El 3 de junio de 2017, cuando Marcela de Jesús Natalia cumplió 54 años, un sicario le disparó en la cabeza en tres ocasiones justo al salir de su turno en la radiodifusora en la que trabajaba en Ometepec, Guerrero. Una bala le atravesó la muñeca, otra le destruyó el lado izquierdo de la mandíbula y el último lo recibió en la sien derecha. 

Estuvo al borde de la muerte. Se tuvo que someter a seis operaciones con las que salvó su vida y rehabilitó su habla, pero sigue esperando el apoyo para terminar su recuperación y que las condiciones le permitan volver a su hogar cerca de sus cinco hijos y diez nietos, y también de su radio. Marcela de Jesús es una periodista desplazada, una de las varias que hay en el país.

Para esta investigación se entrevistaron a seis periodistas desplazadas de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Veracruz, todas ellas coinciden en que fueron olvidadas por el Estado, ni los gobiernos locales ni el federal les han brindado la atención necesaria, mucho menos han garantizado su retorno seguro para que sigan ejerciendo la labor periodística.

En el caso de México resulta imposible conocer la cantidad de personas dedicadas al periodismo y a la defensa de los derechos humanos que se encuentran desplazadas tras sufrir diversos tipos de agresiones y amenazas, mientras que la ley general para prevenirlo se encuentra congelada hace cuatro años en el Senado.

Diversas organizaciones cuentan con datos estadísticos generados por las mismas víctimas. En tanto que el Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, no lo tiene clasificado como tal, y a quienes atiende en situación de desplazamiento forzado interno les llama “en refugio temporal”. 

Hasta noviembre último estaban adheridos al mecanismo federal 651 periodistas, de los cuales 182 son mujeres, mientras que de los mil 310 defensores un total de 717 son mujeres. En el caso de las medidas adoptadas para asignar un refugio temporal suman 238 casos de periodistas, sin que se sepa cuántas de estas personas son mujeres porque no está desglosado por género.

Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), una de las organizaciones que se ha abocado a documentar estos casos, aunque reconoce que existen muchos de los que no hay registro porque, incluso, las mujeres periodistas pudieron dejar de ejercer su profesión, ha documentado 21 periodistas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno.

En el documento Dejar todo, un diagnóstico sobre el desplazamiento de mujeres periodistas, Cimac precisa la necesidad de “reconocer que el desplazamiento forzado interno es una grave violación a los derechos humanos y, desde ese enfoque, quienes lo experimentan son víctimas para las que se busca la restitución y reparación del derecho violado”.

También señala que resulta complejo calcular la cifra de periodistas desplazadas por la “secrecía y clandestinidad en las que se ven obligadas a huir, en aras de salvaguardar la vida”.

Morna Macleod, Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien ha investigado el tema de desplazamiento forzado de periodistas, apunta que no hay datos oficiales de desplazamiento forzado interno de periodistas, lo cual perjudica mucho para las políticas públicas. 

De acuerdo con la académica, Enrique Irazoque, excoordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, había reconocido en 2022 el desplazamiento de 30 periodistas en México.

Escapar para vivir

Para Marcela de Jesús no hay duda, quien está detrás del ataque violento del que fue víctima es la actual presidenta municipal de Xochistlahuaca, Guerrero, la priista Aceadeth Rocha Ramírez, pues en aquel momento denunció la corrupción en el ayuntamiento, además de la discriminación contra la población indígena del municipio. 

Pese a ello, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) cerró su caso sin señalar a la autora intelectual, aun cuando se comprobó que dos hombres la esperaban afuera de la estación de radio para matarla y recibieron 50 mil pesos para realizar el ataque.

Aunado a esa situación, la periodista denunció que el mecanismo federal ya no le da acompañamiento; le dijeron que su caso ya no es de competencia federal. Sólo le dieron diez sesiones de terapia psicológica y, en su momento, el resguardo para su reubicación temporal.

“Es difícil. Tengo diez nietos. Quisiera convivir con ellos... Estoy perdiendo mucho, estoy perdiendo lo que construí durante muchos años como credibilidad porque esta mujer me ha criminalizado; la autora intelectual, lejos de que se le investigue, sigue teniendo el poder político y económico para hacerme daño”, denunció.

El desplazamiento no sólo alejó a Marcela de su familia, también de sus costumbres, de su estilo y proyecto de vida. 

