CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Tras la humillación que sufrieron la Fiscalía General de la República (FGR) y Pemex en el juicio contra Emilio Lozoya Austin por el fraude cometido en la compra de la empresa Agronitrogenados, la FGR anunció que apelará la decisión que eliminó los cargos contra el exdirector de Pemex, y que tomará "acciones legales" contra el juez Gerardo Genaro Alarcón López.

La FGR sostuvo que la decisión del juez violó el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Nacional y la ley de amparo, pues validó un argumento de la defensa de Lozoya que, en opinión de los abogados de la dependencia, no procedía; el argumento dio pie al levantamiento de cargos contra Lozoya.

Durante la audiencia del pasado 31 de agosto, la defensa de Lozoya sostuvo que, en el caso Agronitrogenados, la FGR llegó a un acuerdo reparatorio con el multimillonario Alonso Ancira Elizondo –el empresario se comprometió a reembolsar a Pemex los 216 millones de dólares de la compra–, y aseveró que ese acuerdo aplicaría también para su cliente.

Los abogados de la FGR y Pemex protestaron, pues reviraron que Lozoya está procesado por recibir un soborno de 3.4 millones de dólares en esa operación, por lo que el acuerdo de Ancira no le podía beneficiar. Pero el juez respaldó la tesis presentada por la defensa de Lozoya –que según la FGR proviene de un circuito judicial de Querétaro–, y ordenó el levantamiento de los cargos contra el exdirector de Pemex y la suspensión del proceso penal.

El derrumbe del caso judicial contra Lozoya representó un duro revés a la credibilidad de la FGR y de Pemex, pues ocurrió apenas seis meses después de la cancelación del juicio contra Rosario Robles Berlanga, otra exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto, involucrada en el desvío multimillonario de recursos públicos.

Lozoya es el último alto funcionario de la era Peña Nieto que permanece en la cárcel, por el caso de los sobornos que cobró a la constructora brasileña Odebrecht, y cuyas evidencias están basadas en investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos y en Brasil.

En el caso de Agronitrogenados, los equipos legales de Pemex y de Lozoya habían llegado a un acuerdo reparatorio, el cual estipulaba un reembolso del monto del soborno. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el precio era insuficiente, por lo que ordenó a Pemex que aumente su exigencia. La petrolera elevó su propuesta a 10, y luego a 20 millones de dólares, lo que Lozoya rechazó.