Del 28 de abril al 1 de mayo alcaldes de la Tierra Caliente, legisladores y funcionarios guerrerenses, así como burócratas y pequeños empresarios realizaron un insólito bloqueo de sus propias cabeceras municipales, en protesta contra los operativos de la Fiscalía General del Estado. Supuestamente exigían también ayuda ante amenazas y presiones del grupo delictivo Los Tlacos, rivales de la Familia Michoacana, que predomina en la región hasta el punto de imponer autoridades y los precios de productos básicos.

CHILPANCINGO, Gro.- A fines de abril y principios de este mes la Tierra Caliente de Guerrero vivió hechos inusitados: en siete municipios sus propias autoridades, apoyadas por legisladores de sus partidos (PRI, PRD y Morena) e incluso por funcionarios del gobierno de la morenista Evelyn Salgado, bloquearon accesos y salidas de las cabeceras durante tres días, en los que se mantuvo aislada a la población.

La protesta ocurrió en el corazón del dominio de la Familia Michoacana (FM) en el estado y terminó después de una reunión de la gobernadora con los funcionarios, en la que se tomaron acuerdos que se mantienen ocultos, pero que sirvieron para bajar la tensión que estos municipios viven por la pugna entre la organización michoacana y el grupo delictivo de Los Tlacos.

En términos oficiales, estas autoridades (siete de los nueve alcaldes de la región) estaban hartos "de abusos" de la Fiscalía General del Estado (FGE) e incómodos por los operativos de esta instancia en la zona, particularmente por el que resultó en el aseguramiento de vehículos de lujo señalados como propiedad de la FM.

"La presencia de la Familia Michoacana es innegable en la Tierra Caliente. Sus raíces son profundas, que resultan casi imposibles de erradicarlas. Son tantas", dice un hombre originario de la región que, por cuestiones profesionales, se mueve entre Chilpancingo, capital del estado, y Tierra Caliente. Le tocó pasar el bloqueo en su región, desde la tarde del viernes 28 de abril hasta la tarde del lunes 1 de mayo, porque la protesta le impidió salir.

La presencia de la Familia Michoacana en la Tierra Caliente está documentada en los informes del gobierno federal. Cuando era subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja señaló a ese grupo criminal como responsable de la masacre del 5 de octubre de 2022, en San Miguel Totolapan, donde asesinaron a 20 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeda.

El 27 de abril, un día antes de estos eventos, las autoridades municipales se reunieron con Evelyn Salgado en la sede del 34 Batallón de Infantería, en Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, donde -según información obtenida por Proceso- le pidieron ayuda a la gobernadora ante las presiones que les hicieron Los Tlacos, rivales de la FM que operan en las zonas mineras de la región Centro.

Una persona que estuvo en esa reunión -de la que oficialmente se omitieron los detalles- dijo que la gobernadora les reclamó a los alcaldes la presencia de otro grupo criminal en la región, que les imponía hasta los precios de los productos básicos, actividades que se asume son controladas por la Familia Michoacana.

La información oficial en la mayoría de los temas es escasa, sobre todo los que tienen que ver con violencia e inseguridad. Del caso de Tierra Caliente sólo hubo dos comunicados con generalidades que hablan de la disposición de diálogo de ambas partes, pero nada del fondo que los llevo a reunirse: el acoso de grupos criminales.

Una versión de lo que ahí se habló la dio el alcalde de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario, en su protesta desde el puente Riva Palacio, en el camino que conecta Guerrero con Michoacán, donde encabezaba uno de los bloqueos:

"Solamente recibimos por parte de la fiscalía atropellos, señalamientos hacia los diferentes presidentes, hacia toda la gente que estuvimos pidiendo el apoyo de la gobernadora", dijo al hablar de esa primera reunión.

El otro episodio fue el decomiso de autos de lujo -entre ellos un Lamborghini- que hizo la FGE el 28 de abril en una bodega de la colonia Tierra Blanca, Ciudad Altamirano, cuya propiedad se atribuyó a miembros de la FM. Los autos fueron trasladados a Chilpancingo el martes 2, al día siguiente de que se levantaron los bloqueos, en una caravana de la fiscalía fuertemente resguardada.

Control

Los bloqueos del 28 de abril en los accesos a las cabeceras municipales los comenzaron transportistas, se les sumaron los alcaldes y sus equipos, y legisladores, pero también llegaron maestros, personal de salud y comerciantes.

Participaron el alcalde perredista de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; la morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; los priistas de Arcelia, Bulmaro Torres Berrum; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Goicochea; la de Cutzamala, Mayté Lucero Arce Jaimes, y el de Pungarabato.

El perredista de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacio, se sumó después. También apoyó el diputado local del PRI, Adolfo Torales Catalán. La diputada local del PRD Elzy Camacho Pineda y el legislador federal del PRI Reynel Rodríguez Muñoz también respaldaron las acciones a través de comunicados.

