-DGSA-INVC046/2022 y el CELSH-DGSA-AD-C047-A/2022. Aunado a ello, en el contrato número SSH-RAMO18.- SALUD22-LE-013-2022, faltó el oficio de terminación, el reporte fotográfico y el acta de extinción de derechos y obligaciones.

El monto más cuantioso de esta observación, citado en el dictamen de la auditoría 1059, es 829 millones 742 mil 265.34 pesos, que la ASF exige por no proporcionar en los contratos números 76/2022, MASMLICIT.FED-076-2022 y el IEEH/DA/2022/126 las entradas al almacén y sus respectivos resguardos del bien; en los contratos números DGAJ-II/CT/06/020/2022, SI-007-2022, SI-061- 2021 y el CAASIM-DAJ/164/2022 las actas de entrega-recepción, y en los números EML-047-2022, ML-069-2021, MASM-LICIT.FED-076-2022, IEEH/DA/2022/126, así como el 76/2022, las salidas de los bienes.

Todos estos pedidos fueron realizados por organismos descentralizados como la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), otros autónomos como el Instituto Estatal Electoral (IEEH) a los que el gobierno distribuye participaciones, así como dependencias estatales.

En este caso, la auditoría también detectó que en los contratos números SEPH/001/2022, 76/2022, 629M-1/2021, ML-069-2021, MASM-LICIT.FED-076-2022 y el CAASIM-DAJ/164/2022, no se presentaron reportes fotográficos, y en números SEPH/001/2022 faltó la documentación del diagnóstico de la salud de educación media y superior.

En el 76/2022 no se presentó la totalidad de la distribución de los libros de texto de inglés; en el 629M-1/2021 no presentan la evidencia de un software supuestamente adquirido; en el 68M-1/2022, faltó evidencia del servicio de consultoría del entregable b contratado; en el CELSH-DGSA-AD-C024-B/2022 hubo inconsistencias en solicitudes y notas de remisión de fechas 13 y 27 de abril, mientras que en los contratos EML-040-2022 (este contrato es el que agrupa a los siete contratos números MASM-052-2022, PQB-020-2022, MASM-021-2022, SG-008-2022, MASL-022-2022, CFV-AD.DIR.-080-2022 y PPP-049-2022), EML-047-2022 y el MASM-LICIT.FED-076-2022 no se presentan los entregables del equipo médico y del laboratorio que se indica como adquirido.

El resolutivo de la ASF también cita que en los pedidos SI-007-2022 y SI-061-2021 no reportan la evidencia de los servicios integrales; en el VET-029-2022 (reemplazo al SI-011-2022) no se presentó prueba de los vehículos y equipo terrestre requeridos; en el contrato ML-069-2021 faltó acreditar el material de limpieza pagado; en el CAASIM-DAJ/164/2022 no se mostró documentalmente la sustitución del cable de cobre por aluminio, y en el contrato IEEH/DA/2022/126 se presentó de forma parcial la adquisición de insumos sanitarios por los que se erogó recurso público.

Del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el gobierno tiene 171 mil 734.03 pesos pendientes de aclaración, que corresponden a 18 pagos durante el ejercicio fiscal 2022 a tres trabajadores fallecidos.

El posible daño a la hacienda pública por recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud asciende a 63 millones 89 mil 937.26 pesos, compuesto por cinco inconsistencias detectadas.

La primera, 21 millones 609 mil 797.76 pesos, consiste en la adquisición de seis ambulancias de las que no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa que describa de manera pormenorizada las especificaciones técnicas y costos que comprendieron el equipamiento de unidades respecto de la conversión a tipo ambulancia.

Asimismo, la ASF presume irregularidades en el procedimiento, debido a que el gobierno no describió de manera pormenorizada en el dictamen de excepción las especificaciones técnicas y los costos que comprendería el equipamiento tipo ambulancia; no especificó los plazos y condiciones de la entrega de los bienes solicitados, ni publicó la adquisición de los bienes en su página de Internet, como debía hacerlo.

Además, el ente federal expuso que el Ejecutivo de la entidad desarrolló el proceso de adjudicación en un lapso incongruente, ya que las cotizaciones base para el estudio de mercado se realizaron el 27 de diciembre de 2022, el estudio de mercado se emitió el 28 de diciembre, el presupuesto y el dictamen de excepción a la licitación se autorizó el 29 de diciembre, el contrato se celebró el 30 de diciembre y finalmente las ambulancias se entregaron el 31 de diciembre.

“Dados los lapsos de tiempo en los que se llevó a cabo el proceso, no se aprecia que existiera un plazo razonable para la conversión de los vehículos en ambulancias y su equipamiento, por lo que se presume el conocimiento adelantado por parte del proveedor del resultado respecto al dictamen del proceso de adjudicación”, consideró la auditoría en su dictamen.

En todos los casos, los nombres de los proveedores o contratistas favorecidos, así como la delimitación de a lo que corresponden los pedidos fue omitido en las auditorías, esta última identificada con el número 1057.

La segunda inconsistencia, por la que se demandan 4 millones 56 mil 58 pesos, es por la adquisición de 46 piezas de medicamentos con clave 010.000.5117.00 y 11 piezas de medicamentos con clave 010.000.5107.00, de los que no se acreditó el suministro al Hospital General Pachuca ni a sus pacientes, más la compra de cuatro refrigeradores que no están en operación,

La tercera, de 22 millones 372 mil 865.20 pesos, es por los servicios de arrendamiento de cien vehículos para diferentes unidades médicas y jurisdicciones sanitarias de los Servicios de Salud de Hidalgo, “de los que no se acreditó que fueron entregados en el lugar y fecha estipulados en el contrato, no se presentó la documentación que acredite las condiciones físicas que tenían al momento de su supuesta entrega, ni que fuera distribuidas a las diferentes unidades médicas y jurisdicciones sanitarias”. Tampoco se presentó la documentación que compruebe la prestación de los servicios.

La cuarta y quinta reclamación están asociadas con pagos formalizado por conceptos de compensaciones adicionales por servicios especiales, ayuda de despensa, asignación bruta, previsión social múltiple, ayuda para gastos de actualización y enteros de aportaciones patronales del personal formalizado y regularizado, que correspondieron al ejercicio fiscal 2021, pero pagados con recursos del fondo de 2022 (14 millones 412 mil 891.92 pesos) y por el saldo al 31 de marzo de 2023 de una cuenta bancaria pagadora de los Servicios de Salud de Hidalgo que se utilizó para los pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2022 por concepto de servicios personales, del que no se acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación (499 mil 669.80 pesos).

En la auditoría 1063, el órgano fiscalizador también observó 70 millones 101 mil 385.40 pesos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.

De éstos, un millón 243 mil 764.99 pesos son por material suministrado que no corresponde con los datos proporcionados por los Servicios de Salud de Hidalgo y un expediente que no fue localizado, por lo que no se contó con mecanismos de control, guarda y custodia adecuados para el correcto manejo, aplicación y pago de los materiales de osteosíntesis adquiridos.

Los otros 68 millones 857 mil 620.41 pesos se deben al pago de productos químicos y reactivos de laboratorio (contratos números PQB016-2022, PQB-017-2022, PQB-023-2022, PQB-025-2022) de los que no se proporcionó la documentación que permita validar la correcta entrega de los bienes por parte del proveedor.