CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los cinco años de Francisco Garduño Yáñez al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) estuvieron marcados por un desbordamiento de las violaciones graves a los derechos humanos de migrantes –incluyendo el incendio trágico del centro de detención de Ciudad Juárez--, una política de contención masiva y militarizada, e irregularidades multimillonarias en la gestión de los recursos del instituto.

Protegido durante cinco años por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Garduño cederá su cargo al frente del INM al gobernador poblano Sergio Salomón Céspedes, quien fue designado hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para encabezar su política migratoria.

Su retiro de la administración no debería implicar su desaparición de la vida pública del país: el hombre de 76 años sigue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023. Ese día, los custodios abandonaron a los migrantes encerrados en sus celdas a merced del fuego; 40 personas fallecieron y 27 resultaron heridas.

En dos ocasiones, Garduño trató de conseguir suspensiones condicionales de su proceso penal a cambio de un pago a las víctimas, quienes han rechazado su oferta. Apenas en agosto pasado, la Fundación para la Justicia y el estado Democrático de Derecho aseveró que la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) buscó convencer a víctimas de aceptar el trato, que habría liberado a Garduño de sus responsabilidades en una de las peores tragedias ocurrida en materia migratoria en México.

López Obrador nombró a Garduño al frente del INM en el verano de 2019, con la instrucción de impedir el paso por México a cientos de miles de migrantes de la región, como producto de un acuerdo con el gobierno estadunidense de Donald Trump. Con la ayuda de miles de soldados de la Guardia Nacional y con mandos militares al frente de delegaciones del INM en los estados, Garduño puso en marcha la estrategia de contención migratoria más dura en la historia reciente del país, con 2 millones 497 mil detenciones reportadas entre julio de 2019 y julio de 2024.

El endurecimiento de la política migratoria llevado a cabo por Garduño dejó un legado pesado en el INM, que bajo su gestión se volvió una de las principales instituciones denunciadas por abusos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con 5 mil 596 quejas registradas entre enero de 2019 y el pasado 28 de agosto. Apenas el pasado 1º de octubre, soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dispararon contra una camioneta con 33 migrantes a bordo, y mataron a seis.

Además de las violaciones a los derechos humanos, la gestión de Garduño estuvo manchada por contrataciones irregulares y desvíos millonarios de recursos públicos en empresas fantasmas, que su equipo pretendió ocultar bajo el pretexto de la seguridad nacional.

En noviembre de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer una serie de transacciones inexplicables llevadas a cabo por Garduño y su equipo al frente del INM, que incluían contrataciones por 324 millones de pesos a una red de compañías de Uri Emmanuel Ansbacher, el empresario de origen israelí que vendió el spyware Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto y al de Andrés Manuel López Obrador. De este monto, 230 millones de pesos terminaron en 26 empresas de papel, determinó la ASF.

Dos años más tarde, el ente fiscalizador detectó otra serie de contratos multimillonarios, adjudicados de manera directa a empresas de seguridad privada sospechosas –con escasos trabajadores registrados y domicilios fiscales en inmuebles desocupados--, para vigilar los centros de detención, y con una empresa señalada por corrupción –Constructora Mayrán de San Pedro, S.A. de C.V.-- para equipar y remodelar las instalaciones de la dependencia en el país.