El crimen organizado e integrantes y exintegrantes de alguna dependencia de seguridad pública o municipal fueron señalados como los mayores perpetradores de homicidios de periodistas en Veracruz durante el periodo 2010-2016 –que corresponde a la gubernatura de Javier Duarte de Ochoa–, se desprende de la investigación Veracruz de los silencios, de Artículo 19, cuya autora es María Eloísa Quintero.

Para la organización, la importancia del análisis sobre esos años radica en que, de acuerdo con el Observatorio de la UNESCO, en ese lapso México fue el país con mayor número de periodistas asesinados dentro del grupo que clasifican en “zona de no conflicto”; mientras Veracruz tenía el primer lugar dentro de las entidades federativas del país.

“Veinte casos –17 homicidios, tres desapariciones– en sólo seis años. ¿Son distintos? ¿Coinciden las formas de matar o desaparecer? ¿Son agresiones simples o grupales?”, cuestiona la investigación que hizo una revisión sobre esas 20 víctimas, buscando reconstruir qué pasó, quiénes intervinieron, quiénes no intervinieron, qué dijeron las propias víctimas, sus colegas y la autoridad. 

“Buscamos la información contenida en notas periodísticas, libros, documentales, videos, fotos, fichas técnicas de Artículo 19, informes, libros y otros. Se recopilaron los datos consignados; se estudiaron las reproducciones de documentos procesales de las investigaciones ministeriales (testimonios, confesiones o dictámenes periciales) contenidas en diversos textos. 

“Se tuvo en cuenta lo reportado por la autoridad, particularmente lo compartido en ruedas de prensa y en comunicados por la fiscalía. Se integró lo aportado por los entrevistados. Por último, se realizaron solicitudes por transparencia a través de Artículo 19. Todo esto se procesó, sistematizó e investigó, a fin de reconstruir los casos con detalle y fuentes”, explica Quintero, la autora. 

La investigación estudió por separado tres momentos: el de la desaparición de las personas periodistas, el de la privación de sus vidas y, por último, el del hallazgo de cuerpos y restos. “Encontramos que entre los 20 casos hay diferencias, pero también más de una coincidencia”.

Las conclusiones del trabajo de investigación se basan en la información que se pudo recopilar de más de 350 fuentes documentales y más de 30 fuentes vivas.

Desapariciones

De acuerdo con los registros, son tres los periodistas que a la fecha se encuentran desaparecidos y 17 que fueron asesinados durante el periodo 2010-2016. Sin embargo, los datos recopilados en cada caso indican que 12 estuvieron previamente desaparecidos (durante horas, días o meses). De ellos, tres fueron extraídos de su domicilio (Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez Cerezo y Anabel Flores) y uno en la puerta de su trabajo (Víctor Manuel Báez Chino, secuestrado en Reporterospoliciacos.com). En los demás casos se desconoce el lugar de captura, sólo se puede afirmar que no se llevó a cabo en su casa o trabajo y, por ende, se presume que ocurrió en la vía pública.

La investigación advierte que durante el periodo estudiado se dieron tres modalidades o formas de desaparición: por convocatoria, aprehensión o interceptación.

El 23% de los periodistas fue buscado y sustraído de su domicilio. En la mayoría de los casos, 65%, se presumen desaparecidos en vía pública.

La mayoría de las personas asesinadas, 65%, fueron previamente desaparecidas y luego, horas o días después, asesinadas.

En todos los casos dados a conocer la desaparición se dio por modalidad de agresión grupal o de tipo comando.

En algunos casos, a las desapariciones le precedió un llamado telefónico o la convocatoria a una cita. Es decir, en ocasiones la persona periodista recibía un llamado, salía a realizar una diligencia o bien asistía “voluntariamente” a una “reunión”, pero ya no regresaba con vida. Este es el caso de Noel López Olguín, quien –según una fuente–, durante la mañana del 8 de marzo de 2011, mientras estaba desayunando en su casa recibió una llamada telefónica. 

