CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A pesar de que las fiscalías general y estatales cuentan con las herramientas para investigar y castigar las agresiones perpetradas contra periodistas y defensores de derechos humanos, suelen no judicializar sus carpetas de investigación porque "no siempre se conjugan los recursos, la competencia y la voluntad necesaria", determinó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ONUDH).

Según Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONUDH, ese dato es preocupante, particularmente en uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos --la ONUDH documentó 138 periodistas y activistas asesinados y 13 desaparecidos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador--, y tomando en cuenta que dos terceras partes de las víctimas de homicidio habían sufrido incidentes previos, y que el 30% había presentado denuncias.

Durante la presentación de un informe que publicó hoy la institución, Peña recalcó que, en el contexto de México donde el 99% de los delitos permanece impune, las autoridades siguen sin priorizar de manera automática las líneas de investigación que apuntan a la labor de los periodistas y defensores de derechos humanos, y que “en la mayoría de los casos no se han llevado a cabo los procedimientos integrales” para esclarecer los casos.

El informe de la ONUDH está basado en las 4 mil hojas de expedientes judiciales de nueve personas periodistas o defensoras de derechos humanos que fueron víctimas de asesinato, desaparición o amenazas; de acuerdo con el documento, en los nueves casos se observaron “omisiones, particularmente en el cumplimiento de los principios de debida diligencia, de oportunidad, competencia y exhaustividad”.

Entre sus exhortos al Estado mexicano, la ONUDH recalcó la importancia de priorizar la investigación y la judicialización de los casos de amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos, que suelen anteceder ataques físicos en su contra.

De hecho, Ricardo Sánchez Pérez del Toro, titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), aseveró el 46% de las indagatorias que abrió la institución entre 2010 y 2022 derivaba de amenazas, una agresión que las fiscalías envían a menudo “al cajón”, pues se trata de un delito poco castigado, o incluso, en el Estado de México, que no está tipificado como tal.

El titular de la FEADLE recalcó que la mayor parte de las amenazas se profieren en redes sociales, por lo que asumió la necesidad de “irnos modernizando para lograr una mayor efectividad”.

En su informe, la ONUDH insistió en la necesidad para las autoridades de tomar desde un principio a familiares y colegas como “fuentes principales de información”, para fortalecer las líneas de investigación que contemplan la labor de las víctimas como motivo de las agresiones en su contra, las cuales por lo general favorecieron “de manera determinante el esclarecimiento de los hechos”.

“Que haya una buena investigación desencadena nuevos procesos de búsqueda”, recalcó el reconocido activista Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, un estado asediado por la violencia, donde “hay regiones silenciadas, hay lugares donde es difícil que se ejerza el periodismo”, lamentó.

Uno de los casos del informe trata de la desaparición y el asesinato de Arnulfo Cerón Soriano, un activista de la Montaña de Guerrero que se tituló en Derecho, hizo su servicio social en el centro dirigido por Barrera, y posteriormente se dedicó a levantar la voz para traer servicios públicos a comunidades indígenas marginadas.

Cerón fue desaparecido el 11 de octubre de 2019, mientras acudía a una reunión. Cuando su hijo mayor se alarmó de que su padre había desaparecido, presentó una denuncia y alertó al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que a su vez su puso en comunicación con la ONUDH. Agentes del organismo internacional viajaron a Guerrero, lo que obligó el entonces gobernador Héctor Astudillo Flores, a pedir una investigación para encontrar el paradero del activista.

Gracias a este respaldo, los agentes del Ministerio Público abrieron una carpeta de investigación, donde reconocieron la labor de Cerón en la defensa de los derechos humanos; con esta base, detuvieron a presuntos integrantes de una red delincuencial que operaba en Tlapa, quienes confesaron el lugar donde habían sepultado el cuerpo, que activistas y autoridades hallaron el 20 de noviembre de 2019.

“Pudimos encontrar su cuerpo. Es un logro en medio del dolor. Encontrar un cuerpo ahora en nuestro país es parte de la esperanza”, señaló Barrera, quien insistió en la importancia de reconocer la labor de defensa de los derechos humanos de las víctimas, pues en muchos casos “se nos ha criminalizado, se nos ha vilipendiado, se nos ha tratado de lucradores”.

El caso de Cerón, abundó, permitió lanzar nuevos operativos que lograron desmantelar la red criminal, y llevar ante la justicia a cuatro de los detenidos, quienes fueron condenados a más de 50 años de cárcel la semana pasada.

Barrera estimó que “Tlapa está relativamente más tranquila” ahora, pero subrayó que “la familia de Arnulfo está destrozada”.