El grueso de los actores políticos y sociales de la región estuvo ahí para crear una contención en defensa y protección de los intereses de un grupo que se mueve en la criminalidad y que dicta las reglas económicas y políticas de la región.

Participó también de esos actos el delegado de Servicios Educativos en Tierra Caliente, Taurino Vázquez Vázquez.

Habitantes denunciaron que el director del Hospital General de Coyuca de Catalán, Jexzael Sánchez Martínez, obligó al personal a acudir a los bloqueos. La jefa de ese funcionario es la titular de la Jurisdicción Sanitaria 01 de Tierra Caliente, Amalia Mora Eguiluz, exalcaldesa de Tlapehuala y hermana de la actual alcaldesa que participó directamente en los cierres de carreteras.

La familia Mora Eguiluz, de Tlalchapa, se han mantenido en los cargos públicos durante los últimos años. Ya fueron alcaldes los padres de ambas, Martín Mora y Guadalupe Eguiluz, y otra de las hijas, Celeste Mora, diputada local y secretaria de despacho.

La delegada estatal en Tierra Caliente, María Asunción Santamaría Jiménez, dijo en un video que circuló en redes sociales que ella acudió a los bloqueos y ayudó a los asistentes con víveres.

Un poblador de la zona, cuya identidad se reserva, dijo que se comunicó con el alcalde de Coyuca de Catalán para cuestionar su participación en la protesta y que éste sólo respondió: "¿Y qué quieres que haga?".

La comisaria municipal de El Durazno, Azucena Rosas García, asegura que el alcalde de Coyuca de Catalán actúa como un subordinado de la Familia Michoacana.

Cuenta que el año pasado tuvieron un conflicto en su pueblo porque el médico del centro de salud fue amenazado por gente de Timoteo García Valerio, El Garrobo, quien poco antes llegó a la comunidad como representante de la FM y levantó una casa de madera en una de las entradas del pueblo para vigilar y regular el flujo de los habitantes.

Otra vecina acudió al grupo criminal para acusar a un médico de negarse a atenderla. La comisaria denunció que, para expulsar al médico, lo señalaron de matar a un niño.

Para evitar que el médico se fuera o al menos garantizar que les enviaran otro, Rosas García hizo trámites ante la Jurisdicción Sanitaria 01 de la Tierra Caliente. Proceso tiene copia de ese documento, en el cual la comisaria expone que los señalamientos contra el médico son falsos; llevaba 11 años en la comunidad, pero se fue después de la amenaza.

Cuando la comisaria se comunicó con el alcalde de Coyuca de Catalán para pedirle ayuda, él contestó que se comunicaría con el "jefe" de El Garrobo y después le avisaría. Más tarde el alcalde le comunicó la respuesta: "Me dice el jefe de esta persona, que ese fulano (El Garrobo) ya se va a quedar en El Durazno, que ese es el que va a mandar en El Durazno".

Rosas García no le replicó de momento, por temor: "Me quedé sorprendida". Ahora está convencida de que la llegada de El Garrobo a El Durazno provocó el asesinato de siete personas, entre ellas un niño de 11 años, el 10 de diciembre de 2022. Hombres armados con insignias de la FM ingresaron a la comunidad, citaron a los hombres que estaban en pueblo en la cancha de una escuela y los asesinaron a balazos.

Uno de los pobladores, José Luis Gómez, había encarado al Garrobo para decirle que no se sometería a sus presiones, porque el grupo criminal pidió cuotas por dejarlos vivir en su propio pueblo. José Luis es una de las siete víctimas de aquel 10 diciembre.

El alcalde, aseguró la comisaria, ya les había dicho que debían sujetarse a las reglas del Garrobo. "Me dijo el presidente municipal: 'Aquí nos cobran cuotas, aquí pagamos cuotas, pero todo está bien. Aquí vivimos bien, no pasa nada, aquí no hay secuestros ni robos'. Pues, claro que no, porque los que están robando son esos que están cobrando cuotas".

Desabasto y alza de precios

Los bloqueos que impedían el acceso a las cabeceras municipales generaron desabasto en los insumos, lo que volvió al alterar los precios en la región, de por sí desajustados porque, quien determina los costos, no son los productores ni los comerciantes.

Los habitantes comenzaron a hacer compras de pánico. Por ejemplo un kilo de jitomate en Amuco de la Reforma, municipio de Coyuca de Catalán, subió a 60 pesos, cuando en Chilpancingo se ofrece en alrededor de 15 pesos. En Tierra Caliente el kilo de la tortilla está en 30 pesos y en Chilpancingo se vende a 26 pesos.

En esta última región no es un tema nuevo, porque el grupo criminal es quien establece lo que se paga por la tortilla, pollo, carne, refrescos, cervezas y hasta verduras y frutas, denuncian comerciantes.

Antes los tortilleros compraban el maíz directamente a los campesinos, pero ahora les surten cada 15 días desde unas bodegas vigiladas, una de las cuales está en Coyuca de Catalán.