Tras intercambiar un par de palabras con quien le llamó, dijo a su esposa que iría rumbo a Soteapan para realizar algunas diligencias y volvería en la tarde, pero nunca regresó. 

Sergio Landa Rosado recibió una llamada el domingo 20 de enero de 2013 mientras estaba trabajando en la redacción del Diario Cardel, alrededor de las cuatro de la tarde. Salió sin apagar la computadora y diciendo a los dos colegas presentes “ahorita vengo, ahorita regreso, no me apagues la máquina, voy a regresar a terminar lo que estoy haciendo”.

También Gabriel Huge le comentó a un amigo que iba a una cita delicada y le dijo, “si en dos horas no regreso, te encargo mucho a mi hija”.

En el caso de Miguel Morales Estrada –según una fuente confidencial– precisamente el día que desapareció había sido enviado por el director del periódico a cubrir un evento de seguridad pública, un operativo, y de ahí no se supo más de él. Se conoce que Miguel, antes de desaparecer, fue al periódico a dejar su equipo y dijo que volvía, pero ya no lo hizo.

Otros no fueron convocados, sino buscados –aprehendidos– directamente en sus domicilios como Moisés Sánchez Cerezo y Gregorio Jiménez, o en otro lugar público, como el caso de Víctor Manuel Báez Chino. Respecto de Gregorio –según una fuente–, llegaron a su casa y “encañonaron” a una de sus hijas tras lo cual él se entregó. Los agresores eran civiles, se transportaban en una sola camioneta y llevaban armas largas y cortas.

Algunos periodistas fueron interceptados, desaparecidos o ejecutados en un solo momento. Así, en algunos casos sólo se sabe que salieron a trabajar y nada más, por lo que se supone que en algún punto fueron interceptados. “Tal es el caso de Gabriel Fonseca, quien pasó por el medio en el cual trabajaba, habló con su jefe, se retiró y ya nunca regresó. En el periódico ‘se quedaron esperando sus notas del domingo’, dijo una fuente.

“¿Cómo se llevaron a cabo las desapariciones? ¿Fueron agresiones simples (actos de violencia realizados por una o dos personas) o bien actos ejecutados de manera grupal o como consecuencia de un operativo?”, se pregunta el trabajo presentado por Artículo 19.

De acuerdo con la investigación Veracruz de los silencios, en ocho de las 13 desapariciones analizadas no existe información ni detalles sobre sus circunstancias. Es decir, no se sabe si asistieron voluntariamente al que fue su lugar de captura, si fueron buscados o interceptados, y menos, si ello se dio por agresión simple o grupal. En los otros cinco casos, quienes brindaron datos fueron familiares, testigos, colegas y autoridades, agrega el trabajo de Quintero. 

“Así, por ejemplo, se ha dado a conocer que Víctor Manuel Báez Chino fue secuestrado por hombres armados sin uniforme a bordo de una camioneta gris, a las 23:30 horas cuando junto a otros colegas salía de la sede de ReporterosPoliciacos.com en la calle Chapultepec, en Xalapa.

“Gregorio Jiménez fue apresado en Villa Allende por hombres armados que se presentaron en la puerta de su casa, preguntaron por él y antes de apresarlo dijeron ‘este es el fotógrafo’. Se lo llevaron a la fuerza a bordo de una camioneta. Según lo publicado por Ricardo Ravelo, en su libro Periodistas asesinados: los expedientes, en casa de Gregorio bajaron tres hombres encapuchados y armados, y se lo llevaron en un Honda CRV. El grupo era una célula de Los Zetas que lo tenía vigilado; ese día incluso había un halcón en las inmediaciones esperando que el periodista regresara de llevar a sus hijas a la escuela. Se lo llevaron esposado por detrás”.

En el caso de Moisés Sánchez Cerezo –continúa el trabajo de investigación– una fuente viva remarcó que el 2 de enero de 2015, cerca de las 19 horas, llegó al domicilio un comando, pues “calculamos unas nueve a 12 personas más o menos en cinco vehículos”. 

