CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que se llevó a cabo esta semana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tuvo como tema recurrente la reforma judicial que se implementa en México y el efecto que ésta tendrá sobre la democracia mexicana y la independencia de jueces, magistrados y ministros.

El evento, que congregó a 300 reconocidos juristas de todo el mundo, la mayoría de ellos de América Latina y España, se convirtió en una caja de resonancia de las alertas que se han lanzado en las últimas semanas desde la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil sobre la regresión democrática que implica esa reforma.

Los teóricos del Derecho, los constitucionalistas, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los especialistas en diversas disciplinas humanísticas que participaron en el congreso coinciden en que la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum vulnera derechos fundamentales de los mexicanos y los deja sin defensa ante actos de autoridad abusivos.

El constitucionalista mexicano Diego Valadés Ríos, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, puso sobre la mesa un concepto novedoso al referirse a los “tiempos nublados” que vive la región: el posconstitucionalismo.

Y es que si el expresidente López Obrador articuló un discurso plagado de posverdades, de “otros datos” y de afirmaciones falsas –como esa de que México es un país “pacífico” en el que “ya no hay corrupción”–, la presidenta Sheinbaum se arropa en el posconstitucionalismo para justificar el operativo de aniquilamiento de la independencia del Poder Judicial.

Sheinbaum ha impulsado la reforma judicial que le heredó López Obrador y respalda de manera decidida la reforma constitucional que aprobaron esta semana la Cámara de Diputados y el Senado para impedir que los cambios a la Carta Magna que decida el Legislativo sean impugnados ante el Poder Judicial.

De acuerdo con Diego Valadés, el posconstitucionalismo es “un sistema de apariencias formales que enmascara realidades opuestas al Estado constitucional”.

Y esto lo hace siguiendo la ruta trazada por la posverdad (presentar falsedades como verdades apelando a las emociones de la gente) y por la posdemocracia (la democracia centralizada en un líder carismático o en un partido que dice representar la soberanía popular).

El posconstitucionalismo, de acuerdo con Valadés, acude a instrumentos democráticos “para legitimar un poder concentrado y discrecional, y los órganos del poder simulan estar separados, pero en realidad se subsumen en una voluntad personal erigida como voz de la voluntad colectiva”.

La reforma constitucional fue una herencia de López Obrador a Claudia Sheinbaum. La nueva reforma no.

La doctora en Ciencias políticas de la UNAM, Andrea Samaniego, quien participó en la mesa sobre División de Competencias del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, planteó que Sheinbaum sigue una línea de continuidad “total” de las políticas de su antecesor y que parece decida a avanzar hacia un régimen comunitarista y soberanista distanciado de la democracia representativa liberal.

“Es el retorno a un modelo centralizado de poder, como el PRI, pero en un contexto muy diferente en el que tenemos una sociedad más compleja, con amplios espacios de gobernanza criminal y con grupos que requieren la protección de sus derechos, como los ambientalistas, las feministas y la comunidad LGBTI”, señaló.

Y dijo que un Poder Judicial sin independencia, como el que está surgiendo con la reforma lopezobradorista, no es garantía de que los derechos de esas minorías van a ser protegidos.

Una mirada desde el futuro

El jurista venezolano Carlos Ayala Corao, quien presidió la mesa sobre Independencia Judicial, dijo: “Yo vengo del futuro, porque, como venezolano, les puedo decir que cuando un gobierno electo democráticamente con una oferta de revolución y cambio comienza a desmantelar el Estado de derecho, su primer objetivo es la independencia judicial”.

Desde luego, el abogado constitucionalista y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refería al régimen chavista presidido por Nicolás Maduro, quien junto con su antecesor Hugo Chávez convirtió al Poder Judicial en un apéndice del Ejecutivo y en un organismo legitimador de sus violaciones masivas a los derechos humanos y de los fraudes electorales denunciados por organizaciones como el Centro Carter.

Dijo que una vez que el Poder Judicial queda sometido a los poderes Ejecutivo y Legislativo es utilizado por aparentar actos jurídicos que en realidad son políticos y que están orientados a mantener en el poder a un régimen.

“Una jurisdicción constitucional que no controla al poder y que permite ese tipo de actos arbitrarios conduce a un poder absoluto que, tarde o temprano, tiene graves consecuencias para los países”, afirmó Ayala Corao.

Los participantes en el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional coincidieron en que la independencia judicial no sólo está en peligro en México, sino en varios países de la región en los que gobiernos autocráticos de todas las tendencias políticas buscan anular los contrapesos, como es el caso de Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Ortega en Nicaragua.

Diego Valadés recordó que cuando nació el presidente el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, en 1974, varios países de la región eran gobernados por dictaduras militares que violaban en forma masiva los derechos humanos.

Tras décadas de avances, “el tiempo se ha nublado otra vez”, sostuvo.

Y dijo que “en muchos de nuestros países, las instituciones muestran señales de un estrés que resulta del acoso al que se ven sometidas” por el poder político.

Mientras se desarrollaba el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en la UNAM y en casona de Xicoténcatl, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la llamada “supremacía constitucional” que impide controlar cualquier reforma constitucional que realicen los legisladores.   

Un asunto de derechos humanos

El constitucionalista Marcos del Rosario Rodríguez sostuvo ayer viernes, último día de trabajos del congreso, que esa nueva reforma apunta a debilitar el factor de supremacía de los derechos humanos y a dejar sin efecto el Artículo 1 de la Constitución, que es el que los garantiza.

Ese artículo establece que todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse.

Del Rosario Rodríguez, profesor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), señaló que al negar la revisión de las reformas constitucionales el Legislativo viola un derecho fundamental, y sostuvo que la reforma judicial niega la supremacía de los derechos humanos porque los ciudadanos no tendrán acceso a jueces independientes y competentes.

Para el doctor en Derecho es claro que toda la doctrina jurídica establece que todo acto de autoridad debe ser susceptible de revisión, especialmente cuando éste transgrede el orden constitucional, como es el caso de la reforma judicial, por lo cual la Suprema Corte de Justicia tiene derecho a revisar esa reforma.

“Desde el momento en que el Legislativo le pone una restricción a la facultad de la corte de controlar la reforma judicial está aceptando que la corte tiene una competencia para hacerlo”, aseguró.

El abogado José Pablo Ramos sostuvo que la reforma que impide que las reformas constitucionales sean sujetas de control deja a México a las puertas de “un autoritarismo fáctico”.

El magistrado del Tribunal de la Unión Europea, José Marín y Pérez, dijo que esa región también vive un “desencanto democrático” que propicia el surgimiento de gobiernos y movimientos de extrema derecha autoritarios que tienen el propósito de atacar la independencia judicial.

El abogado español habló también del posconstitucionalismo y dijo que es una amenaza para los regímenes democráticos y la independencia de los jueces, lo que obliga a enfrenar ese fenómeno “como un riesgo y una amenaza”.

Varios jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que intervinieron en el congreso señalaron que la reforma judicial mexicana viola la jurisprudencia de ese tribunal en materia de independencia judicial y garantías fundamentales, lo que augura que el Estado mexicano podría ser condenado por esa reforma en instancias internacionales y hemisféricas.

El juez de esa corte, el mexicano Eduardo Ferrer McGregor, dijo que “la cooptación del órgano judicial por otros poderes afecta transversalmente la institucionalidad democrática y, en esa medida, pone en riesgo sus facultades para controlar a los otros poderes y garantizar los derechos humanos”.