CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con una herencia de tres mil 408 agresiones a periodistas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, (de las cuales 47 fueron asesinatos, según la organización Artículo 19); 225 defensores de derechos humanos asesinados y 27 desaparecidos, víctimas que se suman a las 119 mil 622 personas desaparecidas en todo el país (de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas), el gobierno de Claudia Sheinbaum navega en la indefinición de qué acciones tomará para enfrentar la crisis humanitaria que arrastra México hace tres administraciones.

Por lo pronto, por decisiones tomadas en su gabinete y en el presupuesto destinado a atender esas problemáticas, y más aún con la decisión de su partido Morena de mantener a Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el primer año de la presidenta Sheinbaum se decanta por la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La prueba más clara de esa continuidad se manifiesta en el presupuesto propuesto por el gobierno de Sheinbaum en materia de derechos humanos, tendiente a “administrar” los problemas más que atenderlos. Y en este contexto, persisten dos sectores muy vulnerados durante décadas, el de defensores de derechos humanos y periodistas.

De acuerdo con el monitoreo Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), en su informe “Todos los nombres, todas las luchas”, contabilizó 225 asesinatos y 27 desapariciones de defensores de derechos humanos durante la gestión de López Obrador. Del total, EDUCA considera que 42 casos corresponden a ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Estado mexicano, mientras que víctimas fueron en 94 casos defensores del medio ambiente y 85 de derechos políticos, lo que representa 80% de los asesinatos documentados.

En tanto que organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) calculan que durante el obradorato 50 periodistas fueron asesinados, y dos durante los primeros días del gobierno de Sheinbaum. Artículo 19 documentó además tres mil agresiones a comunicadores durante el sexenio pasado.

A unos días de que se defina el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el Centro e Análisis e Investigación Fundar ha alertado sobre recortes en materia de derechos humanos en su reciente informe “Nuevas propuestas, menos presupuestos”, en el que analiza la propuesta presupuestal del gobierno de Sheinbaum para 2025.

“Lo que vemos como grave es que hay un riesgo de que la política en materia de derechos humanos quiera administrar las problemáticas y no atacarlas directamente”, alerta Ángel Ruiz Tovar, uno de los autores del documento.

El investigador reconoce que los recortes en distintas áreas destinadas a la protección, promoción y defensa de derechos humanos oscilan entre el 4 y 5%, cuando mucho en 10%, lo que revela que los titulares de las unidades “no calcularon la inflación al momento de solicitar su presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es decir, en sus estimaciones ni siquiera están contabilizando realmente cuáles va a ser las necesidades que van a tener en 2025”.

Recortes

Entre ese tipo de presupuestos se ubicaría lo contemplado para la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que en 2024 tuvo un presupuesto de 624.9 millones de pesos, y para 2025 sería de 598.4 millones de pesos, una reducción de 4.27 por ciento.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también sufría un recorte de 4.11%, al pasar de mil 796 millones de pesos en 2024 a mil 722 millones de pesos para 2025.

Un caso emblemático destacado por Fundar es el presupuesto propuesto para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de 3.6% en términos reales, y de 0.4% para la partida Ayudas Sociales a Personas.

Para este último fondo, cabe destacar que la reducción estaría en contra de una sentencia el 21 de agosto de este año, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordena a los poderes Legislativo y Ejecutivo destinar al menos el 0.014% del gasto programable de la federación para la partida de Ayudas Sociales a Personas, dentro del presupuesto de la CEAV.

En apego al amparo litigado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, para 2025 se tendría que destinar 909 millones de pesos, pero la propuesta de Sheinbaum contempla para el rubro de Ayudas Sociales sólo 658 millones de pesos, 251 millones de pesos menos para la atención a víctimas.

Otro ejemplo revelador es la disminución de 8.11% en términos reales contemplado para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para 2025, al pasar de mil 199 millones de pesos destinados para 2024, a mil 102 millones de pesos para 2025.

Si se desglosa de lo contemplado para la CNB para el año próximo, Fundar detalla que para la operación del organismo a nivel federal, la reducción propuesta es de 19.67% respecto a 2024, año en que se destinaron 307 millones de pesos y para 2025 se programan 247 millones.

En el caso de los subsidios a las comisiones estatales de búsqueda, el recorte representa 4.12% respecto a 2024, cuando se destinaron 891 millones de pesos, y para el año próximo se programan 854 millones de pesos.

No entienden cómo funcionan los recursos

“Vemos poco análisis por parte del Estado mexicano de comprender la lógica de cómo funcionan los recursos para diferentes usos, para identificación, para localización de personas, para restitución, para protección de personas defensoras. Ahí la batalla perdida es con la CNDH, porque para la administración de Rosario Piedra, muy claramente el objetivo es que con menos recursos hacen más”, señala Ángel Ruiz Tovar.