Todo da a entender que fue una maniobra de operativo, según lo relatado por la fuente. Señala, además, que el comando (aparentemente del Cártel Jalisco Nueva Generación) actuó con el apoyo de policías estatales y agentes de tránsito municipal. Los vecinos también dieron datos: señalaron que los secuestradores iban en carros y detrás de una patrulla. También dijeron que había dos policías motopatrulleros estacionados en las cercanías, quienes observaron al grupo de vehículos cuando entró a buscar a la víctima y cuando huyeron, pero no hicieron nada por impedir el secuestro.

Sobre Noel López Olguín no se había dado a conocer dato público al respecto. El tema no es abordado en informes, notas periodísticas o fuentes vivas hasta que la autoridad en algunas manifestaciones señaló que el periodista fue aprehendido por sujetos que venían en dos camionetas. “Por la falta de elementos podemos decir que no fue desaparecido en un acto de agresión grupal”, se desprende de Veracruz de los silencios.

Por último, se reportó que Anabel Flores Salazar fue apresada el 8 de febrero de 2016, hacia las dos de la mañana, por un grupo de hombres uniformados “como militares”, quienes tenían armas largas, cascos, chalecos y pasamontañas. Irrumpieron en su hogar y se la llevaron a rastras. Los hombres al presentarse dijeron “tenemos una orden de aprehensión” y procedieron a llevársela, detalla el trabajo de investigación.

En síntesis: en todos los casos en que se conoce –o se ha dado a conocer– cómo se produjo la desaparición, “se advierte que la modalidad de ejecución es grupal o de comando. Incluso en uno (caso de Anabel) los agresores vestían uniforme”.

Asesinatos

Son 17 los periodistas asesinados en Veracruz entre 2010 y 2016. De acuerdo con la revisión de fotos, documentos, copias de informes, necropsias o periciales, así como detalles brindados en libros y entrevistas, la investigación expone que dos de las víctimas fueron asfixiadas: una fue “ahogada con una jerga del baño”, golpeada, con mandíbula quebrada; la segunda, tuvo asfixia mecánica y otros signos de tortura.

Seis periodistas recibieron impactos con armas de fuego. Uno fue asesinado de un disparo en la cabeza a las afueras de la oficina de Tránsito, otro recibió varios disparos (entre ocho y 11 balas, no hay certeza de cuántos le dieron) que le causaron la muerte pocos minutos después. Y en una escena de multihomicidio hubo 33 disparos sobre tres cuerpos. Otros dos periodistas recibieron disparos (cuatro y uno, respectivamente) y en sus cuerpos también había signos de tortura. 

“Siete de las 17 víctimas sufrieron decapitación y desmembramiento. Entre ellos, los cuerpos de dos fueron sometidos a otros tormentos: uno fue decapitado, mutilado y descuartizado; el otro fue decapitado como forma de muerte. 

“De otras dos víctimas sólo se conoce que una recibió un golpe en la cabeza y la segunda fue encontrada atropellada, con múltiples lesiones y los ojos vendados”, detalla el trabajo presentado por Artículo 19.

Hay otra constante, advierte la investigación: de los 17 homicidios, sólo en cuatro casos la muerte fue producida prácticamente en un solo momento. Se trata de Manuel Torres González, interceptado y asesinado de un disparo en la cabeza. Pedro Tamayo baleado por la noche, mientras estaba con su esposa y sus dos hijos atendiendo un puesto familiar. Miguel Ángel López Velasco y Misael López Solana, ejecutados en su domicilio, poco tiempo después de que ingresaran sus agresores, pero en un contexto de mucho dolor y violencia psicológica. El resto de las privaciones de la vida se dieron a consecuencia de diversas lesiones y agresiones físicas.  

Al analizar estos últimos casos y los detalles de las agresiones que las víctimas recibieron se halló otra constante: antes de la ejecución (asesinato) precede un tiempo en el que se practican actos de agresión física y psicológica; en todos los casos dados a conocer existen indicios de tortura, advierte Artículo 19.

Hallazgo de cuerpos y restos de las víctimas

También las condiciones de hallazgo son múltiples, pero por debajo de todas ellas se vislumbran constantes.

