CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como una muestra del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador “por combatir la impunidad” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en Iguala hace casi nueve años, a través de un video de menos de dos minutos la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que están siendo procesadas 116 personas, la mayoría de ellas, exservidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

El video atribuye al trabajo conjunto de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) la detención de más de un centenar de personas, destacando el procesamiento del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

A poco más de un mes de que se cumplan 107 meses de que los jóvenes estudiantes que viajaban en autobuses tomados por ellos fueran atacados por miembros el crimen organizado y de agentes policiacos municipales, ante la complacencia de autoridades estatales, federales y del Ejército mexicano, la CoVAJ hizo énfasis en que de los 116 detenidos, 32 son miembros de Guerrero Unidos, la organización delictiva con presencia en Iguala a la  que se le atribuyen los hechos.

Asimismo, la CoVAJ, que es presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, resaltó que además de Murillo Karam, también está detenido quien fuera directo antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el exagente del Ministerio Público de la corporación que participó en la manipulación de la indagatoria.

En la relatoría de personas procesadas, la CoVAJ destaca sobre la detención de 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre ellos “un ex comandante del 27 Batallón e Infantería y uno el 41 Batallón, un capitán, un teniente y 10 soldados, más un elemento de la Secretaría de Marina”.

A nivel estatal, la dependencia apuntó sobre el encarcelamiento del exsecretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, la expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Iguala, así como 49 policías municipales (dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 38 de Iguala); más cuatro federales y tres federales ministeriales, así como siete estatales”.

La CoVAJ resalta que durante el proceso de judicialización, de 169 personas consignadas, 77 “han sido exoneradas por jueces”.

La dependencia recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en diferentes ocasiones la solicitud de extradición por tortura y otros delitos de Tomás Zerón de Lucio, quien huyó a Israel para evadir la acción de la justicia”.

Tras la relatoría, la Segob sostuvo que “con estas acciones el compromiso del presidente López Obrador por combatir la impunidad se convierte en hechos”, y que “la judicialización y procesos abiertos al escrutinio público representan una nueva etapa en la justicia social en México”.

El breve documental no explica, por ejemplo, que la gran mayoría de los procesados están en prisión por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada de los 43 normalistas.

Tampoco detalla que en el caso del exalcalde Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda, están en prisión por el asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona.

Mucho menos aclara que las 77 personas exoneradas deben su situación legal a que se determinó el uso de tortura para la fabricación de la llamada “verdad histórica”, que sostenía que los 43 normalistas habían sido ejecutados y calcinados en el basurero de Cocula, y sus cenizas diseminadas en el río San Juan, el mismo municipio guerrerense.