TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Los hombres acusados de violentar mujeres no podrán ser servidores públicos ni ocupar cargos de representación popular, resolvió el Congreso del Estado de Chiapas, al aprobar este miércoles 6 una reforma en ese sentido al artículo 23 de la Constitución Política local.

La decisión se tomó, luego de varias semanas de reclamos de activistas y organizaciones feministas chiapanecas, con la participación y los votos de 32 legisladores.

La iniciativa aprobada adiciona al artículo 23 de la Constitución Política del estado una fracción VI, en la que se establece como causa de suspensión de derechos que las personas tengan una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, o bien contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual.

Tampoco podrá registrarse como candidata para cargos de elección popular ni nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, una persona culpable de violencia familiar, violencia familiar equiparada, delito contra la privacidad sexual o intimidad corporal; violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, o declarada deudora alimentaria morosa.

Homologación con la Constitución Política federal

El dictamen aprobado da cumplimiento al segundo transitorio del Decreto publicado el 29 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.

Esta homologación de la Constitución local establece que toda persona que se postule para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público debe contar con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, la libertad, la seguridad y el normal desarrollo sexual, así como el derecho de alimentos y los derechos políticos electorales de las personas, en especial de las mujeres.

En el resolutivo único de la iniciativa de decreto se adiciona al artículo 23 de la Constitución Política de la entidad la fracción VI, que queda redactada de la siguiente manera:

“Artículo 23. VI. Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada, delito contra la privacidad sexual o intimidad corporal; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.”

“En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público”, dice la reforma.

Previo a la votación, las diputadas Elizabeth Escobedo y Floralma Gómez Sántiz argumentaron a favor de la iniciativa y pidieron a sus compañeros y compañeras legisladoras aprobarla de forma unánime.

La reforma, aprobada en forma unánime con los votos de los 32 legisladores presentes, será remitida ahora a los 124 ayuntamientos de Chiapas, con el propósito de que sea avalada al menos por 50 por ciento más uno de los 124 cabildos en la entidad.

Celebraciones

Las activistas feministas Paulina Conde, María Enriqueta Burelo Melgar y Alejandra Soriano, presentes en la sesión, celebraron la aprobación de la iniciativa, que entrará en vigor en cuanto sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Destacaron que ya no habrá más violentadores de mujeres en los espacios políticos de poder ni en el servicio público, en ninguno de los tres poderes del estado.

En Chiapas, el próximo año se elegirá al gobernador, así como a 40 legisladores, 124 alcaldes y cientos de regidores.