El trabajo Veracruz de los silencios expone que los cuerpos de 10 personas fueron hallados en la vía pública: Yolanda Ordaz, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez, Víctor Manuel Báez Chino, Armando Saldaña, Juan Mendoza Delgado, Anabel Flores Salazar, Manuel Torres González y Moisés Sánchez Cerezo.

Cuatro víctimas fueron presuntamente asesinadas y encontradas en su domicilio: Regina Martínez (Proceso), Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Pedro Tamayo (asesinado mientras atendía el puesto de comida que tenían en la puerta del domicilio familiar). Una de las víctimas (Rubén Espinosa –Proceso–) fue ejecutada y encontrada en el domicilio de otra persona, Nadia Vera, en la Ciudad de México.

Los cuerpos de otros dos periodistas fueron hallados en fosas en lugares que presuntamente eran casas de seguridad: Noel López Olguín y Gregorio Jiménez de la Cruz.

“Dicho en otras palabras: de los 17 periodistas asesinados durante el periodo estudiado, sólo dos fueron enterrados o depositados en lugares no visibles. Los otros 15 fueron expuestos, mostrados o dejados en lugares con la clara intención de que sean hallados”.

De acuerdo con los datos recabados, los cadáveres de seis víctimas fueron hallados en Veracruz-Boca del Río, mientras otros dos en Xalapa y los demás en Poza Rica, Tierra Blanca, Benito Juárez, Chinameca y Las Choapas, entre otros lugares.

A su vez, de los diez cuerpos hallados en la vía pública, cuatro se encontraban desmembrados y colocados en bolsas negras de plástico; tres fueron localizados en el canal de aguas negras La Zamorana, en Boca del Río. 

Indicios de tortura

Tras el análisis de documentos, testimonios y toda la información con la que se cuenta, la investigación afirma que no son uno, dos o tres los casos de periodistas torturados y asesinados: en todos los casos existen indicios o elementos para presuponer tortura.

Para investigar y acreditar si hubo tortura –expone Veracruz de los silencios– “se utilizaron diversos instrumentos internacionales y nacionales; cada uno de ellos da pautas en seguimiento de los estándares que marca el protocolo y se deben respetar lo que se conoce como ‘mínimos trazados’, en especial al realizar el dictamen médico-psicológico. Esas y otras pruebas son necesarias para constatar y concluir si se cometió el delito de tortura.

“Desgraciadamente la mayoría de las víctimas no tiene asistencia o representación jurídica en los expedientes, por lo cual es limitada la información con la que cuentan familiares, viudas y colegas. 

“Algunos pocos, así como colegas o exfuncionarios han compartido en informes, estudios, blogs o artículos de prensa ciertas partes o detalles de las investigaciones ministeriales. Con eso analizamos cada caso con el objeto de determinar si había o no indicios para valorar si la persona fue sometida a tortura. 

“Es decir, si había señales o signos sobre dolores o sufrimientos infringidos –heridas o contusiones en la piel, cara, tórax, abdomen, sistema músculo esquelético, formas de traumatismo contusos, golpes y marcas en los pies y manos, lesiones por posiciones prolongadas, tortura sexual, entre otros–, y si los mismos podrían haberse ejecutado con las finalidades antes referidas”.

En el análisis de Artículo 19 se descartaron cuatro de los 17 casos de homicidio en Veracruz, de 2010 a 2016, pues las víctimas fueron ejecutadas inmediatamente después de haber sido alcanzados o interceptados por su agresor o agresores. En virtud de ello, el universo a analizar se redujo a 13 casos.

“En un caso no se pudo contar con los elementos necesarios para valorar la situación: Noel López Olguín estuvo tres meses desaparecido; se sabe que murió por un golpe en la cabeza, pero nada más se ha comentado en medios y otras fuentes. Se desconoce –o no se ha dado a conocer públicamente– cuánto tiempo estuvo con sus captores, cuándo fue privado de la vida y si su cuerpo presentaba o no lesiones, cortes u otros signos”, se desprende del texto bajo la autoría de María Eloisa Quintero.

