CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Infonavit nombró a Marcos Manuel Herrería Alamina como nuevo secretario general y jurídico, y a Jimena Alvarado Cruz como subdirectora general de comunicación del Instituto. Ambos formarán parte del equipo del director general, el ingeniero Octavio Romero Oropeza.

La institución también reveló el nombramiento de Ana Luisa Abreu Calderón como delegada regional del Infonavit en Tabasco, las designaciones fueron hechas por el Consejo de Administración.

Marcos Herrería Alamina, fue antes director Corporativo de Administración y Servicios en Petróleos Mexicanos (Pemex) desempeñándose en su puesto cuando Romero Oropeza era director general de la misma institución.

Durante su período en dicho puesto, el funcionario fue mencionado en una investigación de Mexicanos contra la corrupción, de ser el supervisor de contratos y vinculado con Javier Nuñez López, exdirigente tabasqueño de Morena, que en 2012 fue acusado de triangular fondos públicos del gobierno capitalino al proyecto político de López Obrador.

Herrería Alamina, ingeniero civil por la Universidad México Americana del Norte de Reynosa, también fue director general de Administración en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Jimena Alvarado Cruz, licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana de Torreón, también laboró antes en Pemex, al ocupar el puesto de subdirectora corporativa de comunicación y mercadotecnia. Previamente fue coordinadora de capacitación, comunicación y enlace de Derechos Humanos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Ana Luisa Abreu Calderón cuenta con estudios de Arquitectura y Construcción en la Universidad Olmeca de Tabasco. En su trayectoria profesional fue directora de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) de Tabasco y subdirectora de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (SDUOT) en el gobierno de Tabasco.

Los funcionarios recibieron la encomienda de la institución de “continuar con la transformación del Instituto para garantizar el derecho de las y los trabajadores a la vivienda digna y adecuada, contribuyendo a la integración del Instituto a los programas de Bienestar, impulsados por el Gobierno de México”.