CULIACÁN, Sin., (Proceso).– Poco después de las 14 horas del jueves 17 de octubre de 2019 una imagen comenzó a hacerse viral... Una pick-up blanca y con redilas circula por la principal avenida de la capital de Sinaloa. En la caja iban hombres armados, junto a una artillería empotrada en la batea del vehículo. Luego surgió otra imagen, la de un convoy de camionetas en la colonia Loma de Rodriguera, al norte de la ciudad. 

Era la respuesta del crimen organizado para obligar a las autoridades federales a replegarse. Ese fue el primer “Culiacanazo”, el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. El despliegue federal y la respuesta criminal paralizaron la capital del estado a plena luz del día. En ese momento, Ovidio era uno de los cabecillas de la facción de Los Chapitos, integrado por sus otros tres hermanos.

En ese 2019 la ciudadanía observó cómo quedó en medio del fuego cruzado; por más de 24 horas el comercio y toda actividad productiva quedó detenida a punta de bala.  

En ese “jueves negro” se padecieron los atisbos de la guerra que se venía. Una guerra que persiste. A cinco años de distancia, la imagen parece haberse vuelto cotidiana luego de la captura de Ismael el Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López (uno de los hijos del Chapo) en Estados Unidos, que fue posible –al parecer– por una supuesta traición del propio Guzmán López y de sus hermanos. 

Así, un día después de que se cumplan cinco años del operativo fallido del gobierno de López Obrador para detener a Ovidio Guzmán, que puso en jaque a la capital sinaloense, en Estados Unidos el Mayo será presentado (este viernes) ante el juez Brian Cogan en una audiencia en Nueva York que podría marcar el inicio de un juicio contra el jefe del cártel de Sinaloa. 

En junio 2019 Cogan sentenció a cadena perpetua al Chapo Guzmán –compadre del Mayo– y ayer 16 de octubre el mismo juez dictó 38 años de cárcel contra Genaro García Luna –secretario de Seguridad Pública del entonces presidente panista Felipe Calderón Hinojosa–, sentenciado por proteger al Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadunidense. 

Cuatro meses después de la sentencia contra Guzmán Loera, el gobierno mexicano detuvo a su hijo Ovidio, lo que desató la furia de los grupos armados de esa facción del Cártel de Sinaloa.

Cinco años más tarde la parálisis regresó, pero con síntomas constantes y que no ceden. Desde hace más de 30 días la capital estatal padece momentos repetidos de muertes, bloqueos, robos y levantones. 

Desde entonces en la sociedad civil muchas voces se levantaron para exigir a las autoridades que tomaran medidas ante lo que podía volver a ocurrir. 

El chef y empresario Miguel Taniyama, exlíder de la cámara de restauranteros, explica sobre la situación. El también activista formó parte de los esfuerzos para crear políticas públicas en pro de la recuperación de la paz en la ciudad, de quitarle esa “ingobernabilidad” a la ciudad y al estado. 

Taniyama agrega:

Creo que es un Estado fallido, más que una ingobernabilidad. Finalmente la ingobernabilidad en el tema de seguridad lo vivimos en el día a día cuando vemos que el crimen organizado hace y deshace a la hora que guste y mande en nuestro entorno, donde hoy más que nunca, con la ayuda de los gobernantes o de los gobiernos en turno, pues se muestra más que evidente quién manda. Eso es ingobernabilidad, eso es corrupción, eso es Estado fallido sin duda.

El saldo en este constante “Culiacanazo” ha dejado más de 200 asesinatos desde el 9 de septiembre último y una crisis en desaparición forzada que se calcula en más de 270 personas levantadas por el choque entre las facciones de los hijos del Chapo Guzmán y de Ismael Zambada García, el Mayo.

Medios locales, como la revista Espejo, publican que “se viven ‘Culiacanazos’ a diario”. Esos momentos en que la actividad en general es detenida. Esta parálisis se traslada a la vida nocturna de la capital: no existe. Ahora los bares y antros realizan “tardeadas” buscando regresar algo de actividad a una ciudad que lleva ya más de cuatro semanas de violencia ininterrumpida.

Operativo fallido

Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, estuvo capturado unos minutos ese 17 de octubre de 2019. El gobierno federal tuvo que liberarlo por órdenes del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que “lo prioritario era salvar vidas”.

