CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reconocieron que pese a “las limitaciones” y el “bloqueo” para acceder a documentación de las Fuerzas Armadas sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, es la primera vez que un caso con asistencia técnica internacional haya llegado tan lejos en América Latina.

Al término de su mandato, los dos integrantes del GIEI, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, hicieron un recuento de los aportes del mecanismo de supervisión internacional, derivado de la Medida Cautelar 409/2014 emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, plasmados en seis informes, con “análisis de los hechos, recomendaciones para el caso y para las políticas de atención a víctima, investigación criminal, uso  de pruebas, judicialización y otras más amplias”.

En un comunicado, en el que narraron los obstáculos a los que se enfrentaron los expertos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, reconocieron que “la fuerza de este trabajo se mantuvo incluso a lo largo de estos años por la estrecha relación y la confianza de las víctimas y familiares”.

Resaltaron: “en ningún momento el GIEI ha realizado valoraciones políticas ni ha manifestado opiniones personales, ni ha dejado que las discusiones políticas en México condiciones nuestra autonomía e independencia”.

Buitrago y Beristain puntualizaron que su salida de México no significa que el caso se cierre, sino que “el Estado y sus instituciones tiene la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Un caso de desaparición forzada como este y el conjunto de otros muchos casos en México, suponen una situación grave que cuestiona al Estado y la sociedad”. 

Sobre el balance de las administraciones que les tocó trabajar, los expertos detallaron que durante su primer mandato, 16 meses a partir de 2015, durante el gobierno de Peña Nieto “el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del Ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos”.

Destacaron que antes de dejar el país por primera vez y entregar recomendaciones puntuales para seguir la investigación, contra ellos se instrumentó una “campaña de difamación y violencia en diversos medios de comunicación” con la finalidad de “callar al mensajero”.

En la segunda etapa, a partir de 2020 y hasta este día, durante la actual administración de López Obrador, los expertos reconocieron que se lograron avances en el fortalecimiento de la investigación sobre los casos de tortura y de la falsificación de la investigación; se consiguieron nuevos testigos; se logró realizar análisis de telefonía y de comunicaciones entre agentes del Estado y miembros de la delincuencia organizada, “evidenciando que actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal durante la noche de los hechos y en los días posteriores”.

Pese a los avances, el GIEI admitió que al solicitar la apertura de archivos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). “la documentación entregada, al día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas”, de ahí la insistencia en obtener la totalidad de la información.

Si bien los expertos reconocieron que se ha logrado detener a más de un centenar de personas, entre ellas el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, resaltaron que la mayoría han sido acusados “por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y ataque a los normalistas”, lo que obliga al obtener más información para esclarecer el caso y las búsquedas.

Para los expertos “el caso no solo es relevante para la investigación de lo sucedido o la importancia fundamental de la búsqueda de los estudiantes, muestra también los cambios que son necesarios para que no haya impunidad y se lleven a cabo investigaciones efectivas que México requiere”.

Tras un reconocimiento a los representantes legales de las familias de los estudiantes desaparecidos, así como de “funcionarios de distintas instancias del Estado comprometidos, que hicieron avanzar la investigación y favorecieron el acceso a los archivos y búsquedas, los expertos insistieron en transmitir su admiración por las familias, por “su enorme coraje y cómo han hecho que el amor por sus hijos, que nos ha traído hasta aquí, sea ahora también parte de la conciencia en México y en el mundo, por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos”.