Abunda que en temas de atención a víctimas y a la protección de defensoras y periodistas, el presupuesto “siempre tiene que ir aumentando, pero no ves esa lógica, sino que es ‘quédate con eso y la institución trabaja con lo que pueda’, y ahí es donde vemos la lógica de administración de los problemas, donde no hay un análisis diferenciado de las necesidades presupuestarias de cada institución para la atención de derechos humanos”.

Para Ruiz Tovar, al ser una propuesta presupuestaria acordada entre dos administraciones, la de López Obrador y la de Sheinbaum, “es difícil evaluar cuál es la política de la presidenta en materia de derechos humanos”, por lo pronto “sí hay más compenetración entre la narrativa de minimizar la problemática y la manera en la cual esto se traduce en los presupuestos”.

Purga de personal capacitado

En esta visión de “administrar” los problemas se podría ubicar la purga que se ha hecho de servidores públicos capacitados para atender agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Sólo durante el sexenio pasado, el monitoreo Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), en su informe “Todos los nombres, todas las luchas”, contabilizó 225 asesinatos y 27 desapariciones de defensores de derechos humanos durante la gestión de López Obrador.

Del total, EDUCA considera que 42 casos corresponden a ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Estado mexicano, mientras que víctimas fueron en 94 casos defensores del medio ambiente y 85 de derechos políticos, lo que representa 80% de los asesinatos documentados.

Denuncian atención inadecuada a víctimas

Denuncias de exempleados del Mecanismo de Protección alertan sobre una respuesta inadecuada ante la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas.

El 14 de noviembre último, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas recibió una carta firmada por personal despedido de forma injustificada por la directora del Mecanismo, Tobyanne Ledesma Rivera, quien el 25 de septiembre último había pedido a 17 personas que renunciaran a su cargo para acatar una instrucción del subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Arturo Medina Padilla, como un “acto de lealtad al equipo que llegaba, a la nueva presidenta y a la nueva secretaria de Gobernación”, Rosa Icela Rodríguez.

De acuerdo con la misiva, de la que Proceso tiene copia, Ledesma aseguró que ella y su equipo cercano ya habían renunciado, por lo que pedía a los presentes que hicieran lo mismo. Uno de los trabajadores preguntó a uno de los funcionarios si detrás de la solicitud de renuncia estaba el desempeño laboral, lo que fue negado por la funcionaria.

“No, es un acto de lealtad institucional. No tiene relación con la labor que realizan, esto es un acto voluntario, por lo que quienes quieran firmar se pueden quedar y quienes no les pido que se retiren”, dijo Ledesma a los asistentes, entre ellos analistas de riesgo y responsables de área de Registro de beneficiarios y de monitoreo de situación de derechos humanos, con más de cinco años de experiencia y con capacitación en protección de personas defensoras y periodistas.

De acuerdo con la misiva, la mayoría de los convocados a la reunión del 25 de septiembre no aceptó renunciar, por lo que fueron hostigados por sus superiores e instados a “pedirle perdón a Tobyanne Ledesma Rivera, y que le hicieran saber que se habían equivocado al no firmar la renuncia”.

El 31 de octubre seis analistas fueron cesados, cinco de los cuales formaban parte del servicio profesional de carrera, es decir, habían ingresado mediante concurso de conocimientos a la Secretaría de Gobernación, y que contaban con certificaciones de la Secretaría de la Función Pública para ejercer sus cargos por al menos cinco años más.

De acuerdo con la narración, los ceses firmados por el coordinador ejecutivo Nacional del Mecanismo, Froylán Enciso, y la directora Tobyanne Ledesma, estaban fundamentados en la “pérdida de confianza”.

Sin embargo, recuerdan que horas antes de su cese los despedidos fungieron como “analistas y relatores de las mesas de trabajo” de la 137 Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo, en la que se abordaron 63 casos de personas defensoras de derechos humanos, y hasta se tomaron una foto con la secretaria de Gobernación, imagen que fue subida a las redes sociales de la dependencia.

“Nos preguntamos si de antemano ya nos habían perdido la confianza, desde cuándo fue y por qué se nos permitió estar” en la junta de gobierno, alertan los exempleados, que en cuanto fueron notificados de su cese fueron sacados de las instalaciones del Mecanismo, custodiados por personal de Protección Federal “hasta las puertas de la instalación, donde se encontraban los coordinadores de área, Ricardo Alonso Pavón Marín y William Arturo Hernández Alcocer”, para verificar su salida.