En los 12 casos restantes, la autoridad, testigos, peritos y otros han brindado detalles sobre circunstancias, tipo de lesiones, causa de muerte y modalidad de hallazgo, agrega la investigación. 

El trabajo detalla las torturas sufridas por los periodistas, pero resguardando la identidad de cada una de las víctimas. 

“Podemos decir que 92% (de las víctimas) tiene indicios de tortura. Es decir, 17 son los periodistas asesinados; de éstos, cuatro fueron ejecutados al tener contacto con el agresor. Eso dejó el universo de análisis de indicio de tortura sobre 13 periodistas. De estos 13, sólo en un caso no se conocen o han dado a conocer los datos necesarios, mientras en los otros 12 se tienen elementos sobre indicio de tortura”.

A su vez, destaca la investigación, “a muchas de las víctimas se les quitó material de trabajo (cuadernos con notas, laptop, cámaras fotográficas, grabadoras y otros). El detalle no es menor. Esto es importante por diversos motivos, principalmente porque: a) comunica una intención de callar y borrar el trabajo que la persona periodista estaba haciendo; b) expresa la intención de obtener información de la víctima, ya sea a través de su persona –por intimidación y/o tortura– o de lo que alberguen sus instrumentos de trabajo”.

La investigación logró conocer que a Moisés Sánchez Cerezo los presuntos agresores le quitaron su cámara, teléfono celular, tablet y computadora. “No hay que olvidar que esta víctima fue secuestrada por un comando de nueve personas en cinco vehículos (aparentemente del CJNG), con el apoyo de policías estatales y agentes de tránsito municipal”.

En el caso de Regina Martínez –continúa el trabajo de investigación– hay diversas versiones: según algunas fuentes le robaron su computadora y dos casetes con entrevistas, además de teléfonos celulares.

A Noel López Olguín le robaron la cámara fotográfica, pero ésta fue encontrada tres meses después en posesión del presunto agresor, al momento de su detención (situación que presenta la autoridad como fortuita).

“De Víctor Manuel Báez Chino desaparecieron computadoras y libretas. Este caso es distinto. Una fuente viva señala que el material fue llevado por unos colegas de Reporteros policiacos, quienes tenían llave del hogar de la víctima; y podrían haber buscado custodiar el material por seguridad –propia, del medio, del proyecto, de las fuentes, de otros colegas o incluso de parientes de las víctimas–”.

En el caso de Miguel Ángel López Velasco, las autoridades dijeron que el motivo del crimen fue el robo, pero que sólo se llevaron una computadora que nunca apareció. 

Por último, el teléfono de Rubén Espinosa también desapareció de la escena del crimen, y hay datos de geolocalización posterior a la hora de su muerte, que lo ubican lejos del lugar donde fue ejecutado.

“La situación de inseguridad en la que trabajaban las personas periodistas era tan marcada que, en ocasiones, antes de salir a reportear o bien antes de acudir a una reunión o a una cita forzada con miembros del crimen organizado, los periodistas comentaban la situación con colegas o familiares –por si no regresaban- y/o dejaban en resguardo su material de trabajo. Esto se documentó en el caso de Miguel Morales Estrada: según se dice, el último día que se le vio con vida salió a cubrir una nota, pero primero pasó al periódico y dejó su cámara”.

Presuntos responsables

Teniendo en cuenta lo que oficialmente se ha hecho público, se pudo contabilizar que en 15 de los 20 casos la fiscalía ha individualizado, imputado o detenido a presuntos responsables, agrega la investigación.

“Ante ello cabe preguntarse ¿cuántas de estas personas que han sido imputadas o detenidas pertenecen a grupos del crimen organizado? ¿A qué grupo pertenecen? ¿Cuántos son o fueron funcionarios o agentes de seguridad pública? ¿Cuántos autores trabajaban para intereses privados o incluso fueron sicarios a sueldo? Estas preguntas son clave para intentar comprender –en parte– el ejercicio de la violencia letal”, expone el trabajo de Quintero. 

