CIUDAD HIDALGO, México (AP) — El primer lugar donde duermen muchos de los migrantes que entran a México cruzando el río Suchiate desde Guatemala es un gran cuarto enrejado en una finca. Lo llaman “el gallinero” o “la gallera” y ahí permanecen secuestrados hasta que pagan el derecho de paso a un cártel.

Cuando lo hacen, son marcados en el brazo con un sello que les permitirá adentrarse en México.

La llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos se ha reducido a niveles no registrados desde agosto de 2020 —en plena pandemia—, pero en vísperas de unas elecciones donde la inmigración es uno de los grandes temas de campaña, los extranjeros siguen entrando en México.

La administración de Joe Biden asegura que esas cifras son fruto de la expansión de vías legales para migrar y de los esfuerzos de su contraparte mexicana por contener el flujo de extranjeros, pero quien controla la frontera sur mexicana no es el puñado de agentes federales o Guardias Nacionales apostados en el río, sino los cárteles.

Muchos migrantes pagan al menos 100 dólares por cabeza para librarse del secuestro con el que se encuentran nada más pisar territorio mexicano. De enero a agosto de este año, los extranjeros interceptados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en esta zona superaron los 150.000. Y eso solo es la parte visible de las llegadas.

Seis familias de distintas nacionalidades que pasaron por este tipo de secuestros contaron a The Associated Press cómo opera la delincuencia en estas tierras. Un funcionario federal confirmó el ‘modus operandi’. Todos pidieron el anonimato por miedo a represalias.

Los agentes de inmigración mexicanos interceptaron de enero a agosto a 925.000 migrantes en situación irregular en todo el país, una cifra muy superior al total anual del año pasado y el triple del registrado en 2021. Sin embargo, sólo han deportado a 16.500, una fracción de años previos.

El río Suchiate, el punto por donde hace seis años miles de migrantes cruzaron en enormes caravanas —algunas de las cuales llegaron hasta el límite con Estados Unidos—, era uno de los pocos sitios de esta frontera porosa y mayoritariamente trazada en la selva por donde los extranjeros podrían cruzar irregularmente sin necesidad de un traficante.

Ahora, la situación es otra. Los cárteles operan en ambas orillas.

“Son ellos los que dicen quién pasa y quién no pasa”, asegura el padre Heyman Vázquez, párroco en Ciudad Hidalgo, la localidad junto al río. “Son cantidades grandes de migrantes que se llevan todos los días y lo hacen a la vista de todas las autoridades”.

Derecho de paso hacia el norte

La mañana del lunes, un grupo de siete hondureños, entre ellos Luis Alonso Valle, de 43 años, con su esposa y dos hijos menores, se bajan de una balsa hecha con llantas de camión y maderas en la que cruzaron el río Suchiate y se adentran en Ciudad Hidalgo.

No han avanzado más de 50 metros y tres hombres en moto se acercan a decirles que no pueden seguir caminando. Al ver las cámaras de AP se alejan. Los hondureños se miran con miedo. Al llegar al parque central varias personas les abordan. “¿Ya tienen guía?”, les pregunta un hombre. “Chips (telefónicos) activados con saldo”, les ofrece otro.

Los nervios crecen. Valle explica que quieren agarrar una camioneta hasta Tapachula, 37 kilómetros al norte, la considerada capital de la frontera sur mexicana. Les señalan una estacionada a unos metros, frente a un agente de policía municipal. Mientras se acomodan dentro, el chofer pide a AP dejar de grabar. “Me va a parar la maña (el crimen organizado) ahí fuera”, susurra nervioso.

Así o de forma muy similar, engañados por taxistas o conductores de camionetas, los migrantes son llevados a una finca donde duermen encerrados y en el suelo, vigilados por individuos armados.

“Había más de 500 personas, algunas tenían 10, 15 días ahí”, cuenta una mujer venezolana que fue liberada el domingo con su esposo y sus hijos de 12 y 8 años. “El que no tiene dinero se queda y el que decide pagar, sale”.

A un panadero ecuatoriano de 28 años, que viaja con su esposa, hija y otros cuatro familiares, incluso le acompañaron al banco mientras su familia se quedaba en garantía.

Una vez hecho el depósito son trasladados a otra casa, les hacen una foto y les ponen un sello. Al panadero, que entró a México en agosto, le pusieron la letra “J”. A la familia venezolana, algo parecido a una gallina con una especie de fruta al lado.

En la ruta a Tapachula, las camionetas de pasajeros son detenidas por los narcos. Los migrantes que no llevan sello vuelven a la casilla de salida. Al llegar a la ciudad, una nueva fotografía del extranjero hecha por el chofer acredita que su ‘mercancía’ ha sido entregada.

Las familias entrevistadas dijeron no haber sufrido daños físicos pero tenían miedo después de ser liberados.

