SALTILLO, Coah. (apro).- Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas de diversas entidades, quienes se reunieron en Saltillo, afirmaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador deja una deuda muy grande por las omisiones en su gobierno en los temas de desplazamiento y situación de la niñez y juventud en comunidades indígenas, así como en los casos de desaparición.

En la capital de Coahuila se desarrolló el Foro “La resistencia desde la esperanza para una vida digna”, el cual organizó el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios dentro de las actividades, con motivo de los 20 años de su fundación y en el que participaron la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, Dora Lilia Roblero García; Ixchel Teresa Mireles Rodríguez, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, así como Ofelia Medina Torres, fundadora del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FISANIM), entre otros organismos.

“López Obrador se va con una gran deuda que han ido sumando todos los presidentes que han pasado, pero él deja una grande a toda la violencia que se vive porque Chiapas es el reflejo que se vive en México. Al presidente y al gobernador de Chiapas les hemos hecho llegar toda la información necesaria para que actúen y que necesitan para investigar y lo único que han hecho, en La Mañanera es descalificar el trabajo del FRAYBA”, afirmó Roblero García.

La presidenta del Frayba señaló que este fin de semana serían desplazadas alrededor de 50 familias de una comunidad que no mencionó por cuestiones de seguridad, pero dijo que estos casos son minimizados por el presidente que termina su mandato el próximo 30 de septiembre y el que se caracterizó por su silencio y no actuación contra el crimen organizado, mientras que en su lugar ataca y desacredita a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Afirmó que lo que ocurre hoy en Chiapas es lo que han vivido entidades como Coahuila y las autoridades federales pudieron impedir el ingreso del crimen organizado para evitar situaciones como las que se registran ahora en materia de desaparición y desplazamiento por la violencia.

“Estamos aprendiendo porque es un tema que desafortunadamente, con toda la presencia del crimen organizado, no manejamos una estadística de cuántos son porque muchos se quedan fuera y hay muchísima gente desaparecida. Chiapas vive una situación de esclavitud; la gente que sale tarda horas de camino porque deben rodear y no poner en riesgo su vida”, dijo.

Y agregó que López Obrador deja una deuda “al omitir y ser cómplice de este silencio, y que se va a quedar así porque él ya va de salida”, y que desde el Frayba “hemos señalado su responsabilidad en el abandono que tiene al estado ante toda la violencia en los pueblos originarios”.

En tanto, Medina Torres señaló que López Obrador deja un país catastrófico al servicio del narcotráfico que ha eliminado posibilidades de un mejor futuro para la niñez y juventud, principalmente en estados del centro y sur de México.

Dijo que el gobierno de Claudia Sheinbaum debe hacer un diagnóstico y reconocer los problemas y como ejemplo, mencionó que en el sur del país no hubo cosechas y se estará en una emergencia alimentaria y por ello en las comunidades de ese país la niñez tiene graves problemas de desnutrición y con enfermedades de diabetes.

“Los últimos seis años han sido catastróficos porque primero que nada no se reconoce el problema para resolverlo, pero según nuestros gobernantes estamos a toda madre y según ellos no hay problemas, pero tenemos al narcotráfico operando en complicidad con los gobiernos”, señaló.

Lamentó que la población esté a merced del narco, mientras que el gobierno federal no escucha ni quiere ver el saldo de sangre y la pobreza en las comunidades.

“Es una cuestión muy grave porque los jóvenes no tienen educación y no tienen futuro y entonces migran porque no hay para comer. En Chiapas hay comunidades completas que salen porque prefieren pasar todo el horror que van a pasar a quedarse ahí y ser víctimas del narcotráfico. También en Oaxaca y Guerrero llegan y se llevan a los jóvenes y los desaparecen. No hay opciones para que tengan acceso a un trabajo que no sea esclavizado”, agregó.

Por su parte, la representante de Fuundec (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila), esposa de Héctor Armando Tapia Osorio, desaparecido en el 2010 al sacar sacado de su domicilio en Torreón, manifestó que las familias de personas desaparecidas se dieron cuenta que no se busca a sus seres queridos y que en reuniones las autoridades reconocen que el crimen organizado está más armado y los ha rebasado.

“Como colectivo quisiéramos que nos dijeran la verdad: ‘como gobierno no pudimos; los criminales están más armados que nosotros’, pero no lo dejan por escrito, es nomás hablado. (Quisiéramos) que se conozca a nivel internacional que está fuera de las manos encontrar la verdad de los nuestros y que México en muchas cosas está perdiendo el control de gobierno”, expresó.

Dijo que no se trata de voluntad política, porque los mandatarios a nivel federal y estatal tienen facultades con las cuales debieran de proteger a la población y por eso dejan una gran deuda por no buscar a los desaparecidos y permitir el poder que tienen las organizaciones criminales.

Fernández Noroña: “No hay crisis de derechos humanos”.

Mientras que en una visita a la entidad el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, señaló que no comparte esa opinión porque el mandatario federal no ha propiciado crisis de derechos humanos.

Fernández Noroña terminó en Saltillo su gira de trabajo en la Alameda Zaragoza, donde dijo que se cumplió con la democratización del Poder Judicial, al haber aprobado la reforma constitucional.

El senador fue entrevistado en rueda de prensa sobre la postura de las organizaciones y minimizó las demandas y señalamientos a López Obrador.

“Yo respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Yo creo que sí ha habido un gobierno que se ha preocupado por el pueblo; los pueblos originarios y los pueblos indígenas. No ha habido un solo acto de represión en el gobierno del compañero presidente López Obrador”, respondió escuetamente y luego se refirió a las críticas que el expresidente Ernesto Zedillo hizo, pero recordó que en su gobierno ocurrió la masacre de Acteal.