CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con casi un centenar de homicidios de periodistas en los últimos diez años, México se encuentra entre los primeros cuatro países de América Latina con mayor incidencia de ataques contra ese gremio, y la sexta posición en el Índice Global del Comité de Protección a Periodistas.

Con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y su programa Bajo Riesgo, dedicado al análisis de los programas de protección a periodistas en América Latina, resaltó que Brasil, Colombia, Honduras y México, son los países con mayores registros de asesinatos de comunicadores, con 139 entre 2011 y 2020, “y donde las tasas de impunidad son alarmantes”.

En México, RSF recordó que, tras la recomendación de Naciones Unidas en 2010, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), adscrita a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR).

“Diez años después, según datos de la propia FEADLE, la Fiscalía Especial reconoció su competencia para atender sólo 27 de los 92 homicidios contra periodistas registrados desde 2010 hasta julio de este año”, descartando que el resto “tuviera relación con la actividad periodística”.

Durante ese periodo, la FEALE sólo logró cinco condenas por homicidios relacionados con violaciones a la libertad de expresión, mientras que, por otros delitos contra periodistas, 25 sentencias condenatorias.

En Colombia, hay un registro de 161 homicidios de periodistas relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión, de los cuales “más del 78% se encuentran en total impunidad, siendo más de la mitad presos sin condena”, según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

En el país sudamericano, desde 1999 existe una subunidad de investigación de los asesinatos de periodistas, que depende de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, misma que hasta ahora carece de fiscales especializados.

En Honduras, por recomendación expresa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante las presiones internacionales por los altos niveles de violencia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, en 2018 se creó la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Feproddhh), que depende del Sistema Nacional de Prevención y Protección, sin embargo las víctimas aseguran que “ni siquiera tienen acceso a la información sobre la tramitación de sus denuncias y la impunidad ha consolidado un cuadro de autocensura y profunda incredulidad en el Estado por parte de las comunicadoras y los comunicadores”.

En cuanto a Brasil, RSF resaltó que siendo uno de los países con los más altos índices de impunidad, “no cuenta con unidades especializadas en delitos contra la libertad de expresión”, registrándose la mayoría de los ataques “lejos de los grandes centros urbanos e involucraron a comunicadores de pequeños medios de comunicación, muchos blogueros y locutores de radio”.

La organización internacional rindió homenaje a cuatro periodistas de los cuatro países más violentos para el gremio, para conmemorar este día, Edgar Esqueda Castro, quien fue secuestrado, torturado y asesinado el 5 de octubre de 2017 en San Luis Potosí, México, y trabajaba para los diarios Metrópoli San Luis y Vox Populi, y dirigía el portal Infórmate Potosino; de Colombia, José Abelardo Liz, comunicador indígena quien murió tras ser herido por impactos de bala mientras cubría una manifestación el 13 de agosto de 2020, como reportero de la emisora comunitaria Nación Nasa.

La organización también recordó a Manuel Murillo Varela, periodista audiovisual quien fue hallado en Tegucigalpa, Honduras, con tres impactos de bala en el rostro, el 24 de octubre de 2013, un mes antes de las elecciones generales en el país centroamericano, así como al periodista, Valerio Luiz de Oliveira, locutor de deportes asesinado el 5 de julio de 2012 tras recibir seis disparos de un motociclista, mientras se encontraba en su vehículo estacionado frente a Radio Jornal 820 AM, en Goiania, Brasil.

RSF resaltó que los delitos contra los periodistas “comienzan mucho antes de que se lleve a cabo un asesinato”, al que anteceden amenazas, intimidación, agresión física y digital, secuestro y amenazas a familiares, entre otros.

Agregó que sobre esos antecedentes, “la ausencia sistémica de investigación y rendición de cuentas de los perpetradores de este tipo de ataques deja el camino abierto para la escalada y perpetuación de la violencia”.

RSF concluyó que “sin cambios estructurales en este sentido, el 2 de noviembre deberá seguir siendo un día de lucha para que no se olviden estas vidas perdidas”.