COLIMA, Col. (apro).- Habitantes del poblado de Cuyutlán, municipio de Armería, la Sociedad Cooperativa de Salineros del Estado de Colima y organizaciones sociales se pronunciaron en contra de la instalación de una planta de amoniaco y urea en esa zona, por considerar que representa un riesgo para el medio ambiente y para la salud y seguridad de la población.

Promovida por la empresa Fermachem, con una inversión estimada de mil 500 millones de dólares, la planta –diseñada para producir tres mil 500 toneladas métricas de amoniaco por día y dos mil 860 toneladas de urea– se encuentra sujeta a evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En reunión con funcionarios de los gobiernos estatal y municipal, así como con diputados locales de Morena, PRI y PT, habitantes de Cuyutlán y activistas de organizaciones ambientalistas exigieron que por el peligro que conlleva no se permita construir este megaproyecto industrial, que incluye la construcción de una planta desaladora y de un acueducto.

La empresa Fermachem pretende instalar la planta a escasos tres kilómetros de la cabecera municipal, en las inmediaciones del estero Palo Verde, del tortugario y del Vaso IV de la Laguna de Cuyutlán.

En la reunión, tanto funcionarios como legisladores se comprometieron a apoyar las demandas de la población para evitar afectaciones a los ecosistemas y a los habitantes de la región, por lo que acordaron mantener las reuniones para establecer estrategias con ese propósito.

De acuerdo con un posicionamiento emitido por organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos, el proyecto también prevé construir dos tanques de almacenamiento de amoniaco con capacidad total de 20 mil toneladas.

“Dicha sustancia es altamente corrosiva y representa un peligro para la salud humana, ya que su exposición puede causar graves daños a la piel, los ojos y los pulmones, incluyendo la posibilidad de ceguera permanente, enfermedades pulmonares y hasta la muerte”, indicaron las agrupaciones, entre las que se encuentran IDHEAS AC, Vigilemos Manzanillo AC, Salvemos la Laguna, Jardín Botánico de Colima AC y Movimiento Socialista del Poder Popular.

Por tratarse de una zona altamente sísmica, dijeron, la planta sería susceptible a inundaciones y quedaría expuesta a huracanes y ciclones, lo que aumentaría el riesgo de fugas que podrían poner en peligro a más de 15 mil personas que residen en el municipio de Armería, así como a las comunidades circundantes y los ecosistemas vitales.

Adicionalmente, se pretende instalar una planta desaladora para extraer y tratar agua de mar, proceso “señalado por organismos internacionales como perjudicial para los ecosistemas marinos, ya que por cada litro de agua potable producida se genera 1.5 litros de salmuera que, en la mayoría de los casos, se devuelve al mar, lo que puede contribuir a aumentar la temperatura del agua y a reducir el oxígeno en ella, lo que causaría graves daños a la vida marina”.

Las organizaciones advirtieron que aunque la empresa asegura que el proyecto busca cubrir la demanda nacional de fertilizantes, es evidente la intención de exportar el producto al extranjero, aprovechando la estratégica ubicación cercana del Puerto de Manzanillo, lo que “refleja una tendencia preocupante de deslocalización de la industria por parte de empresas multinacionales, transfiriendo los riesgos socioambientales a las naciones más vulneradas”.

Consideraron que ningún beneficio económico puede estar por encima de la vida y la salud de las comunidades de Armería, del agua y de las miles de especies de animales y plantas de la Laguna de Cuyutlán, el Estero Palo Verde y el mar circundante, por lo que exigieron a la Semarnat escuchar las voces de la población, así como opiniones de académicos, científicos y ambientalistas que, con argumentos sólidos, alertan sobre los peligros de esta instalación.

“Instamos a los gobiernos estatal y municipal a mantener su postura negativa respecto al proyecto y hacemos un llamado a la población de Colima a informarse y movilizarse en defensa de un entorno saludable para las generaciones presentes y futuras”, abundaron.

Por su parte, la gobernadora morenista Indira Vizcaíno Silva declaró el miércoles 13 que, aunque “es poco lo que puede incidirse desde las autoridades municipales y estatales, sí participamos con una opinión; es decir, una vez que la Sermanat comienza la revisión, en un proceso en que nos piden opinión a nosotros (...), estaríamos en condiciones de emitir una opinión negativa por el impacto que podría tener en la calidad del agua”.

Puntualizó la mandataria: “Confiamos en el trabajo, en el profesionalismo y en los especialistas que tiene la Semarnat y estaremos muy puntualmente atendiendo y revisando este proceso; ni nosotros ni el gobierno de México estamos en condiciones de autorizar algo que vaya en perjuicio de los colimenses, y lo hemos demostrado con hechos”.