“Cada una de las desplazadas y desplazados tenemos características diferentes. Yo soy de pueblo y soy indígena. Yo soy mujer, tengo mi forma de vestir, se deshace y aquí no puedo comprar con una tarjeta de despensa la indumentaria que uso. Llevaba varios años trabajando la tierra, consumiendo orgánico, todo eso en mi casa se está deteriorando, está en el abandono”.

Lucila, especialista en desplazamiento interno forzado con perspectiva de género, cuyo nombre fue cambiado por razones de seguridad, explicó que para las mujeres es más delicado dejar el lugar donde viven y trabajan porque en lo primero que piensan es en su familia. 

“Siempre son a las que más les cuesta trabajo desplazarse de manera más clara”, señala al referirse que las mujeres piensan en llevarse a sus hijas e hijos, al papá o a la mamá enfermos.

La experta recuerda que, en 2010, cuando empezó a documentar casos, el tema era desconocido y la gente se refería a este fenómeno como si alguien saliera huyendo del lugar donde vivía.

“Todo mundo decía que huían las personas y no le habían dado el término de desplazamiento forzado hasta que empezamos a investigar (…) Así van cuatro sexenios y sigue sin reconocerse el fenómeno. Ahora la gente se cambió de lugar, están saliendo de Guanajuato y de Veracruz”, señala.

Para las mujeres el desplazamiento genera otros problemas, principalmente cuando son cabezas de familia y se ciñe sobre ellas la amenaza de ser reclutadas por el crimen organizado para servicios sexuales o domésticos.

Morna Macleod coincide en que una de las preocupaciones principales de las periodistas desplazadas son hijas e hijos, aunque también ha detectado que, a diferencia de sus colegas hombres, las reporteras desplazadas buscan a sus redes de apoyo para moverse de su lugar de origen.

Ley congelada

En marzo de 2020 se presentó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, la misma fue aprobada en septiembre del mismo año en la Cámara de Diputados, pero hasta la fecha no se ha terminado el trámite en el Senado.

La iniciativa fue presentada por las legisladoras de Morena Rocío Barrera Badillo y Julieta Kristal Vences Valencia, así como por los coordinadores de la totalidad de los siete partidos representados en ese entonces.

De acuerdo con la sinopsis publicada en el portal de la Cámara de Diputados, se pretende “crear un ordenamiento jurídico que garantice la protección de las personas en situación de desplazamiento forzado interno”, mediante el disfrute de sus derechos en materia de “una vivienda adecuada, seguridad a la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalación e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación”.

En su argumentación la iniciativa precisa que la Organización de Naciones Unidas (ONU) identifica como causas para que ocurra el desplazamiento forzado interno la existencia “de conflictos armados, situaciones de violación a los derechos humanos”, entre otras, y quienes se ven obligadas a desplazarse se encuentran en condición de indefensión, son expuestas a diversos delitos y pierden sus medios de subsistencia y “pueden quedar imposibilitadas al acceso de los servicios básicos”, como se comprueba en los testimonios de periodistas que se presentan en esta investigación.

La ley fue una de las recomendaciones que desde 2015 hizo a México la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en la cual debiera existir una institución que brinde protección a las víctimas y para ello se crearía un Mecanismo Nacional, además de la obligación de los estados para prevenirlo y facilitar el retorno o su reubicación.

En cuanto a los estados, Chiapas fue el primero en emitir una disposición legal en 2012, mientras que en ese mismo año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que trabajaba en el Protocolo de Atención a Personas Internamente Desplazadas en México y el cual se presentó hasta 2016. 

Guerrero, Sinaloa y Zacatecas también cuentan con una ley; Guerrero, Sinaloa, Sonora y Chihuahua tienen tipificado como delito el causar el desplazamiento, de acuerdo con Guillermo Fernández-Maldonado, quien fue representante del Alto Comisionado de la ONU en México. 

Fernández-Maldonado sostuvo en una conferencia, en enero de 2023, que en el caso de las periodistas o defensoras desplazadas como medida de autoprotección o dictada por el Mecanismo Federal, éstas “enfrentan constantemente la amenaza de la violencia de género, incluida la violencia sexual que, junto con la desproporcionada carga del trabajo de cuidado, puede implicar el desplazamiento también de las personas que tienen a cargo”. 

