CULIACÁN, Sin. (apro).-Firmada por organizaciones y ciudadanía, desde Sinaloa lanzan un llamado de auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la violencia desatada en el estado que se ha extendido por más de 22 días, sobre todo en la capital y al sur de la entidad.

Mediante un posicionamiento, la Red Ciudadana Anticorrupción del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal de Sinaloa, 54 organizaciones, además de personas en lo individual emitieron el pronunciamiento para que las autoridades municipales, estatales y la nueva administración federal, así como los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia, tengan un plan integral en pro de regresar la tranquilidad a las familias de Sinaloa.

Esto se da en el marco de la batalla intestina entre las facciones del cartel de Sinaloa comandadas por los chapitos y los mayitos, iniciadas el 9 de septiembre y que tras 22 días de enfrentamientos han dejado más de 130 muertes en Sinaloa.

El posicionamiento, con fecha del 1 de octubre, hace alusión a que no es una exageración lo que la población comunica y percibe en el tema de seguridad, esto, en contraparte con las declaraciones del propio gobernador Rubén Rocha Moya, a quien también va dirigida la misiva.

“No exageramos cuando decimos que en los últimos veintidós días hemos observado con terror un incremento en las actividades delictivas como son los asesinatos, desapariciones, balaceras, bloqueo de vialidades y robo de vehículos, lo cual ha generado incertidumbre, aislamiento y efectos devastadores en la sociedad”, señala.

Los actos violentos han generado la interrupción de la actividad de forma normal, con cierres de establecimientos, algunos de forma temporal y otros de forma parcial, aunque otros su cierre de operaciones total. 

Las pérdidas que desde la cámaras del comercio se advierten rondan hasta los 500 millones de pesos al día en la capital de Sinaloa, Culiacán. 

También el sector educativo se ha visto interrumpido en donde desde la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) quieren imponer clases presenciales a docentes y alumnado, cuando en seguridad no se han asegurado las condiciones mínimas de seguridad.

La carta también va dirigida a la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez y al secretario de la defensa nacional, Ricardo Trevilla Trejo, entre otras autoridades federales.