“Cabe mencionar que a la fecha no se ha dado un cambio de administración como lo manejó la directora y ninguna de las personas que llegaron como parte de su equipo ha sido despedida, lo cual nos indica que seguimos siendo parte de un sistema que se maneja por meros intereses políticos, sin tomar en cuenta la especialización de las personas encargadas de estar al frente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la falta de personal”, señalan los extrabajadores, algunos de ellos decididos a proceder ante las instancias laborales al considerar que sus ceses fueron despidos injustificados.

Después de esos despidos vendrían otros dos más, así como separaciones voluntarias, debido a que se modificaron las condiciones laborales, pues los empleados pasaron de ser eventuales, sometidos a firmas de contrato cada tres meses, a ser prestadores de servicios profesionales para cobrar salarios por honorarios, sin ningún tipo de prestación social y con considerables disminuciones de ingresos, algunos de hasta 8 mil pesos al mes.

Falta de funcionarios capacitados

Proceso tuvo oportunidad de entrevistar a unos exfuncionarios del Mecanismo que pidieron anonimato por temor a represalias o ser boletinados en el servicio público, donde muchos de ellos buscan recolocarse por contar con estudios de maestría o doctorado en Derecho, o bien por recomendación de sus abogados que buscan evitar que la publicación de su nombre sea un obstáculo para los litigios laborales emprendidos contra la Secretaría de Gobernación.

En conversaciones por separado, coinciden en manifestar su preocupación por la falta de capacitación de los funcionarios responsables de las distintas áreas, y de que sólo quedaron cuatro personas como analistas para atender los casos y a los cerca de mil 800 beneficiarios inscritos en el Mecanismo de Protección, y que no hay un control de calidad de los análisis de riesgo de los beneficiarios ni de las medidas de protección.

De acuerdo con los entrevistados, las condiciones laborales del Mecanismo no han sido fáciles, sobre todo porque desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se desempeñan bajo la incertidumbre de continuar en sus cargos por estar sometidos, primero, a contratos semestrales, después trimestrales y ahora por honorarios, además de que no tienen horarios definidos. Las situación laboral empeoró, señalan, con la llegada de Tobyanne Ledesma y Froylán Enciso, titular de la Unidad de Derechos Humanos, en noviembre de 2023.

Ledesma fue responsable del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras y Periodistas en la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la CDMX, y antes fue diputada de la Asamblea Constituyente de la capital, militante de Morena y activista de Poder Prieto, un movimiento contra la discriminación de las personas morenas en distintos ámbitos de la vida cultural y política del país.

Froylán Enciso ha sido colaborador de Rosa Icela Rodríguez desde que encabezaba la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y fue analista en temas de seguridad pública.

Recorte de coordinadores

Según la información recabada, los primeros recortes en el Mecanismo, que contaba con una plantilla de al menos 40 personas, ocurrieron en diciembre de 2023, cuando se “cortaron las cabezas de las coordinaciones” para colocar a personal de confianza de Tobyane Ledesma y de Froylán Enciso.

En marzo de 2024 ocurriría otro recorte, así como renuncias, sobre todo de mujeres “que se sintieron acosadas por el equipo de Tobyanne, que paradójicamente se dicen feministas, que crearon una cosa que se llama Equipa, supuestamente para detener el acoso, pero que sólo lo ha solapado”.

En septiembre se negaron renovaciones de contratos y en octubre ocurrieron los ceses y renuncias de analistas, en tanto que se prevén otros despidos en diciembre, espacios que han sido liberados “porque se dice que la secretaria (Rosa Icela Rodríguez) necesita acomodar a mucha de su gente, principalmente militantes de Morena”.

Entre las denuncias recabadas destacan la falta de conocimiento de la realización de análisis de riesgo por parte del coordinador de esa área, Óscar Jácome: “No sabe hacer evaluaciones, sus mayores correcciones son de ortografía o de presentación de la documentación, no del fondo de las medidas de protección”.

El coordinador del área de seguimiento, Ricardo Pavón Marín, “no sabe hacer análisis ni dar seguimiento a casos. A las tres de la tarde se va de la oficina, no contesta el teléfono los fines de semana, y si hay una urgencia nosotros, como analistas, no podemos hacer nada sin su autorización”.

Asimismo se evita abordar evaluaciones de riesgo en casos problemáticos, “por ejemplo en casos de defensores indígenas que requieren traductor”; deciden atender “sólo casos mediáticos, desdeñando casos graves, sobre todo los que implican a defensores del territorio e indígenas”. Evitan dar seguimiento a casos controvertidos, incluso aquellos que estaban siendo abordados por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Están nadando de a muertito”, acusan.

“Nosotros como quiera vamos a acomodarnos en algún lado, pero los beneficiarios se quedan vulnerables. Hay un rezago de evaluaciones de seguimiento desde 2020”, cuenta un exanalista.

