CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El navío petrolero “Caballo Azteca” está desaparecido y la Fiscalía de Campeche ha iniciado una serie de investigaciones sobre su paradero.

El caso se inscribe en el contexto de un acalorado conflicto de la empresa Oceanografía con un grupo de exempleados que son investigados por la presunta ilegalidad del caso ya que la empresa sostiene que el barco ya fue vendido en dos ocasiones.

Las operaciones se habrian realizado al amparo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a quien la firma acusa de haber violado el patrimonio de la empresa que se encuentra en concurso mercantil.

El abogado representante de Oceanografía, Doryan Francisco Rodríguez García, presentó una denuncia el pasado 17 de agosto, alegando operaciones fraudulentas y la posible implicación de funcionarios en la venta del barco por parte de estos extrabajadores de la naviera.

La empresa ha enfrentado problemas legales desde hace unos 15 años y actualmente se encuentra en concurso mercantil,  por lo que debería estar suspendido cualquier proceso relacionado con la confiscación de sus activos. 

Entre las acusaciones destaca el señalamiento al empresario Ramón Vadillo Razu por apoderarse ilegalmente del navío y venderlo en dos ocasiones, una de ellas por la cifra asombrosa de 14 millones de pesos, con la supuesta complicidad de autoridades locales y otros individuos, entre ellos Antonio Rueda Medina, Luis Daniel Yañez Sánchez y José Ángel González, de acuerdo a la denuncia. 

Además, el abogado de Oceanografía consideró que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad del Carmen, Campeche, ha cedido ante la presión social ejercida por los trabajadores, pasando por alto la legalidad de sus acciones. 

Oceanografía, a la que pertenecía el "Caballo Azteca", fue declarada en concurso mercantil en julio de 2014, lo que teóricamente debió paralizar cualquier proceso relacionado con sus activos. Sin embargo, las acusaciones sugieren que Vadillo Razu habría reclutado a un grupo de trabajadores con la intención de despojar ilegalmente a la empresa del navío. 

La Fiscalía está en posición de ejercer acción penal por los delitos de fraude y asociación delictuosa contra los implicados, y Rodríguez García espera que la investigación se lleve a cabo de manera minuciosa y que los responsables enfrenten la justicia.