Pachuca, Hgo. (Proceso).– Es el año 1981 y el joven José Francisco Olvera Ruiz corre junto con dos compañeros por la Preparatoria 2, en Tulancingo, porque una turba con palos y tubos los persigue.

Entran apresurados a un automóvil, esquivando puñetazos; algunos los reciben en el cuerpo e intentan responderlos, pero están rebasados.

Ya dentro del vehículo, mientras dan el llavazo para encenderlo, los metales y los mazos van y vienen sobre la carrocería y los cristales que revientan.

Cuando estalla el parabrisas y tienen cerca la amenaza, el auto con abolladuras enciende. Sale disparado dejando marcas de las llantas sobre el pavimento.

Olvera, presidente de la entonces Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), moviliza al alumnado y toma la rectoría (hoy Edificio Central) de la Autónoma del Estado (UAEH). Le reclaman al rector Carlos Herrera Ordoñez el atentado. Acusa que los responsables son los “pseudoestudiantes” Fernando Navarrete Mendoza y Alfonso Briones López, así como los hermanos Zenaido y Ariel Meneses Pérez, mandatados por Gerardo Sosa Castelán, exlíder de la FEUH y quien, paradójicamente, había colocado a Olvera en ese puesto.

Las pugnas entre los dirigentes y el jefe fáctico de la federación fueron recurrentes: tiempo después Zenaido intentaría matar a Sosa de un tiro, en la misma rectoría y ante la mirada del rector, pero alguien levantó la mano del atacante y desvió el disparo. El castigo para Meneses Pérez fue que su precandidatura a diputado local, parte de la cuota negociada por Gerardo, fuera retirada.

Olvera llegaría a ser gobernador de Hidalgo de 2011 a 2016 y se convertiría en el primer y hasta el momento único feuhista en hacerlo. La agresión contra Olvera, que después se convertiría en legislador local –su primera posición significativa en su carrera política y lograda al amparo de quien en ese momento era el autor intelectual del ataque–, ocurrió en los primeros años del control político por parte de un clan que se conocería como La Sosa Nostra o Grupo Universidad, regido desde entonces por Sosa Castelán, quien a través del porrismo de la federación ascendió al manejo fáctico de la institución, de la que sería rector de 1991 a 1998.

Esta agrupación estuvo inmersa en averiguaciones por secuestro, robos, saqueos y asesinatos, y fue protegida por el entonces gobernador, Jorge Rojo Lugo, que empleó a los estudiantes como grupo de choque contra sus rivales políticos. Posteriormente el clan se volvió una corriente autónoma al interior del Partido Revolucionarios Institucional (PRI) a la que perteneció hasta 2017, cuando se adhirió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El episodio porril en Tulancingo fue relatado en un informe de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), órgano de espionaje del régimen priista en la segunda mitad del siglo XX, desde su fundación en 1947 (durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés) y hasta su disolución en 1985, tras la evidencia de relaciones con el narcotráfico.

Había un interés especial para el seguimiento a Sosa, de quien la DFS elaboró un expediente durante dos décadas (1970 y 1980), que se sumó a otro creado por la también disuelta Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS): Sosa era protegido de José Antonio Zorrilla Pérez, director Federal de Seguridad de 1982 a 1985, quien fue sentenciado como autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía Tellezgirón, cometido el 30 de mayo de 1984.

Zorrilla, además, fue presunto financiador del porrismo de la FEUH, al que proporcionó armamento y vehículos chocolate, según investigaciones que abrió la entonces Procuraduría General de la República, pero que no tuvieron resolución oficial.   

El informe de la DFS sobre el incidente en Tulancingo, signado por el agente Juan Cruz Mena, remarca en su penúltimo párrafo que la autoría intelectual de la agresión contra Olvera Ruiz pudo ser obra de Sosa, con el objetivo de ganar escaños en el gobierno local y mantener el control político de la UAEH.

Desde las postrimerías de la década de 1970, Sosa Castelán ha perpetuado ese control en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Contra este cacicazgo extendido por cuatro décadas, el estudiantado de la institución se ha levantado, tras un movimiento que inició en el Instituto de Artes (IDA), originalmente con la demanda de que la recién designada directora, María Teresa Paulín Ríos –a quien acusan de acoso y hostigamiento, además de encubrir a presuntos violentadores– fuera removida.

Sin embargo, escaló su demanda y sumó centros de estudios participantes tras la jornada violenta del 19 de septiembre, cuando un grupo de choque integrado por sindicalizados, personas externas y el Consejo Estudiantil Universitario (CEUEH) –sucesor de la desaparecida FEUH– golpeó a jóvenes, activistas y madres de familia que habían dado portazo como parte de una protesta y paro que habían iniciado desde el 28 de agosto.

Entonces, las imágenes viralizadas de una madre con el rostro cortado por un golpe cerca del ojo, de alumnos gaseados y tundidos a palos fueron vistas como una regresión al porrismo más brutal y arcaico que marcó la historia de la UAEH, y desde el cual se encumbraron los actuales líderes.

El reclamo, a partir de ese momento, fue el fin del control del grupo La Sosa Nostra, al que además de opresión, autoritarismo y defensa de incondicionales acusan de posible corrupción porque Gerardo Sosa Castelán enfrenta un proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos. El recurso, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la causa penal 263/2020, presuntamente fue extraído del erario universitario.

La ascensión desde el porrismo

Los dos expedientes que muestran el seguimiento al líder del Grupo Universidad están bajo resguardo en el Archivo General de la Nación (AGN). En las fojas se recrean pasajes del porrismo y la protección política; además, esbozan el origen del cacicazgo, cuando Gerardo, tras dirigir la FEUH y egresar de la casa de estudios, asumió tal control que subordinó a las autoridades legales, incluido el rector.

