CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Nuevas evidencias sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa apuntan que, en septiembre de 2014, funcionarios de toda la estructura de gobierno en Guerrero estaban coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos, incluyendo alcaldes, militares, policías y al menos un forense, cuya familia opera un horno crematorio que se utilizaba para “desaparecer gente sin dejar rastro”, y donde algunos de los estudiantes habrían sido incinerados, reveló hoy The New York Times.

El rotativo estadunidense tuvo acceso a más de 23 mil mensajes de texto extraídos de celulares de integrantes de Guerreros Unidos por la Agenda Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que los entregó al gobierno mexicano apenas el año pasado. A cinco años de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, la resolución del caso Ayotzinapa permanece como una deuda pendiente del mandatario.

Aunque ningún mensaje interceptado por la DEA tiene relación con la noche del 26 de septiembre, los “meses de comunicación” entre delincuentes muestran que el grupo criminal estaba “cada vez más paranoico” y “asediado por luchas intestinas mortales”. Este estado de paranoia habría jugado un papel en el ataque contra los autobuses en los que viajaban los normalistas, pues “los traficantes confundieron el convoy con una incursión enemiga”.

Según el periódico neoyorquino, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) espió con el spyware Pegasus a un comandante de la policía y a un jefe de la organización criminal, quienes hablaron sobre el lugar donde los policías tendrían que dejar a los normalistas. Varios de los estudiantes habrían sido llevados a una casa, donde fueron asesinados y descuartizados; posteriormente, habrían sido incinerados en el horno crematorio de la familia de un encargado del servicio médico forense.

En un amplio reportaje publicado hoy, el NYT reveló que el grupo criminal llevaba con frecuencia “cangerejos” o “caldo de cangujeros” –es decir, dinero-- al Ejército, y que en ocasiones sus integrantes se quejaban de la codicia de los soldados. “Nadamas (sic) quieren sacar y sacar”, dijo un comandante de policía a un delincuente, refiriéndose a soldados.

En otro mensaje, el mismo oficial de la policía señaló que estuvo presente en un intercambio de armas por dinero entre un oficial militar y el jefe de un grupo criminal. “Anda contento”, escribió, en alusión al mando castrense.

Los mensajes exhiben que el grupo criminal solía amenazar a presidentes municipales para asegurar su colaboración –o incluso para “cambiar dólares”--, y pagaba cuotas regulares de mil pesos a los agentes de la policía, incluyendo los mandos superiores, para recibir información o pasar retenes, lo cual explica la participación de policías en la desaparición forzada de los normalistas.

Años después de la desaparición forzada de los normalistas, y de la supuesta intervención del gobierno de Enrique Peña Nieto en la entidad, la colusión entre criminales y agentes del Estado seguía igual, según el NYT: mensajes de 2017 muestran que uno de los delincuentes implicados en la noche de Iguala había estado “en una borrachera” con soldados; otro notificó que acaba de hacerse amigo con un comandante de la extinta Policía Federal, y un regidor al servicio del grupo habló de contrabandear drogas a Estados Unidos.