CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa obtuvieron un amparo que prohíbe a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a “destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar” información de inteligencia en torno a la desaparición forzada de los estudiantes, misma que se ha negado a entregar a los investigadores del caso y a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

A pesar de este logro en el ámbito judicial, los padres y sus abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) siguen pidieron una cita con el presidente Andrés Manuel López Obrador para “dialogar” sobre el esclarecimiento del caso, que sigue siendo una deuda pendiente del mandatario, a cinco años de su toma de posesión.

Los padres acudieron a la justicia a raíz de la publicación del sexto y último informe del GIEI, el cual señaló que la Sedena había ocultado arbitrariamente un número indeterminado de reportes elaborados en sus Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (Cerfis), a pesar de que estos podrían ayudar en determinar el paradero de los estudiantes.

Con base en el informe del GIEI, los padres alegaron ante la justicia que, al obstruir el acceso a la información, la Sedena incumplió con un decreto presidencial que López Obrador firmó el 4 de diciembre de 2018 –en su tercer día en función--, a través del cual el mandatario ordenó a todas las dependencias del gobierno a colaborar en la investigación del caso Ayotzinapa.