CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un tribunal de apelación confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no podrá presentar las pruebas que tenía en contra de Emilio Lozoya para acreditar que recibió millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Se trata de la información bancaria enviada a México por Suiza y Brasil sobre los estados de cuenta de las empresas de Lozoya en Suiza y los comprobantes bancarios de las transferencias de las empresas offshore Innovation Research Engineering and Development Ltd., supuestamente empleada por Odebrecht para pagar los sobornos a Lozoya; Latin American Asia Capital Holding y Zecapan.

Esto, al considerar que es información bancaria que se obtuvo sin la previa autorización de un juez violando, con ello, el secreto bancario.

“Los medios probatorios C-5 y C-7 contienen información bancaria respecto de la cual es necesario contar con una orden judicial previo a su obtención, y si bien es cierto que esas probanzas se allegaron a través del mecanismo de asistencia jurídica internacional, lo cierto es que la restricción constitucional sobre ese tópico no hace diferencia si tal información se remite de alguna parte del mundo o sólo de nuestro país, por lo que resulta irrelevante del lugar donde provenga, pues lo realmente importante es cómo se adquirió y la prohibición de incorporarse a procesos jurisdiccionales sin colmar los requisitos que nuestro derecho interno exige”, señala la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal en la Ciudad de México.

El recurso de apelación resuelto por el Colegiado fue presentado por la FGR contra la decisión del juez Gerardo Genaro Alarcón López emitida en marzo pasado en la que excluyó 24 pruebas que los fiscales tenían en contra de Lozoya para llevar al juicio en el caso Odebrecht.

Los magistrados del Colegiado modificaron la resolución del juez Alarcón y ordenaron admitir la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Marcelo Bahia Odebrecht, dueño de la constructora, en el que celebró un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de dicho país, luego de señalar a diferentes funcionarios de otros países, entre ellos Lozoya, como beneficiarios de la red de sobornos de la empresa brasileña.

La prueba había sido excluida porque el juez consideró que se trató de un antecedente procesal que por ley no puede usarse como prueba en otro juicio, pero los magistrados señalaron que no existe certeza de que se trate de este supuesto porque la FGR no lo ofreció como tal.

“La información contenida en el mismo no puede considerarse como antecedentes procesales”, señalaron los magistrados.

“Si bien en el debate entre las partes la fiscalía manifestó que dicho documento por su naturaleza jurídica se equipara a un procedimiento abreviado, lo cierto es que no lo aseveró, por lo que la sola afirmación es insuficiente para establecer que se trata de ese tipo de procedimiento”.

La resolución puede ser impugnada mediante amparo por la Unidad de Inteligencia Financiera o Petróleos Mexicanos, que están reconocidos en el caso como víctimas del lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho que le fueron imputados a Lozoya.

El proceso judicial por los sobornos de Odebrecht es el único vigente en contra de Lozoya pues el caso Agronitrogenados ya fue suspendido al considerar que en el pago de la reparación del daño que negoció Alonso Ancira por más de 200 millones de dólares también debía contabilizarse para liquidar el pago que UIF y Pemex exigió al exfuncionario por 30 millones de dólares.