Los campesinos ya no pueden vender el grano a los tortilleros, sino que lo entregan a los encargados de las bodegas, quienes les pagan poco más de seis mil pesos por tonelada, y esa cantidad del grano se vende a los empresarios de la masa y la tortilla a 14 mil 100 pesos, relatan administradores y empleados de los negocios.

Un testigo relata que, al pasar por uno de los bloqueos, vio a uno de los tortilleros de la región y le preguntó qué hacía ahí. El comerciante contestó lo mismo que el alcalde de Coyuca de Catalán: "¿Qué quieres que haga?".

En marzo de 2018 la planta de la Coca-cola en Ciudad Altamirano cerró a causa de los ataques a su sede; la última vez que operaron transportaron el producto con vigilancia policiaca. Antes cerró la planta de Arcelia.

Al parecer todo esto fue una estrategia del grupo delictivo para quedarse con la distribución del refresco en la región, donde la presentación de tres litros cuesta hasta 70 pesos, cuando en los supermercados fluctúa entre 44 y 48; la de vidrio con 500 mililitros cuesta 23 pesos, y la de 600 mililitros 25 pesos, cuando en otros lugares del estado no rebasan los 18 pesos.

En los informes de las autoridades de seguridad aparecen como líderes de la FM en la Tierra Caliente los hermanos Hurtado Olascoaga: Johnny El Pez y José Alfredo La Fresa o El Fresa. Entre sus cómplices  más mencionados en la Sierra y en las cabeceras municipales está José Manuel Cuevas Arias, El Borrego.

En un video posterior a la masacre de San Miguel Totolapan, José Alfredo dijo que su casa está en la cabecera municipal, muy cerca del edificio del Ayuntamiento.

El 12 de julio de 2019 Johnny Hurtado fue el padrino de la generación 2015-2019 de la Escuela Normal Regional de Tierra Caliente, ubicada en Arcelia; su nombre aparece junto a la imagen de los egresados.

La fuente consultada explica que los hermanos comenzaron pagándole a los policías para moverse, después entregaban recursos para campañas políticas a cambio de espacios claves en los ayuntamientos, como Tesorería, Seguridad Pública, Tránsito y Obras Públicas. Actualmente deciden a quiénes postulan en los municipios y así obtienen "presidentes a su servicio".

El 2 de mayo, tras levantar el bloqueo, los alcaldes inconformes con los operativos de la fiscalía se reunieron de nuevo con la gobernadora Salgado. Ella los llamó al diálogo, según compartió en sus redes sociales. Uno de los acuerdos fue que los alcaldes se comprometieron a no realizar más bloqueos.

"Mi compromiso está más firme que nunca con mi amada Tierra Caliente. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie", escribió la gobernadora en Facebook después del encuentro.

Sin embargo, no hizo referencia a las ilegalidades cometidas por los servidores públicos, quienes usaron recursos humanos y materiales a su cargo para obstaculizar las carreteras.

Varias personas consultadas, como maestros, empleados de los ayuntamientos y hasta comerciantes, admitieron que fueron presionados para asistir a los bloqueos. A los burócratas del ayuntamiento de Coyuca de Catalán, por ejemplo, les pasaron lista o tuvieron que registrar su asistencia.

Sobre los acuerdos a que se llegó en la reunión, ni Salgado ni los alcaldes dieron detalles. La gobernadora, en una entrevista colectiva el 3 de mayo, dijo que su herramienta de solución fue el diálogo y continuar con las acciones sociales.

"Nosotros -expuso- siempre dijimos que vamos a continuar en esta ruta de la pacificación, que van a estar todos los que integramos la Mesa de Construcción de Paz. Va a seguir Sedena, Marina, Guardia Nacional en todos los caminos, sobre todo en el que va de Iguala (zona Norte) a Ciudad Altamirano (Tierra Caliente)".

El bloque de 12 alcaldes y legisladores que acudieron a la reunión expresó ante los reporteros locales su agradecimiento a la gobernadora por su disposición de diálogo, garantizó que no harían más bloqueos y no permitió preguntas.

Sin embargo, en entrevista telefónica se le preguntó al alcalde de Pungarabato por qué sus homólogos cambiaron su posición ante los supuestos atropellos que denunciaban. Se limitó a contestar: "Pues cuando hay buenos acuerdos, buena coordinación para trabajar, creo que las cosas cambian".

Al comentarle que los alcaldes habían denunciado amenazas de Los Tlacos, Mastachi Aguario esquivó: "No, ya no, nosotros ya estamos aquí en nuestra región trabajando y lo demás es situación del gobierno estatal y federal".

Y sobre sus motivos para bloquear las carreteras dijo: "Ya todo eso quedó superado. Ya solamente ahorita vamos a trabajar coordinadamente todos con el gobierno del estado".

Reportaje publcado en la edición 2427 del semanario Proceso