Desde hace más de 10 años diversos legisladores federales hicieron propuestas y emitieron exhortos para analizar y dimensionar los casos de desplazamientos derivados de la violencia en el país, pero a la fecha no se ha logrado destrabar el proceso, y el Senado la mantiene congelada; por ello la Fiscalía General de la República no investiga los delitos que obligaron a las personas a dejar su lugar de residencia. 

En 2023 la diputada perredista Gabriela Sodi Miranda hizo un llamado a los senadores para aprobar la ley, para que con ello se definan los recursos que ayuden a las personas que se encuentran desplazadas en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Zacatecas.

De acuerdo con Lucila, si bien es necesario que exista una ley con su respectivo reglamento, también se pueden realizar acciones que por el momento ayuden a las mujeres y familias en desplazamiento forzado, como la expedición de actas de nacimiento, brindar insumos de gestión menstrual y garantizar el acceso a la salud, incluyendo la reproductiva.

“Estamos totalmente desprotegidas (como mujeres) en la propiedad, desprotegidas en educación, en la salud, en la escolaridad, en todo (...) Hay algunas mujeres que yo les he estado dando seguimiento, que están aquí y se perdieron en el anonimato. Hay una de ellas, siendo una periodista pues de reconocido prestigio en Guerrero, se vino acá, ella está trabajando en un mercado (...) nunca nadie le dio apoyo de nada y huyó por el secuestro de su papá”.

En busca de un diagnóstico

La academia, organizaciones nacionales e internacionales han realizado acciones para poder tener un panorama en torno a la problemática del desplazamiento. El 29 de agosto de 2022 se realizaron reuniones con defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, en el contexto de la visita oficial a México de la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos por parte la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jimenez-Damary.

De acuerdo con los archivos de Reporteros Sin Fronteras, en México los primeros registros de periodistas desplazados se tuvieron en 2010 con al menos diez casos. La cifra fue de ocho en 2017 y se calcula que entre 2010 y 2017 al menos 13 periodistas tuvieron que salir del país para resguardar su vida.

La organización Artículo 19 tiene registros de otras 32 personas dedicadas al periodismo que han sido víctimas de desplazamiento forzado. La información corresponde sólo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si bien el desplazamiento es una medida urgente para proteger la integridad física, se concluyó que el Mecanismo presenta fallas y no garantiza la protección a las personas afectadas durante el proceso de extracción; tampoco toma en cuenta la seguridad de los lugares de destino, ni las necesidades, preocupaciones, prioridades, intereses y capacidades de las víctimas.

Así ha sido la experiencia de Marcela de Jesús, quien ha tenido que costear por su cuenta algunas cirugías, sus prótesis y constantes consultas que requiere como parte de su recuperación. Todo tiene que estar a cargo de un especialista facial que sólo pudo contactar en una universidad privada de la Ciudad de México, pues al haber sido despedida no cuenta con seguro social.

“Tengo ISSSTE por parte de mi hijo, pero no puedo acceder por que me pide referencia de mi clínica de Ometepec y yo no puedo ir a traer esas referencias (…) El mecanismo no ha intervenido. Siempre les he dicho ‘tienen el poder, úsenlo para ayudarme’”.

Dijo que, si bien el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha ayudado a periodistas con recursos para medicinas, intervenciones dentales o prótesis, con Marcela no ha sido igual. En febrero de 2023 la directora, Tobyanne Ledesma Rivera, le dijo que le llamarían cuando recibieran los recursos. Terminó el año y no pasó nada.

Lucía Elisa Moguel Osorio, investigadora del programa de Protección y Defensa de Artículo 19, expuso que las amenazas, ya sea directas o indirectas por su labor, además de las agresiones físicas, son los motivos por los cuales periodistas y defensores son obligados a desplazarse y se aplican los programas de protección, pero la salida de su lugar de residencia debiera ser la última opción.

“Hay particularidades en cada caso, que justo tienen que ver, por ejemplo, con que algunos no pueden retornar o enfrentan complicaciones. Hay otros que en este caso sí se desplazan, pero afortunadamente tienen como una finalidad el retorno”.

Destacó que hay una diferencia entre las situaciones que enfrentan hombres y mujeres, aunque la causa sea la misma: su labor periodística; pero considera que sí es importante reconocer las violencias diferenciadas que existen durante el desplazamiento, así como las posibilidades del retorno.

