CULIACÁN, Sin., (Proceso).– Las paredes blancas hacen rebotar fuerte la luz del sol. El complejo habitacional luce desolado. En la planta baja, buscando sombra, un grupo de hombres y mujeres se remolina junto a una pick-up. Suben cosas: algunos colchones, cajas con ropa... lo que pueden. 

“Hasta ahorita nos dejaron entrar”, advierte Waldina, vecina de la unidad habitacional conocida como Depas Clamont, donde Juan Carlos Sánchez Palacios, joven de 34 años, murió abatido por elementos de seguridad.

Juan Carlos es una de las 141 personas fallecidas al corte del lunes 30 de septiembre último durante la batalla emprendida entre las facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos contra Los Mayitos.

Esta guerra intestina ha dejado diversos impactos, como un número indeterminado de desaparecidos y la renuencia de madres y padres de familia a las clases presenciales de sus hijos, como exigencia obligatoria por parte de la Secretaría de Educación estatal, que prefiere optar por impartir en las aulas los cursos para reaccionar ante las balaceras.

Pero la muerte de Juan Carlos ha sido una consecuencia circunstancial, aunque el gobernador morenista Rubén Rocha Moya la ha presentado como parte del conflicto.

Waldina, vecina de Juan Carlos, no sabe si fue el Ejército o la Guardia Nacional, ya que al sitio acudieron ambas instituciones tras un llamado por un enfrentamiento entre civiles armados. 

La refriega comenzó en Tierra Blanca alrededor de las 14 horas del sábado 21 de septiembre último y se extendió hasta la zona departamental, unos metros al poniente hacia la plaza Cuatro Ríos, zona exclusiva de Culiacán.

Una imagen del fotoperiodista Martín Urista ilustra una parte de la historia de esa tarde. Elementos de la Policía Estatal desalojan a una joven y a una bebé de brazos. Se trata de la esposa e hija de Juan Carlos, quien murió por disparos de arma de fuego al buscar huir de los efectos del gas lacrimógeno que la Guardia y el Ejército lanzaron para capturar a los agresores. El departamento de la víctima tiene más de cien disparos de arma de fuego y hasta de una granada.

“Era un buen vecino”, recuerda Waldina. A su vez, la mujer explica que ella volvió a nacer. Se encontraba haciendo tortillas en su domicilio cuando comenzó a escuchar el estruendo del fuego de las armas. Estaba sola, su hija se estaba fuera del departamento. 

Con 57 años convalece previo a una operación y por eso no sale mucho de casa. Ese día, repite, volvió a nacer.

“Primero pasaron diciendo que no saliéramos, luego golpearon las puertas y pues yo me metí al clóset, no quería salir. Sólo daba gracias a Dios de que mi hija no estuviera ahí”, dice.

Durante todo el tiroteo la mujer duró encerrada en ese armario. Después de la tempestad, como no tenía a donde ir, se quedó varada en el edificio mientras los peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) hacían sus diligencias.

Sobre el enfrentamiento, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró: “Redujeron a tres civiles armados”. Así lo comunicó en redes sociales, pero inmediatamente después familiares y amigos de Juan Carlos señalaron el asesinato. 

El 23 de septiembre último, en su conferencia semanal, el gobernador de Sinaloa no reconoció a la víctima. Será la autoridad, expuso, quien determine si esta persona (Juan Carlos) estaba armada. Es presunto culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Pero las versiones de los vecinos insisten en que es inocente. 

Juan Carlos trabajaba en el Ayuntamiento de Culiacán, en la Defensoría Jurídica, área de la sindicatura de procuración. También tenía un negocio de comida rápida, era empresario. Sólo quería poner a salvo a su hija de meses y a su esposa. Murió en el intento, aseguran sus vecinos y familiares.

Ni la FGR ni el Ejército o GN han dicho algo al respecto. Nada. Sólo el comunicado de la Secretaría de Seguridad donde da cuenta de los tres civiles armados “reducidos”. 

Al corte del 30 de septiembre, el caso sigue siendo advertido como un civil reducido, no como una víctima que quedó en medio del fuego cruzado.

Luis Miguel no va a Sinaloa

La economía en la zona de guerra recibe impactos negativos. La organización empresarial Canaco-Culiacán, que encabeza Guadalupe Zavala Yamaguchi, advierte: diariamente se pierden hasta 500 millones de pesos.