Yo tomé la decisión. ¿Por qué? No quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no lo entienden los autoritarios fascistoides; quisieron resolver todo con el uso de la violencia y todavía hay quienes cuestionan.

Las declaraciones las dijo en Culiacán, en las instalaciones militares en el Sauz, donde estuvo acompañado por los entonces gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel (actual embajador de México en España), y por Luis Cresencio Sandoval, entonces secretario de la Defensa Nacional.

La operación fallida quedó sin respuesta. Luis Crescencio Sandoval explicó un día más tarde de esos eventos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaría una investigación de la situación. 

“Normalmente en las Fuerzas Armadas cuando sucede algo que no está conforme a lo que se planeó siempre se investiga, y si de esa investigación resulta que hay necesidad de turnar a las autoridades correspondientes para que se incremente el nivel de la investigación o se llegue a proceso, se tendrá que hacer, pero lo vamos a investigar”, mencionó.

La primera captura de Ovidio Guzmán se dio en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por un juez. Después de que ésta falló totalmente, la investigación no trascendió. El operativo resultó frustrado en todo sentido, pues como resultado ocho personas fueron asesinadas, cinco de ellos del crimen organizado, y hubo 16 heridos. El hijo del Chapo finalmente fue aprehendido en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año.

Medios locales como el semanario Ríodoce dieron cuenta de dos civiles abatidos por militares durante estos eventos. Eran carpinteros. También una tercera muerte de un civil inocente ocurrida en un taller en las cercanías del sitio de la refriega. No hubo justicia reparatoria para ellos.

La información sobre el “Culiacanazo” fue reservada por cinco años, y con ello, los datos de las investigaciones internas del Ejército, cerrado por completo.

Llamada de auxilio

De 2019 a la fecha la desesperación de sectores sociales ha crecido. El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, Miguel Calderón Quevedo, en conjunto con Laura Guzmán Torróntegui, vicepresidenta de la zona norte de Canirac nacional; así como Óscar Loza Ochoa, fundador e integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, entregaron el 9 de octubre último en la Ciudad de México al gobierno federal un pliego de necesidades inmediatas para prevenir una mayor escalada de violencia.

“Tenemos en puerta una emergencia social por el daño causado a las trabajadoras y trabajadores, a las juventudes, a las y los pequeños y medianos empresarios, a comerciantes, a docentes y a familias, principalmente, las más vulnerables. En resumen: peligra el tejido social que debería sostener nuestras comunidades”, señaló Calderón Quevedo.

Esta comitiva propuso, entre otras medidas, una declaratoria de emergencia económica para Sinaloa que comprenda un programa exprés de créditos blandos para las Pymes, sin requisitos de buró de crédito; la suspensión de pago de impuestos, como ISR e ISN, pagaderos a seis meses, para empresas y negocios afectados.

También analizar la viabilidad de descuentos y prórrogas de pago de energía eléctrica y agua potable. Ante esta grave crisis de seguridad, pidió dar instrucciones inmediatas a fin de no realizar cortes de ambos servicios al sector productivo.

En el tema de seguridad pública exigieron la pronta y expedita depuración y puesta en marcha de la Policía Municipal de Culiacán, desarmada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde el 25 de septiembre último, y que los operativos policiales y de fuerzas federales sean efectivos para recobrar la tranquilidad de la ciudadanía y la reactivación de las actividades sociales, comerciales, culturales, recreativas y deportivas.

Todo esto es necesario, advierten, para aliviar el miedo que tiene semiparalizada la ciudad de Culiacán“con información objetiva, útil y oportuna, complementada con una estrategia de salud pública dirigida al bienestar socioemocional de la población”.

Estas mismas medidas se pidieron desde lo ocurrido en octubre de 2019, sin que se lograran concretar por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así, a cinco años del operativo de AMLO que incendió Sinaloa, la capital del estado padece, además de la crisis de violencia, la ausencia de policías municipales, una emergencia económica, con actividades paralizadas y, por si fuera poco, el gobernador, Rubén Rocha Moya, enfrenta señalamientos de estar vinculado a una facción del Cártel de Sinaloa (Proceso edición de octubre).