Panorama complejo

De acuerdo con Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, la violencia en las diferentes regiones del país causó que desde hace poco más de dos años haya un incremento en el desplazamiento de periodistas junto con sus familias.

“Si el mismo Mecanismo reconoce hasta principios de este año (2023) que tenía por lo menos entre 40 y 49 periodistas desplazados por la violencia, al ser amenazados o agredidos, y que han tenido que salir de sus zonas de origen para resguardar su vida y la de sus familias, es una situación que nos preocupa porque nos parece que no se está atendiendo de manera integral y suficiente”, consideró.

Explicó que desde Reporteros sin Fronteras han planteado que el Mecanismo debe hacer un diagnóstico actualizado, de manera constante o en periodos para detectar qué está pasando con los periodistas, pero el organismo federal no lo realiza.

Expuso que lo que el Mecanismo argumenta es que después de un tiempo que los periodistas están fuera de su zona ya no tienen riesgo, pero eso es bastante cuestionable, ya que, quienes se dedican al periodismo lo siguen ejerciendo desde el lugar donde estén.

“Es algo que tienen que considerar, pero desde luego si el Mecanismo no tiene un protocolo de procedimientos ante estos desplazamientos forzados por hechos de violencia, tampoco tendrá acciones concretas para contrarrestar situaciones de riesgo”, opinó.

Confirmó que hay varios casos de periodistas, hombres y mujeres, que han tenido que salir del lugar donde trabajaban y que después de un tiempo regresaron y fueron asesinados.

“En este tiempo, por lo menos 10 años desde que fue creado el Mecanismo, nueve periodistas han sido asesinados estando bajo su protección. Siempre hemos planteado que el Mecanismo tiene que revisar las fallas que se dieron en estos casos específicos para evitar que vuelvan a ocurrir situaciones similares”, advirtió.

Jesús Medina Aguilar, representante de la Asociación de Periodistas Desplazados en México, dijo que desde esta organización se ha logrado conocer los casos de diferentes colegas de todo el país que han tenido que recurrir al desplazamiento forzado con apoyo del Mecanismo Federal de Protección, con alguna instancia local o de forma independiente. Él mismo tuvo que desplazarse varias veces tras recibir amenazas.

Medina Aguilar considera que en este momento el gobierno federal no tiene la capacidad de atender el fenómeno del desplazamiento forzado, ya que simplemente no hay ningún tipo de estadística o registro; menos medidas integrales, soluciones duraderas o un plan de retorno o reubicación.

Expuso que el Mecanismo lo primero que hace es tratar de desvincular de la labor informativa cualquier tipo de agresión a un periodista, pese a que la ley dice que deben de basarse en el principio de buena fe. Tampoco quieren aceptar que el organismo federal genera el desplazamiento.

“Al momento de que te extrae (el Mecanismo federal) de tu zona te está desplazando y te está volviendo una víctima de desplazamiento forzado, pero no quieren reconocerlo y entonces nos llaman ‘reubicados temporalmente’. Entonces para ellos cerca de 300 periodistas están en esa condición, pero es una cifra que no se puede tener en papel”.

El vocero de la Asociación de Periodistas Desplazados en México indicó que en 2022 identificaron 87 periodistas desplazados en todo México reconocidos por diversas organizaciones, pero advirtió que el dato es incierto, existe una cifra negra.

Así como el gobierno federal y autoridades locales en muchas entidades no cuentan con cifras del fenómeno de desplazamiento forzado, menos aún de periodistas y personas defensoras. El gobierno de Guanajuato, por ejemplo, reportó que a dos periodistas y cuatro personas defensoras se les reubicó de manera temporal de 2019 a 2023, mientras que otras entidades dijeron no tener información al respecto.

En el caso de Marcela de Jesús le ha pedido a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, le regrese su plaza en la radio de Ometepec y le ayude a volver a su hogar. 

“Quiero regresar a vivir allá, irme integrando a mi trabajo, regresar ya en mi casa porque esto ya no es justo (...) Ya quiero que me dejen trabajar y seguir haciendo lo que me apasiona, seguir siendo la voz de mi casa, seguir garantizando el derecho a estar informado y pues… vivir”.

* Iniciativa implementada por Comunicación e Información de la Mujer, AC, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, en Chihuahua. y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, AC, financiado por la Unión Europea en el proyecto Mujeres defensoras y periodistas incorporan el enfoque de derechos humanos de las mujeres en la política pública de protección integral en la materia.