Bogotá (Proceso).- La exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela María Buitrago, dice que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha mostrado en el pasado un genuino compromiso para esclarecer la desaparición del los 43 estudiantes de la normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y hoy le pide “que no claudique” en ese propósito.

En declaraciones a Proceso, la abogada colombiana sostiene que es un hecho que los militares mexicanos no han entregado toda la información que tienen sobre ese crimen de lesa humanidad, del cual se cumplen nueve años este martes 26 de septiembre, y asegura que esos documentos, que “oculta” la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son “muy importantes” para esclarecer el caso.

“La información ahí está (en la Sedena), entonces sí le pido de manera muy categórica y muy respetuosa al presidente que no claudique, porque negar que existe una información es una forma de claudicar”, dice la doctora en derecho penal y especialista en ciencias criminológicas y en derechos humanos.

Afirmar que los militares ya entregaron toda la información del caso Ayotzinapa es “como querer ocultar el sol con un dedo”, asegura.

Buitrago pide “a todos los mexicanos” consultar el Sexto Informe del GIEI sobre la desaparición de los 43 normalistas, que fue el último de los expertos internacionales antes de salir de México por la negativa de la Sedena a proporcionarles la información que falta para avanzar en la investigación.

“Yo lo que recomiendo –dice-- es que México lea el informe y ahí se, efectivamente, todo lo que a Sedena le falta por entregar. No es invento”.

El Sexto Informe del GIEI, que se puede consultar en el link https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2023/07/Informe-Ayotzinapa-6-web.pdf,  dedica un capítulo de 111 páginas a describir la “Actuación del Ejército” no solo en la Noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014 sino antes y después de ese crimen.

En el detallado escrito, el GIEI evidencia la colusión de sectores del Ejército en Iguala con el narcotráfico, la falta de reacción de la institución castrense para proteger a los normalistas cuando eran atacados por policías y miembros del crimen organizado y los seguimientos de inteligencia que hacían agentes militares en la normal de Ayotzinapa, entre otras actuaciones.

Además, expone de manera pormenorizada la información que la Sedena se negó a entregar al GIEI a pesar de su “comprobada” existencia.    

Buitrago señala que el mismo presidente “sabe que falta información” de inteligencia militar por entregar a los investigadores del caso y sostiene que la Sedena) se negó de manera reiterada a ponerla del conocimiento del GIEI a pesar de las insistentes solicitudes.

Dice que, incluso, esa insistencia llegó a “fracturar” la relación del GIEI con el titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, quien se “molestó” cuando los expertos internacionales exhibieron pruebas de que esos datos existen y pueden resultar “fundamentales” para la investigación.

Esto, porque los militares siguieron en tiempo real, con personal en terreno y a través de interceptaciones telefónicas, todo lo que ocurrió la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.  

Omisiones dolosas

Ese crimen fue conocido en tiempo real por personal militar destacado en el 27 Batallón de Infantería (27 BI) y la 35 Zona Militar (35 ZM) de Guerrero, y la Sedena ha entregado parte de esos expedientes, pero no todos, asegura Buitrago.

La consultora internacional en temas de derechos humanos señala que la prueba de que la Sedena oculta información sobre la desaparición de los 43 normalistas es que los mismos archivos que proporcionaron los militares mexicanos al GIEI revelan la existencia de más documentos sobre momentos clave del ataque a los estudiantes.

“La misma documentación que se encontró en archivos es indicativa de eso –asegura--. Lo demás sobra. No necesita el presidente poner calificativos ni de ‘manipulación’ ni de ‘falso’ (para referirse a quienes han denunciado la negativa de los militares a entregar los expedientes que faltan). Basta ver lo que hay para saber que hay más. Lo demás es querer ocultar el sol con un dedo”.

En la página 139 del Sexto Informe del GIEI se habla incluso de “omisiones dolosas o falsedades en la información de miembros del ejército o Sedena” ya que “el dolo se refiere a que el ocultamiento de la verdad no es debido a ausencia de información, sino a la negativa a proporcionar información veraz o tergiversar otras que han sido probadas por distintos medios”.

“Entendemos por omisiones dolosas aquellas que se realizan con pleno conocimiento y voluntad de que se realice la desviación de la investigación y el ocultamiento de los hechos reales”, indica el informe.

“Estas acciones –agrega-- han desviado la investigación desde el momento de los hechos hasta la actualidad, y han obstaculizado la investigación del caso y la búsqueda de los desaparecidos”.

“Dichas omisiones o falsedades se muestran en el análisis contrastado de las versiones proporcionadas por Sedena o declaraciones como testigos dadas por personal del 27 BI (Batallón de Infantería en Iguala) en distintas oportunidades desde 2014 con la evidencia recabada por el GIEI, Covaj (Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa) y UEILCA (Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa)”.

A lo largo del informe, el GIEI menciona varios casos de información relevante para el caso que la Sedena se ha negado a proporcionar a ese grupo, a la Covaj y a la Ueilca. Por ejemplo, en la página 149 menciona que el “ocultamiento de sanciones disciplinarias y negativa sostenida de procesos internos (contra integrantes del 27BI, de la 35 Zona Militar y la Junta Regional de Inteligencia) es contraevidente con las pruebas inexistentes”.