En ese contexto, además, se ha reportado la cancelación de diversos espectáculos masivos, como el concierto que el cantante Luis Miguel iba a dar el 27 de septiembre en el estadio de los Dorados de Sinaloa; tampoco se realizarán los festejos por el 493 aniversario de la fundación de Culiacán.

Otro sector golpeado por la violencia es el educativo. Las instituciones particulares han optado por las clases a distancia como lo hicieron durante la pandemia por covid-19. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) estatal insiste en las clases presenciales. 

La dependencia intentó obligar a los padres de familia (mediante los profesores y supervisores) a firmar una carta responsiva que exime al plantel por eventualidades causadas por hechos violentos.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública del estado comenzó desde el 23 de septiembre último, como si se tratara de adiestramiento para actuar en situaciones de incendio, un curso sobre qué se debe hacer ante “balaceras”. 

El curso se llama “Procedimiento en situaciones de riesgo extremo en planteles escolares”.Instituciones como el colegio Jean Piaget en la colonia Las Quintas ya lo han impartido. Esto ocurrió el mediodía del 24 de septiembre pasado.

El curso advierte tres situaciones: enfrentamiento con arma de fuego, toma de rehenes y explosivos. Todo eso ha sucedido en la capital sinaloense.

Enfrentamiento con arma de fuego: 

• Seguridad Pública estatal recomienda a docentes y alumnado tirarse al suelo boca abajo cubriendo cabeza y oídos con tus manos. 
• Retirarse de las ventanas.
• Evitar levantarse y salir de ese espacio. 
• Pensar en un canción o momento agradable.
• Inhalar y exhalar hasta estar más tranquilos. 
• Esperar las indicaciones para poder salir.

En uno de esos días, mientras en el colegio particular se impartía dicho curso vía remota, en el otro extremo de la ciudad una persecución entre autoridades de seguridad y motociclistas conocidos como punteros o halcones, dejaba detonaciones de arma de fuego. Los pocos niños de primarias y colegios cercanos se lanzaron al piso. Fueron de los pocos que acudieron a las aulas, apenas reabrieron un día antes.

Posterior a ello, las clases en su mayoría se viven a distancia. El ausentismo en las escuelas supera 90% en prescolar y más de 80% en primaria y secundaria, de acuerdo con reportes oficiales. Este impacto se advierte muy costoso para la sociedad en Culiacán.

Además, la revisión de las armas de los agentes de la policía municipal por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional ha dejado a la corporación varada y sin poder salir a las calles. Eso le abrió la puerta a una ola de robos en la zona centro; entre los más sonados, a una casa de cambio de donde hombres armados se llevaron un millón de pesos. No hubo policía para perseguirlos.

La revisión de armamento se da como un mero “trámite” por parte de la Sedena para la Licencia Oficial Colectiva 204, que comenzó el 25 de septiembre último, pero al primer viernes de octubre se mantiene.

La Guardia Nacional comenzó ese mismo día el despliegue de 590 efectivos para apoyar a la desarmada policía municipal.

Levantones, “nueva normalidad”

El gobernador Rubén Rocha insiste en que hay que salir a las calles porque la situación está bajo control. Sin embargo, los casos por desaparición forzada advierten lo opuesto. Durante septiembre último colectivos de madres buscadoras tienen registro de por lo menos 195 personas privadas ilegalmente de su libertad. El término coloquial es levantados. 

De acuerdo con María Isabel Cruz Bernal, integrante del grupo de búsqueda Sabuesos Guerreras, 30 personas han sido encontradas, aunque apenas unas pocas con vidas; no precisa cifras para proteger a estas víctimas.

La crisis sinaloense se ve en las calles también. La vida nocturna y la vida en los centros comerciales ha disminuido considerablemente. Sin embargo, el gobierno estatal dice que la ciudad es segura.

En Culiacán, aun con toda la evidencia grabada, se afirma que la situación ha ido mejorando. No así en Concordia, donde se reportan más enfrentamientos, y también en Rosario, municipios al sur de Sinaloa. 

De igual manera el fuego cruzado lastima a Elota, cuyo territorio vive bajo un toque de queda. Los habitantes no pueden salir de sus casas después de las 18 horas y durante las noches todas las luces de todas las casas deben permanecer apagadas. 

La violencia también está en Eldorado, sindicatura que deja de pertenecer a Culiacán para convertirse en el municipio número 20 el próximo 1 de noviembre. Tendrá bautizo de fuego.