Al menos a una tercera parte de los centenares de personas que acompañó el centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova en 2024 llevaban sellos en el brazo. “Cuando no pueden pagar con dinero, pagan el cuerpo, sobre todo mujeres, adolescentes y hombres homosexuales”, explicó su director, Enrique Vidal Olascoaga.

AP no pudo ver ninguna de las marcas. Las familias afirman que les pidieron que las borraran al llegar para evitar problemas con otras bandas.

Los más de cien migrantes liberados en septiembre por las fuerzas federales en Ciudad Hidalgo y el grupo de decenas que fue disparado por el Ejército el primer día de gobierno de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre, 100 kilómetros al norte y donde murieron seis migrantes, habían sido sometidos a la misma modalidad de secuestros y extorsión, indicó el funcionario conocedor de las declaraciones de los extranjeros.

Frontera México-Guatemala, nueva tierra de cárteles

La violencia —asesinatos, desapariciones, intimidaciones, desplazamiento de civiles— no ha dejado de crecer en Chiapas desde hace dos años cuando el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación convirtieron ese estado en un escenario más de su guerra para controlar todos los tráficos ilegales en México. El de migrantes, dicen los expertos, es el más lucrativo.

Las organizaciones civiles se sienten cada vez más intimidadas. Este mes fue asesinado un respetado sacerdote y defensor de derechos humanos que denunció la impunidad con la que operaba la delincuencia.

En ocasiones impiden hasta que los migrantes puedan recibir ayuda humanitaria. “Esto nunca había pasado”, denuncia Vidal Olascoaga.

La administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) minimizó el problema. La nueva presidenta dice estar atendiendo la situación junto al gobierno de Chiapas pero mantiene la mismas políticas de su mentor de no enfrentar a los cárteles y trasladar a los migrantes del norte hacia el sur para desgastarlos, mantenerlos lejos de la frontera estadounidense y agotar sus recursos. Otras veces solo les traslada a diferentes ciudades donde, según las ONG, son abandonados y expuestos a más secuestros y extorsiones.

El ayuntamiento de Ciudad Hidalgo asegura que los cuida. “Nunca hemos tenido una situación que representa una violencia en contra de nuestros hermanos migrantes, nunca, aquí en nuestro municipio, no”, afirmó a AP Elmer Vázquez, su alcalde. Al ser preguntado por la casa de seguridad detectada por el ejército en septiembre dijo no saber de qué se trataba.

El padre Heyman Vázquez —sin parentesco con el alcalde— que lleva dos décadas defendiendo migrantes, asegura no haber visto un momento peor.

“Es una violencia terrible”, denunció. "El Ministerio Público no va a hacer nada; lo denuncias con la Guardia Nacional, no va a hacer nada; la Fiscalía de Delitos contra Migrantes no hace nada. Están coludidos con la delincuencia organizada y claro, ellos aparentan que están trabajando”.

Carrera contrarreloj

En agosto, el gobierno estadounidense amplió el acceso a CBP One, un portal oficial para programar citas en línea y solicitar asilo en Estados Unidos desde el sur de México, algo que las autoridades mexicanas habían solicitado desde hacía tiempo para evitar que los migrantes tuvieran que trasladarse a la capital o al norte del país para conseguir su turno.

Eso les permite esperar lejos de la frontera y luego, en teoría, viajar más seguros justo antes de su fecha. Pero muchos denuncian que, pese a tener los documentos, a veces no les venden los boletos para viajar o incluso son secuestrados en el camino, perdiendo los turnos.

A finales de agosto México anunció la apertura de corredores de “movilidad segura”. Pero del 9 de septiembre al 11 de octubre, Migración trasladó desde Tapachula sólo a 846 migrantes, una cifra ínfima si se tiene en cuenta que las autoridades estadounidenses permitieron el paso de 44.600 migrantes con ese tipo de citas solo en el mes de septiembre.

Donald Trump ha prometido eliminar la aplicación CBP One, cerrar otras vías legales para entrar en Estados Unidos y ha hablado de deportaciones masivas, lo que genera ansiedad en muchos de los que todavía siguen en México. Algunos ya hablan de formar una caravana para salir el mismo día de los comicios estadounidenses.

El martes, los más afortunados que ya tenían cita hacían cola por la mañana en Tapachula para conseguir el permiso de tránsito de Migración y viajar al norte.

Jeyson Uqueli, un hondureño de 28 años, era uno de ellos. Había dormido ahí para ser el primero en la fila.

Planea reunirse con su hermana que vive en Nueva Orleans pero para ello tiene que llegar a Matamoros, vecina de Brownsville (Texas), antes del 6 de noviembre, la fecha de su cita. Quiere intentar volar a la ciudad norteña de Monterrey y luego tomar un autobús a Matamoros. Tenía emociones encontradas.

Estaba nervioso porque tenía que conseguir el dinero del pasaje a tiempo, pero aliviado por haber conseguido su turno antes de las elecciones “porque Donald Trump va a llegar y se va a deshacer de las citas”.