El GIEI tuvo conocimiento de esas investigaciones a partir de haber encontrado documentos en los archivos de la Sedena que muestran además hubo sanciones internas y un apercibimiento al propio comandante del batallón 27.

Además, la Justicia Penal Militar actuó, “pero las declaraciones y procesos llevados a cabo se han ocultado al GIEI y a la COVAJ, negando su existencia de forma reiterada, y todavía en la actualidad, a pesar de la evidencia. Tampoco se ha dado cuenta de los resultados de la investigación de telefonía realizada internamente por SEDENA”.

El informe relata que en el oficio DH_C3658 de 5 de abril de 2021, la Sedena respondió a la pregunta del GIEI sobre la existencia de alguna Investigación del caso Ayotzinapa por parte del Ejército: “Se consultó a la Fiscalía General de Justicia Militar, quien informó que no se cuenta con un registro de que se haya iniciado alguna averiguación previa”.

No obstante, indica el GIEI, “encontramos varios documentos que hacen relación a investigación disciplinaria del capitán C. y de otros miembros del Batallón, así como un documento de la Junta Regional de Inteligencia que habla de la omisión del coronel Rodríguez Pérez porque omitió una acción debida Urgente 35407 JRI hoja 34 de fecha 15 de octubre de 2014”.

Nadie sabe, nadie supo

Otro “ocultamiento” de información que encontró el GIEI es que el titular de la Sedena en 2014, el general Salvador Cienfuegos, identificado como DN1, ordenó realizar un diagnóstico y documentar todo lo relativo a los jóvenes de Ayotzinapa que el día 26 de septiembre de ese año buscaban viajar a la Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre.

“Por tanto –señala el informe--, es inconcebible que se diga que no se tiene ninguna información al respecto de lo que estaba sucediendo con los estudiantes y que, por el contrario, el ejército guardase prudente distancia, salvo la existencia de los OBI (Órganos de Búsqueda de Información, integrados por personal militar) que informaban o del C-4 (Centro de Control de Comunicaciones y Cómputo de la policía y el Ejército), que transmitía lo que estaba sucediendo con la llegada de los estudiantes”.

El reporte indica que el Ejército controlaba el C-4 y que “ocultó información” de ese sistema de comunicación, vigilancia y monitoreo que cuenta con cámaras de las calles de Iguala. Varios videos de las cuatro cámaras que estaban operativas “nunca aparecieron”.

Además, la Sedena le negó al GIEI 64 declaraciones tomadas por la Justicia Penal Militar (JPM) a 43 militares con distinta responsabilidad de mando que estuvieron activos la Noche de Iguala.

“Los datos muestran la profundidad de la investigación llevada a cabo por la JPM, y el número de declaraciones que habían dado los militares del 27 BI a los órganos de las propias fuerzas militares, así como la cantidad de declaraciones reiteradas”.

La Sedena también ocultó “las declaraciones de civiles” tomadas por la JPM; la información sobre un agente de inteligencia militar, identificado como J.C.P, que se infiltró en la normal de Ayotzinapa para informar al Ejército, y desapareció; la secuencia completa de las fotografías que tomó otro OBI esa noche, y los documentos escritos y digitales realizados al interior del Ejército para dar cuenta de los hechos y actividades de esa noche.

El GIEI tiene prueba documental o indirecta de que todos estos documentos existen, pero la Sedena niega su existencia o rechaza entregarlos.

En la página 176, el informe se refiere a “respuestas de SEDENA que ocultan información clave para la búsqueda de los desaparecidos” y pone como ejemplo que militares entrevistados por el GIEI y la UEILCA “inicialmente dieron una versión de los hechos que no se correspondía a la verdad de lo sucedido ni a sus movimientos, mostrando una versión colectiva congruente entre sí, pero evitando revelar hechos significativos”.

En esas declaraciones “también se ocultaron pasajes fundamentales del recorrido realizado por las patrullas militares, que sólo han ido desvelándose por algunas nuevas declaraciones que reconocieron otros hechos, por las revelaciones realizadas con otras fuentes o testigos, por la prueba técnica de telefonía y solo después de sucesivas indagatorias”.

Todo ello “muestra que las declaraciones no fueron veraces y fueron aleccionadas”, señala el GIEI.

Daño fatal a la investigación

Buitrago señala que además de que toda la información que falta está pormenorizada en el Sexto Informe del GIEI, a López Obrador le bastaría con leer los documentos que ya entregó la Sedena para darse cuenta “de que hay más”.

Sobre otro argumento que ha expresado el mandatario mexicano, en el sentido de que hay varios militares detenidos por el caso Ayotzinapa, la abogada colombiana dice que “falta información para saber quiénes son todos los implicados, porque el argumento de que nadie más sabe qué pasó (además de los procesados) no se sostiene”.

En dos mañanera en las que se refirió al caso Ayotzinapa la semana pasada, López Obrador insistió en que la Sedena ya dio toda la información, pero en una reunión que tuvo con los padres de los 43 el pasado miércoles estos le dijeron que eso no es verdad y le pidieron que deje de encubrir al Ejército.

Buitrago lamenta que todos estos debates “generan tanto ruido alrededor del caso, que se acaba por caer en espacio de incertidumbre en el que mucha gente se pregunta qué es verdad y qué no es verdad, lo que hace un daño fatal a la investigación”.