CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Académicos, investigadores e integrantes de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el traslado de las funciones de organismos que hacían evaluación educativa a la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que pidieron al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo presentar “en el corto plazo” un Plan Integral para realizar esa tarea. 

En un pronunciamiento difundido en el portal de internet especializado en temas de educación, “Educación Futura”, aseguraron que la aprobación hecha por los legisladores de la reforma del marco jurídico sobre la evaluación educativa plantea “un reto muy importante en el presente para que este cambio de estructuras y atribuciones no se traduzca en un empobrecimiento en la producción de la información del sistema educativo o en la falta de confiabilidad de los procesos e instrumentos para medir y evaluar la educación”. 

Recordaron que al magisterio, especialistas y organizaciones civiles les tomó dos décadas construir un sistema de evaluación “sólido, confiable, oportuno y transparente” para dar credibilidad a los reportes de avances y resultados del Sistema Educativo Nacional. 

Se refirieron a la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

Entonces, afirmaron: “Preocupa que la decisión de trasladar estas funciones a la SEP no garantice ni la eficiencia ni la eficacia en el manejo de los recursos, pero tampoco la solidez técnica y pedagógica en la elaboración de instrumentos de medición y evaluación”. 

Además, alertaron, “la transparencia y pertinencia cultural en la diversidad del país y del ritmo y estilo de aprendizaje de niñas y niños, requiere de una serie de acuerdos y acciones concertadas y decididas para avanzar un paso adelante”. 

Por ello, llamaron a la Presidencia de la República y a la SEP “para que se integre un área de evaluación educativa que abone a valorar adecuadamente el esfuerzo de cada escuela y entidad, y a articular y ajustar la política pública para que se puedan proponer metas viables, siempre susceptibles de monitoreo”. 

Además, solicitaron a la dependencia a cargo de Mario Delgado que, “en el corto plazo, presente un Plan Nacional para la integración de las tareas de evaluación para la mejora, verificadas con la máxima responsabilidad por lo logrado y con el máximo profesionalismo para servir a niñas y niños”. 

Los firmantes insistieron en que “el derecho a aprender requiere de una política de Estado que articule distintos instrumentos de política educativa, incluida una evaluación ágil, pertinente, respetuosa y orientada a alcanzar la zona próxima de desarrollo de cada persona estudiante”.   

Propuestas 

En el documento difundido el pasado lunes 25, los firmantes se pronunciaron por cuatro puntos específicos: 

-El rediseño en la SEP de una Dirección de Evaluación con los perfiles técnicos y alcance adecuados, austero, pero no subfinanciado, y donde se combine el rigor con la cercanía a las situaciones reales de aula y territorio. 

-Hacer una convocatoria desde la SEP para que distintas instituciones de educación superior, de la academia, colegios de especialistas, organizaciones de sociedad civil, docentes y familias, opinen y se involucren, como áreas consultivas y consejos, en las tareas de diseño e implementación de la evaluación educativa, sin conformar una asamblea masiva y decorativa, sino una auténtica fuerza que apoye continuamente al gobierno federal. 

-Que en las nuevas definiciones para la evaluación educativa se incorpore plenamente a todas las entidades federativas y los distintos tipos y modalidades educativas, para recuperar, resguardar y potenciar sus sistemas y experiencias de evaluación. 

-Reconocer que el sentido de evaluación es apuntalar el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes, lo que implica contemplar como parte imprescindible para esta nueva etapa la inclusión de la voz y opinión de las y los alumnos mismos. 

Los especialistas destacaron que la evaluación sirve, no sólo para las decisiones de gestión, sino para que los docentes tengan referentes de las habilidades presentes y del potencial de sus alumnos, y ajustar su práctica a sus necesidades actuales. 

También permite, agregaron, que las autoridades y actores educativos emprendan las propuestas, correcciones y decisiones que fortalezcan el derecho a la educación. Las familias puedan involucrarse y apoyar el proceso de sus hijas e hijos según su etapa de desarrollo y madurez. La niñez y adolescencia misma tomen protagonismo y autoeficacia en su trayectoria escolar. 

Entonces, manifestaron su compromiso y ánimo de colaboración para hallar soluciones y propuestas acordes al contexto del país y a la coyuntura. 

El pronunciamiento completo y los firmantes se pueden consultar en la siguiente liga: Pronunciamiento sobre la necesidad de contar con una evaluación educativa que abone a la garantía del derecho a la educación