Igualmente relatan excesos al amparo del poder, como el que ameritó un informe enviado por telegrama a Gobernación el 6 de julio de 1983 a las 13:40 horas por parte del “sector especial” que laboraba en Pachuca: “ASUNTO: ACUSAN AL DIPUTADO LOCAL POR EL V DISTRITO ELECTORAL LIC. -GERARDO SOSA CASTELAN:

“El día de hoy el señor RAFAEL GARCÍA GONZÁLEZ, quien es propietario del Restoran ‘Alex Stak’ que se localiza en la carretera a Ciudad Sahagún, Hgo., presentó su denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado, acusando al Diputado Local por el V Distrito Electoral con cabecera en Tulancingo y Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado, quien el día de ayer, en compañía de otras 3 personas en estado de ebriedad, causaron daños al inmueble señalado, ya que no les quisieron vender otra botella de vino.

“Haciéndose notar que uno de los acompañantes amenazó con una pistola al encargado del mencionado negocio.

“El Lic. GERARDO SOSA CASTELÁN y sus acompañantes se encontraban en ese Restoran tomando y ya en estado de ebriedad solicitaron que se les continuara vendiendo vino, negándoseles por lo que se molestaron y causaron daños”.

De la historia porril y el poder del líder del naciente del Grupo Universidad hay más pasajes, como la amenaza con un arma en la “Lonchería Mario’s” al reportero Marcos Loaiza Ortega, de El Sol de Hidalgo, a quien Sosa recriminó, en estado etílico, haber publicado que él cobraba en la universidad (informe de la DFS del 19 de enero de 1984).

Refieren, también, su control sobre los rectores: después de Herrera Ordoñez, con Juan Alberto Flores Díaz, después con Juan Manuel Menes Llaguno, quien renunció al argumentar una enfermedad grave del corazón y su lugar lo ocupó Gerardo Sosa, entonces secretario general. Esa directriz fáctica la ha mantenido hasta la actualidad.

Las fichas igualmente dan cuenta de los mecanismos de presión interna desde que estaba en la FEUH para remover docentes incómodos o directores y obtener facilidades para sus afines.

Al dejar la rectoría, y tras una fallida pretensión de ser candidato priista a la gubernatura, Sosa creó una figura al interior de la UAEH: el Patronato Universitario, instancia desde la cual, siendo el presidente y con base en el caso que sigue la FGR, el exrector presuntamente operó la sustracción de recursos por la cual enfrenta un proceso en prisión domiciliaria.

El mecanismo de desvíos

De una investigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2017, que incluyó un rastreo de cuentas bancarias por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), surgió la orden de aprehensión contra Sosa, cumplida el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México y que lo mantuvo en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez.

El 3 de febrero de 2022 fue liberado después de que sus abogados consiguieran el cambio de medida cautelar, al argumentar un deteriorado estado de salud.

Para fundamentar la imputación de delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República definió a La Sosa Nostra como una organización delictiva que opera un esquema de sustracción de recursos que pertenecen a la Autónoma del Estado de Hidalgo.  

“Usted como director de la organización ordenó ese mal manejo patrimonial de los recursos de la universidad”, señala el documento de imputación inicial, en el que se menciona que en dicho grupo existe un orden y disciplina, así como el desempeño de un rol específico de funciones, con una cabeza, colaboradores, operadores financieros encargados del blanqueo, empresas fachada y otras constituidas con el patrimonio de la UAEH, además de receptores finales que pertenecen a una familia, la de Gerardo Sosa. 

La FGR acusó que La Sosa Nostra operó del siguiente modo: por orden del exdiputado federal, que también ocupó la presidencia del PRI en Hidalgo, un operador contable (Francisco Natalio Zamudio Isbaile, quien está prófugo) creó la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI, la cual participó en la dispersión los 58.2 millones de pesos de 2011 a 2018 a cuentas de personas físicas y morales controladas por Sosa Castelán. También aseguró que con dinero de la universidad se fundó y favoreció otra firma, Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, partícipe de la triangulación y cuyo último accionista mayoritario es Óscar Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo.

Del rastreo de la CNBV se detectaron 35 transferencias a Adriana Sosa Cravioto, entre el 10 de marzo y el 24 de agosto de 2017, por un millón 192 mil 308 pesos, y siete más entre el 4 y el 12 de marzo de 2018 a su hermana Ana Carmen, por 806 mil 769 pesos. Contra ambas, a quienes la fiscalía identificó como receptoras de recursos en la trama por probable lavado, se libró orden de aprehensión desde el mes en que su padre fue detenido.

El primer acto con pretensión de control que la Dirección Federal de Seguridad relató, con el cual inicia un expediente que acumularía 65 fojas, data del 29 de septiembre de 1976, cuando Gerardo Sosa Castelán, entonces presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho, decretó un paro indefinido hasta conseguir que el director del plantel, Agustín Cerón Flores, renunciara.

Este 19 de septiembre, 47 años después de aquellos sucesos y tras una jornada de represión y violencia, lo que inició como una demanda por el cese de la directora del Instituto de Artes, María Teresa Paulín Ríos, puso en jaque a un grupo político dominante que sobrevivió a la caída del PRI en Hidalgo ­–uno de sus últimos bastiones, tras 93 años de gobiernos–, y que se mantiene al amparo del nuevo partido en el poder.  

Y aunque Paulín presentó su renuncia este lunes 25 de septiembre, el movimiento estudiantil respondió que el paro continúa hasta que se resuelvan todos los pliegos petitorios y lograr una verdadera autonomía.