Según lo registrado, por lo menos 29 personas han sido investigadas, imputadas y algunas detenidas en algún momento por la fiscalía referente a los casos de personas periodistas asesinadas y desaparecidas entre 2010 y 2016.

De ese universo de personas se desprende que cerca de 25% pertenecía o había pertenecido a una institución de seguridad pública o dependencia municipal. 

“Se pudo contabilizar también que, de acuerdo a lo expresado por la fiscalía y en virtud del contenido de las confesiones, cerca de 75% de las personas señaladas por la fiscalía y/o detenidas eran presuntos miembros del crimen organizado. De estos, la mayoría pertenecía a Los Zetas, algunos al CJNG, y del resto no se señala el cártel específico.

“No obstante, con base en toda la información recopilada y cruzada encontramos que en los 20 casos existen más de 60 personas señaladas por la autoridad ejecutiva o ministerial como posibles responsables de las desapariciones y/u homicidios. 

“No todos han sido investigados en los respectivos expedientes, ya sea porque no se los pudo identificar, dado que habían sido señalados con apodos o señas físicas; no fueron citados a declarar por la autoridad, o bien fueron citados, pero no investigados. Esto último se ve en el caso de Pedro Tamayo; en su momento 11 policías estatales fueron llamados a declarar por su presunta participación en la muerte del comunicador, pero luego no se hicieron imputaciones ministeriales contra esos u otros funcionarios”.

El análisis de la organización expone que al revisar la situación de las primeras 21 personas, que en su momento la fiscalía señaló como responsables y a consecuencia detuvo, se advirtió que más de la mitad confesó “voluntaria y espontáneamente”, como se suele decir en la jerga ministerial. De ellos por lo pronto tres se retractaron de dicha confesión. 

A modo de ejemplo: Jorge Antonio Hernández Silva (caso Regina Martínez) dijo que su confesión fue tomada bajo tortura por parte de elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación. Clemente Noé Rodríguez Martínez (caso Moisés Sánchez) y Daniel Pacheco Gutiérrez (caso Rubén Espinosa) también se retractaron de su confesión y argumentaron que fueron torturados. 

Hipótesis

La investigación presentada por Artículo 19 explica que al analizar el universo de fuentes cerca de 60 generan señalamientos más específicos. “De éstas se contabilizó cuántas fuentes señalan a presuntos autores y cuáles son éstos: surgió que el actor más señalado fue el crimen organizado (23 fuentes); este dato precedió a la investigación, es decir, desde que se encaró el análisis de contexto se supo que la narrativa colectiva suele señalar que los cárteles someten a los periodistas a la ley ‘plata o plomo’.

“El trabajo de recopilación y análisis nos permitió sustentar que en informes, textos de análisis periodísticos, comunicados y ruedas de prensa de las autoridades, notas y extractos de expedientes, los expertos, funcionarios, colegas y familiares de las víctimas también señalaron a otros actores como responsables de la violencia letal. 

“Entonces, al crimen organizado siguen otros tres actores: funcionarios públicos o figuras políticas (ocho fuentes), miembros de la seguridad pública como policías municipales (seis fuentes), y personas físicas o jurídicas del sector privado (seis fuentes). 

“En otras palabras, el fenómeno de la violencia letal contra la prensa no se explica por el actuar de los cárteles, sus luchas y reacciones. Este es un factor determinante. Si se observan los números, la suma de los otros actores (todos presuntamente del ámbito de la legalidad) equivale casi al papel y porcentaje de representación que tienen los grupos ilegales. 

“Además, conforme la investigación realizada, podemos afirmar que: 18 de los 20 casos tienen de tres a siete hipótesis que intentan explicar el porqué de la violencia letal; la violencia letal analizada se explica por el triángulo de acción propio de los fenómenos macro, donde interactúan actores públicos, privados y miembros del crimen organizado.

“Casi todos los móviles señalan a temas, actividades o riesgos propios del ejercicio periodístico”, agrega el trabajo periodístico Veracruz de los silencios.