CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace 23 años, Lilia Alejandra García Andrade salió de su vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua, para ser descubierta sin vida siete días después sin vida, desnuda, con señales de abuso sexual y tortura.

Hoy, su madre Norma Andrade sigue en búsqueda de justicia, logrando elevar el caso de Lilia Alejandra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), con la esperanza de que “se castigue a los verdaderos responsables y a las autoridades corruptas, pero lo más importante, que se tenga una sentencia que obligue al Estado mexicano a crear  una política de prevención, para evitar más desapariciones de mujeres y niñas, para que las jóvenes sean libres de salir a la calle, ir a bailes, vestidas como quieran a la hora que quieran, sin miedo a no regresar”.

Acompañada de sus abogados, Karla Michel Salas y David Peña, del Grupo de Acción por la Justicia y los Derechos Humanos, Andrade dio el inicio a una campaña que durará siete días, los mismos que hace 23 años vivió en busca de su hija que entonces tenía 17 años, para visibilizar el caso que el 28 de diciembre fue enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la CoIDH.

“Lo que busco es que ya no haya más mujeres ni niñas secuestradas, violadas y asesinadas, porque si antes había dos feminicidios al día, hoy hay once, quiero que esto pare”, dijo Norma en conferencia de prensa.

Tras resaltar que el caso de su hija sigue abierto, la también defensora que ha sido víctima de dos atentados contra su vida, alertó que la Fiscalía del Estado de Chihuahua ha optado por la “fabricación de un chivo expiatorio” para tratar de cerrar el caso, al presentar como presunto responsable de la muerte de su hija a Manuel “N”, a quien no le han podido comprobar su autoría en el crimen.

“En el caso de mi hija, se localizaron tres perfiles genéticos, uno por vía del semen hallado en su cuerpo, otro en las uñas y otro en las sábanas en las que fue envuelta, y hasta ahora la Fiscalía de Chihuahua no ha logrado tener una muestra genética de Manuel para demostrar su participación”, apuntó Andrade, quien responsabilizó al ex gobernador Javier Corral de las anomalías en la investigación.

Años de lucha

Norma Andrade hizo un recuento de su lucha, que inició en febrero de 2001 cuando su hija se convirtió en la víctima de feminicidio número 268 en Ciudad Juárez, localidad fronteriza reconocida por la violencia extrema contra las mujeres que dio lugar a la primera sentencia de la CoIDH por los feminicidios, el caso de Campo Algodonero, resolución que “no se ha cumplido”.

 Agregó en que una de sus expectativas es que la Corte se pronuncie a favor de los huérfanos de víctimas de feminicidios, toda vez que a ella le tocó enfrentarse a una serie de problemas de tipo legal y administrativo para atender a los dos  hijos de Lilia Alejandra, que en ese entonces eran bebés de un año y 9 meses.

“Espero que la Corte también obligue al Estado mexicano a que se le de atención a los niños y niñas que han quedado en orfandad tras el asesinato de sus madres, porque ni siquiera hay un censo de esos huérfanos y mucho menos una política pública para protegerlos”, señaló la defensora.

La decisión de la CIDH de elevar el caso de Lilia Alejandra al tribunal regional deriva de la falta de cumplimiento del Estado mexicano de las recomendaciones formuladas hace casi tres años en el informe de fondo 266/21, a pesar de que el gobierno de México interpuso ocho prórrogas para atenderlas.

Karla Michel Salas y David Peña explicaron el largo proceso que ha llevado a Andrade a llevar el caso ante el tribunal interamericano, que esperan convoque a audiencia pública a principios de 2025.

Tercer caso de feminicidio en la CoIDH

Los abogados recordaron que el caso de Lilia Alejandra  es el tercero relacionado con feminicidios llevado a la CoIDH –los otros dos son el de Campo Algodonero y de la defensora Digna Ochoa y Plácido– por lo que esperan que los jueces regionales se pronuncien sobre la responsabilidad del Estado mexicano en no garantizar la vida y la integridad de las mujeres, a pesar de la sentencia de Campo Algodonero, lo que derivó en la creación de leyes e instituciones-

Descartaron que haya feminicidas seriales, sino que se trata de condiciones estructurales, “responsabilidad de autoridades por complicidad u omisión que protegen a los perpetradores, porque las pruebas genéticas en el caso de Lilia han demostrado que sus victimarios estuvieron involucrados en al menos otros cuatro casos, entre 1995 y 2005, en que las mujeres fueron secuestradas, violadas, asesinadas y expuestas en vía pública”, puntualizó Salas.

Al señalar que se busca que la CoIDH determine que la “la violencia sexual que sufren muchas de las mujeres constituye un acto de tortura, no importa que sea cometida por un particular, porque es responsabilidad del Estado prevenir la violencia contra las mujeres”.

De la misma manera, los defensores consideraron que será muy importante lo que diga la CoIDH en torno a los dos intentos de asesinato que sufrió Norma Andrade que evidencia el riesgo que corren las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos y exigen justicia.