De acuerdo con los exanalistas, además de no tener horarios fijos de trabajo, a partir de la llegada de Tobyanne al Mecanismo “se acabaron los viáticos por adelantado, a pesar de que cada mes se asignan viajes para realizar análisis de riesgo, por cierto sin una coordinación clara, obligándonos a sobregirar nuestras tarjetas de crédito, y la mayoría de las veces no nos pagaban en su totalidad lo que gastábamos, pagábamos por trabajar”.

Silvia Chica Rinckoar, presidenta del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, respecto a la carta recibida, señaló que de manera oficial se informó en la Junta de Gobierno que sólo seis analistas habían sido cesados, que representan “cerca de la mitad del equipo de analistas de riesgo”.

Al reconocer que es facultad de los responsables de la Subsecretaría de Derechos Humanos “armar los equipos que a ellos les parezca conveniente”, la también directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), destaca que lo ideal sería tener personal capacitado para ejercer el cargo de analistas, “porque hablamos de que hay vidas de por medio”.

La defensora cuenta que han solicitado información oficial sobre el rezago de evaluaciones de seguimiento, sin que hasta ahora les hayan respondido, pero el Consejo calcula que “de cada diez casos, sólo tres han tenido esas evaluaciones de riesgo y siete se quedan sin ellas”.

Al recordar que desde 2018 se han incorporado decenas de beneficiarios al Mecanismo, que rozan los mil 800 entre periodistas y defensores de derechos humanos, no ha correspondido “en la misma medida” la contratación de personal capacitado, aunado a que “no hay como una metodología acorde que pueda garantizar hacer todas las reevaluaciones en el año que se deberían hacer”.

Carencias han cobrado vidas

Como defensora de derechos humanos, Silvia Chica alerta que más allá de los números, lo cierto es que la falta de evaluaciones de seguimiento ha cobrado vidas.

“Esto es delicado, porque las personas que han sido asesinadas o desaparecidas y que tenían protección, son personas que ya estaban incorporadas al Mecanismo, y no tengo un número exacto, como Consejo no tenemos un histórico. Hasta el momento no nos han dado ese dato”, confía.

En los dos años que lleva dentro del Mecanismo, Chica Rinckoar recuerda tres ejemplos de casos graves de personas incorporadas al Mecanismo, ocurridos en 2023: el de Ricardo Lagunes, desaparecido en la frontera entre Colima y Michoacán, en enero; el asesinato del periodista Alejandro Martínez Noguez, en agosto, en Celaya, Guanajuato, y la desaparición y posterior localización sin vida del defensor indígena del medio ambiente Higinio Trinidad de la Cruz, en noviembre, en Jalisco.

“El seguimiento y las revaluaciones del riesgo no se habían hecho en tiempo y forma, y eso complica, porque cuando hablo de seguimiento, hablo del contacto directo de la persona con el beneficiario para saber en qué está, cómo está, cómo le va con las medidas de protección”, resalta.

En el caso de Ricardo Lagunes, dice, “no se sabía que él se iba a desplazar ni dónde”, y en el del periodista de Guanajuato, “no se había hecho una buena coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales para entender bien cómo darle la medida de protección, y esos casos son graves, son en donde el Mecanismo falla, por eso es tan importante abatir el rezago de las reevaluaciones”.

Al destacar que como Consejo Consultivo se enfrentan al “voto en bloque” de autoridades y de la representación de la CNDH para aprobar o desechar medidas de protección, limitando la actuación de los defensores, Silva Chica considera que uno de los principales retos del Mecanismo de Protección es tener personal altamente capacitado para hacer análisis de riesgo.

“Los analistas de riesgo son el corazón del Mecanismo, son personas que deben tener los más altos estándares, los mejores perfiles, la mejor experiencia en atención de casos en diversos territorios, con diversas poblaciones. Estas personas que se desplazan donde están las personas beneficiarias, necesitan condiciones que les den seguridad, por eso uno de los retos que tiene esta administración es generar esas condiciones”, puntualiza.

Agrega que para mejorar la actuación del Mecanismo de Protección, reconocido internacionalmente, se deben realizar las evaluaciones de seguimiento, que permiten tener más información para actuar y prevenir, o sea, proteger realmente a tiempo y evitar que haya agresiones contra la vida, libertad, integridad y seguridad de los beneficiarios”.

También se debe considerar “la vinculación con sociedad civil, y digamos que el diálogo permanente con organizaciones, con medios, con periodistas”, y “lograr una efectiva coordinación entre las autoridades que les toca responder en lo federal, estatal y municipal, para garantizar de manera oportuna y eficiente la integridad de personas defensoras y periodistas”, concluye Silvia Chica.