COLIMA, Col. (apro).- Cerca de 200 personas se manifestaron este viernes frente a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en esta ciudad, para exigir que esa dependencia federal niegue la autorización en materia ambiental al proyecto de instalación de una planta de amoniaco y urea, una desaladora y un acueducto en el municipio costero de Armería.

Convocados por la organización Unidos por Cuyutlán, los manifestantes se concentraron en el costado sur del Jardín Núñez y desde ahí marcharon por la avenida Rey de Colimán y doblaron por la calle Victoria rumbo a las instalaciones de la Semarnat, donde entregaron un oficio con 750 firmas en rechazo al proyecto y consiguieron que el encargado de despacho de la dependencia, Alberto Eloy García Alcaraz, saliera a atenderlos.

A través del documento dirigido al funcionario, entregado por la representante Lourdes Cárdenas, habitantes de Armería y del poblado de Cuyutlán le solicitaron hacer saber a sus superiores jerárquicos el reclamo por ser escuchados y “decirles respetuosa y claramente que nos oponemos de manera contundente a la construcción y operación de la planta de amoniaco y urea granulada, la planta desaladora y su respectivo acueducto”.

Advirtieron que al proyecto, promovido por la empresa extranjera Fermachem con una inversión programada de alrededor de mil 500 millones de dólares sobre una superficie de 145 hectáreas, se le pretende ubicar en terrenos colindantes con el estero Palo Verde, con el Vaso IV de la Laguna de Cuyutlán —sitio Ramsar con áreas de importancia para la conservación de aves—, con el pueblo pesquero y la playa de Cuyutlán, que es cuna de la Ola Verde, así como con la zona de arribo de tortugas y del campamento tortuguero.

Asimismo, en la zona donde se planea establecer esa industria existen “importantísimas áreas de extracción de sal como herencia prehispánica, la zona de humedales y manglares, así como la zona turística de Armería”.

Los anteriores elementos “de gran importancia ambiental”, señala el escrito, no fueron tomados en cuenta por el estudio de impacto ambiental que actualmente es evaluado por la Semarnat, “por el contrario, los define como zonas sin valor para la conservación, poniendo en riesgo la salud de la población humana y ecosistémica que viven en la zona de influencia”.

Mediante el oficio, los lugareños solicitaron a la Semarnat que se respeten no solamente las características ambientales y sociales en la zona, sino que se cumpla lisa y llanamente lo previsto en las normas y ordenamientos aplicables tanto de carácter ambiental como urbano.

Dijeron desconocer si la empresa promovente presentó ante la Semarnat el estudio de riesgo ambiental y subrayaron que “un medio ambiente sano es un derecho indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales”.

Reclamaron que debe otorgárseles preferencia a quienes habitan en la zona, pues de no hacerlo se contraviene el derecho a la participación libre, activa, significativa e informada en los asuntos públicos que están garantizados en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos.

Tras la entrega oficial del documento, Eloy García Alcaraz se comprometió a hacerlo llegar a las instancias superiores de la dependencia en la Ciudad de México, ya que, aclaró, la evaluación y resolución no le corresponde a la oficina de la representación estatal, sino a la Dirección General de Impacto Ambiental, ante lo que algunos manifestantes lo acusaron de tratar de “lavarse las manos” y le exigían que les firmara un papel en el que se comprometiera a que no se aprobaría el proyecto, lo que generó fricciones entre ambas partes.

Al final, el abogado ambientalista Rafael Solorio, asesor jurídico del movimiento, dijo que desde el pasado 11 de agosto fue solicitada formalmente ante la Semarnat una reunión pública de información de la empresa con los pobladores para explicar y aclarar dudas, pero “de esta solicitud nunca tuvimos una respuesta, nunca se nos notificó nada, a pesar de que el artículo 8º Constitucional y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo son muy claros al decir que a toda solicitud debe recaer una respuesta debidamente fundada y motivada”.

Esta falta de respuesta, comentó, “nos crea mucha suspicacia e incertidumbre de por qué la autoridad en algunos casos, cuando le conviene, sí actúa y cuando no, se hace oídos sordos; esto es parte de lo que estamos luchando, es parte de una violación a los derechos humanos de las personas y las comunidades”.

El abogado informó que actualmente el trámite de evaluación del proyecto se encuentra suspendido, pero consideró que no es coincidencia que esto haya ocurrido a partir de que el pueblo de Cuyutlán inició estas movilizaciones, porque de manera legal tendría que estar resolviendo a finales de este mes de septiembre, pero la Semarnat está requiriendo a la empresa información adicional y esto suspende el procedimiento, que se puede ampliar hasta por 60 días.

Solorio, representante de Impulsora de Derechos Humanos y Educación Ambiental A.C. (IDHEA), advirtió que se acabaron los tiempos en que los proyectos “eran unilaterales, impuestos, pues ahora se tiene que tomar en cuenta la opinión de las comunidades, que finalmente son quienes van a resentir los posibles daños, por lo que nosotros vamos a estar muy al pendiente de cuál va a ser la resolución de la Semarnat, para si es necesario combatirla legalmente”.